La suspensión de la vía tradicional a la residencia permanente en Estados Unidos para los ciudadanos cubanos causó que el número de aprobaciones de green cards caiga cerca de un 99,8% entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, de acuerdo con un análisis del Cato Institute basado en cifras oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), difundido por Telemundo 51 y Miami Herald.
Al mismo tiempo, los arrestos de inmigrantes cubanos se incrementaron en un 463% en el mismo periodo, principalmente debido a una serie de suspensiones y endurecimientos administrativos. Esta dinámica dejó a decenas de miles de solicitantes en un limbo legal y sometió a la comunidad cubana en el país en una gran incertidumbre migratoria.
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En enero de 2026, Miami Herald informó que apenas 15 cubanos recibieron la residencia permanente ese mes, frente a las más de 10.000 aprobaciones mensuales registradas antes de los cambios. De este modo, miles de expedientes permanecen pendientes o paralizados.

Expertos del Cato Institute subrayan que la congelación de trámites y la caída abrupta en aprobaciones ha impactado a casi un millón de cubanos, incluyendo beneficiarios de programas humanitarios o parole y familiares directos de ciudadanos estadounidenses.
Este proceso ha provocado, según el Cato Institute, un “drástico recorte” en todas las categorías de migración legal, pero de manera más severa en los permisos por motivaciones humanitarias.
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El instituto indicó: “Solo una pequeña fracción de los arrestos recae en familiares de ciudadanos estadounidenses, pero el estancamiento en las green cards ha posibilitado que sus parientes puedan ser detenidos”.
La Ley de Ajuste Cubano, vigente desde los años 60, permite a los ciudadanos cubanos solicitar la residencia tras un año y un día en el país. Sin embargo, los obstáculos administrativos recientes han retrasado o paralizado este beneficio histórico, dejando a miles de familias en el sur de Florida y otras regiones sin respuesta definitiva.
Salto en las detenciones: consecuencia directa de la suspensión de trámites
El USCIS modificó su política a partir de febrero de 2025, con la suspensión de todos los beneficios migratorios a quienes ingresaron al país bajo procesos de parole para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Para diciembre de 2025, la medida se extendió a otros 18 países y en enero de 2026, a un total de 40 nacionalidades.
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Como resultado, la situación de los solicitantes cambió drásticamente: quienes se encontraban en proceso de ajuste de estatus quedaron expuestos a ser arrestados antes de que se resolviera su solicitud, una estrategia descrita por el Cato Institute como mecanismo deliberado para incrementar los controles.

David Bier, director de Estudios de Inmigración del Cato Institute, señaló a Miami Herald: “Esto representa una reducción dramática de la inmigración procedente de Cuba”.
Según la investigación, desde diciembre de 2024 el sistema dejó de aprobar casi por completo las solicitudes, generando esa combinación de caída de aprobaciones y subida de regulaciones a niveles importantes para la comunidad cubana.
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El estudio también estimó que hay unos 40.000 cubanos con órdenes finales de deportación en Estados Unidos, muchos de ellos atrapados en un limbo, ya que Cuba históricamente ha rechazado recibir a nacionales con antecedentes penales tras cumplir condena en el país receptor.
La respuesta comunitaria refleja la gravedad de los cambios: una encuesta publicada recientemente por el Miami Herald reveló que el 68% de los cubanos en el sur de Florida desaprueba las deportaciones de compatriotas sin antecedentes penales y apoya la migración legal desde la isla.
No obstante, los arrestos de cubanos —e incluso la extradición a terceros países— forman parte de una política más amplia impulsada en los últimos años, según coincidieron el Miami Herald y Cato Institute.
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Impacto sobre otros migrantes y causas administrativas
El endurecimiento migratorio también ha incluido la paralización de residencias para refugiados y otras nacionalidades: las aprobaciones de green cards para refugiados cayeron 99% y, bajo la denominada Operation PARRIS, se arrestaron a aproximadamente 150 refugiados tras la reinterpretación de estatutos que permitieron su detención, según reportó el propio Cato Institute.
Esta política se aplicó a raíz de un memorando conjunto firmado en febrero de 2026 por el director de USCIS, Joseph Edlow, y la dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El Cato Institute atribuye la tendencia no solo a la voluntad política sino a decisiones administrativas. Entre los factores destaca el traspaso de recursos y personal de USCIS hacia actividades de control y la implementación, desde noviembre de 2025, de “factores específicos de país” para evaluar solicitudes.
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En palabras del instituto libertario, el propósito central de la estrategia es: “La vía para la deportación masiva pasa por eliminar el derecho de las personas a permanecer. El sistema migratorio legal es lo que les permite quedarse, y esto es lo que se ha cambiado”.

Consecuencias en miles de familias: casos concretos y testimonios
La situación afecta a cubanos que esperaban procesos expeditos por la Ley de Ajuste y a familias de ciudadanos estadounidenses detenidas pese a tener derecho a la residencia.
El informe del Miami Herald recogió el testimonio de Rosa, inmigrante cubana residente en el sur de Florida desde hace casi tres años, quien inició su trámite a través de un programa de parole suspendido actualmente: “Presenté los papeles hace casi un año. Todo está detenido. Esta incertidumbre es agonizante”.
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El congelamiento de las green cards y el ascenso de las detenciones dio lugar a una situación sin precedentes en la historia reciente de la migración cubana. Según la directora de estudios migratorios del Cato Institute, este “legal limbo” es particular porque interrumpe un privilegio migratorio que ninguna otra comunidad había enfrentado bajo la legislación estadounidense.

Reformulación del sistema migratorio y reacciones
Representantes de seguridad nacional defendieron la política en declaraciones recogidas por Telemundo 51 sostienen que las medidas buscan reforzar el cumplimiento de la ley y terminar con supuestos abusos de vías legales.
Del otro lado, el Cato Institute y juristas argumentan que el congelamiento y suspensión de trámites han colocado a miles de migrantes —especialmente cubanos— en una situación inédita de indefensión jurídica y vulnerabilidad familiar.
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El debate se ha expandido a escala nacional: el equilibrio entre la reunificación familiar, el control fronterizo y los derechos legales de migrantes históricos se ha convertido en un eje central de la política migratoria estadounidense.
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