El costo de la atención prolongada complica las finanzas de adultos mayores en Estados Unidos

La planificación para costear la atención de largo plazo representa uno de los mayores desafíos para adultos mayores en Estados Unidos: según el Centro de Investigación para la Jubilación de Boston College, solo el 15% de las personas mayores de 65 años dispone de un seguro específico que cubra este tipo de gastos, mientras que el costo anual promedio de la atención no médica en el hogar alcanza los USD 80.000 y puede superar los USD 130.000 por una habitación privada en un hogar de ancianos.

A pesar de estas cifras, buena parte de los estadounidenses infravalora el impacto económico potencial que implicaría requerir asistencia personal continua, en parte por un malentendido generalizado.

Muchas personas asumen que los seguros médicos habituales, como Medicare, cubrirán estos cuidados, lo cual es incorrecto en casi todos los casos, según explicó The New York Times.

Un índice elaborado por la consultora Milliman reveló que un adulto de 65 años debería estimar necesidades cercanas a USD 135.000 actuales para afrontar, en promedio, los requerimientos de atención de largo plazo durante el resto de su vida.

Estos montos pueden escalar; quien precise menos de un año de cuidados podría necesitar solo USD 30.000, pero si la atención se extiende durante cinco años o más, la cifra asciende a USD 665.000, de acuerdo con datos analizados a partir de reclamos de seguros y ajustados a la población general.

Más del 50% de los adultos mayores requerirán servicios formales

Milliman calculó que alrededor del 50% de los hombres y el 60% de las mujeres en Estados Unidos recibirán algún tipo de atención formal, es decir, no proporcionada por familiares, a partir de los 65 años.

No obstante, una investigación del Center for Retirement Research de Boston College detectó que una minoría de adultos mayores percibe la asequibilidad de los cuidados de largo plazo como una prioridad, a pesar de la alta probabilidad de requerirlos eventualmente.

Esta desconexión se atribuye en parte, según el informe de The New York Times, a la confusión sobre el alcance real de las coberturas: Medicare solo ofrece ayuda en circunstancias limitadas y transitorias, mientras que Medicaid —el programa conjunto federal y estatal para personas con bajos ingresos— exige agotar casi todos los activos personales antes de habilitar el acceso a los beneficios.

El costo y la complejidad de acceder a seguros privados agravan la situación. Las pólizas tradicionales o híbridas, que combinan seguro de vida con cobertura para atención de largo plazo o renta vitalicia, suelen resultar costosas y difíciles de obtener a edades avanzadas. Como resultado, una amplia mayoría debe cubrir los gastos de su propio bolsillo o recurrir al respaldo familiar.

La encuestadora Milliman anticipó que más de 4 millones de estadounidenses cumplirán 65 años durante este año y el próximo, lo que presiona al sistema y eleva la urgencia de contar con herramientas para planificar estos costos.

De acuerdo con Chris Giese, socio principal de la firma, se espera que el índice se actualice cada año y que próximamente se pongan a disposición utilidades digitales que permitan estimar el costo adaptado a la residencia o condición de salud particulares.

Innovaciones tecnológicas con esfuerzos estatales por gastos futuros

El desarrollo de soluciones personalizadas mediante tecnología financiera emerge como respuesta a la incertidumbre y la necesidad de planificación individualizada.

La empresa Waterlily, fundada por Lily Vittayarukskul y cofundada por dos jóvenes emprendedores tras una experiencia familiar con enfermedad grave, emplea inteligencia artificial y análisis de datos tanto públicos como privados para predecir la probabilidad, edad de inicio y duración esperada de la necesidad de atención a largo plazo.

Dicha plataforma, diseñada especialmente para personas mayores de 40 años, calcula con base en información sanitaria y estadística las necesidades personales e integra variables como región geográfica y aportes familiares a la atención.

Waterlily no vende directamente seguros. Brinda su herramienta, principalmente, a consultores financieros y agentes de seguros, quienes la usan para planificar estrategias junto con sus clientes.

Harry Margolis, abogado especializado en derecho de la tercera edad en Massachusetts, observó tras utilizar la aplicación Waterlily en una demostración que “la idea de un algoritmo que ayude a estimar los posibles costos individuales de la atención a largo plazo resulta lógica”.

Mientras que Chris Chen, planificador financiero certificado en Newton, Massachusetts, sostuvo que llevar estas proyecciones concretas a las conversaciones familiares permite enfrentar la realidad y definir mejor las previsiones patrimoniales.

La plataforma afirmó que cerca de la mitad de los usuarios manifiestan su intención de adquirir un seguro de atención prolongada tras interactuar con la herramienta. La empresa puntualiza, sin embargo, que los resultados deben interpretarse como una guía informada y no como una predicción cerrada.

Estados con antecedentes federales por la cobertura pública

En respuesta a la creciente demanda insatisfecha, Washington implementó en 2023 un programa financiado con un impuesto a la nómina, que otorga a residentes estatales un beneficio máximo de USD 36.500 ajustable por inflación para enfrentar gastos de atención prolongada.

El sitio oficial del programa WA Cares indicó que, si bien el monto es limitado frente al costo potencial, puede constituir una solución total en algunos casos y facilitar la organización financiera para el resto de las familias. Otros estados como California, Massachusetts y Nueva York exploran opciones similares para ampliar la cobertura y contrarrestar el déficit de protección.

Un intento federal previo, contemplado en la Affordable Care Act bajo la denominación Class Act, buscaba crear un fondo nacional para ayudar a adultos mayores y personas con discapacidad necesitadas de atención prolongada. Sin embargo, el programa fue abandonado en 2011 por inviabilidad financiera y derogado oficialmente en 2013, generando mayores incertidumbres.