A partir del 1 de julio, Florida implementará una ley que autoriza al estado a designar grupos como organizaciones terroristas nacionales, con énfasis en limitar la influencia de normativas extranjeras y religiosas, especialmente del código islámico denominado Sharía — el conjunto de principios legales basados en el Corán y la tradición islámica, que puede regir cuestiones civiles, familiares y penales en países donde tiene efecto jurídico—.
Según informó el medio regional NBC6 South Florida News, esta legislación, firmada por el gobernador Ron DeSantis en el Gibbons Alumni Center de la Universidad del Sur de Florida en Tampa, también introduce mecanismos para expulsar a estudiantes universitarios vinculados a organizaciones catalogadas bajo esa denominación y establece vetos económicos para escuelas y universidades ligadas o promotoras de estos grupos.
La ley otorga potestad al Estado para bloquear cualquier provisión de derecho extranjero o religioso en procesos judiciales o administrativos. Durante el acto de promulgación, DeSantis calificó la norma como “la acción más sólida que Florida haya adoptado para proteger a su población de esta influencia”, destacando su impacto en “las finanzas, la política y la cultura”, informó NBC6 South Florida News.
Además, como apoyo a una orden ejecutiva emitida por DeSantis en diciembre —que ya había designado como terroristas al Council on American-Islamic Relations (CAIR), un grupo de derechos civiles islámico con sede nacional en Estados Unidos, y a la Hermandad Musulmana, organización político-religiosa fundada en Egipto—, la nueva ley faculta al chief of domestic security del estado —cargo actualmente ejercido por el comisionado de la Florida Department of Law Enforcement, Mark Glass—, a realizar designaciones unilaterales de organizaciones, supeditadas únicamente a la aprobación final del gobernador y su gabinete.
La nueva ley posibilita la expulsión de estudiantes y la restricción de fondos públicos
Entre las disposiciones más restrictivas se encuentra la posibilidad de expulsar a estudiantes de universidades estatales de Florida si sus actos pueden ser “razonablemente interpretados” como una amenaza real de violencia, alteración del ambiente de aprendizaje, vulneración de derechos ajenos, o como respaldo material o reclutamiento de miembros para una organización señalada como terrorista.
Bajo este marco, la ley también prohíbe que escuelas afiliadas a estos grupos accedan a fondos de los programas estatales de becas para educación primaria y secundaria e impide que universidades y colegios públicos asignen recursos estatales o federales para respaldar actividades que promuevan organizaciones designadas en sus campus.
En marzo, el juez federal Mark Walker ordenó una medida cautelar contra la orden ejecutiva del gobernador, argumentando que violaba los derechos de CAIR al amenazar y penalizar a quienes proporcionaran apoyo material a la entidad, según reportó NBC6 South Florida News.
La normativa (HB 1471) obtuvo el respaldo de la mayoría republicana en la legislatura: 80 frente a 25 en la Cámara de Representantes y 25 a 11 en el Senado. Paralelamente, se aprobó una excepción de acceso a registros públicos (HB 1473), restringiendo la divulgación de documentos que expliquen los criterios y el proceso para calificar a un grupo como “terrorista”.
Críticas por riesgos sobre libertades civiles y garantías procesales
El debate legislativo generó objeciones entre representantes del Partido Demócrata, quienes expresaron preocupación por la posible restricción del debido proceso a los grupos designados y el riesgo de que, especialmente en universidades, los estudiantes sean identificados como miembros de organizaciones terroristas —nacionales o extranjeras— y enfrenten consecuencias graves sin una condena penal.
La directora ejecutiva de CAIR-Florida, Hiba Rahim, definió la legislación como un instrumento de la administración DeSantis que “compromete el derecho a la libertad religiosa, la libertad de expresión de los estudiantes y las garantías procesales básicas”. Rahim declaró en un comunicado citado por NBC6 South Florida News: “Esto no se trata solo de CAIR. Este marco ampliado puede atacar a cualquier organización que se atreva a disentir. Como floridanos, vigilaremos cómo se aplica esta ley sin precedentes y si se utiliza o se abusa de ella”.
Al firmar la ley, DeSantis señaló que la Sharía “no va a practicarse en los tribunales de Florida”, y justificó la necesidad de anticiparse a posibles intentos de influencia en “diferentes instituciones”.
El gobernador comparó la situación local con los desafíos observados en Europa: “Veo lo que sucede en Europa. Hay una migración que no busca asimilarse, sino desplazar culturas existentes. Obviamente, no permitiremos que eso ocurra aquí en Florida”, citó NBC6 South Florida News.
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