La falta de acuerdo en el Congreso de Estados Unidos sostiene el bloqueo presupuestario y agrava la crisis en los principales aeropuertos del país. A pesar de semanas de negociaciones, el Senado logró aprobar un plan que financia la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero deja fuera de manera explícita a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza (CBP).
Desde el 14 de febrero, el congelamiento de fondos del DHS dejó sin salario a miles de agentes encargados de la seguridad aeroportuaria. Como consecuencia, más de 3.200 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) faltaron al trabajo y al menos 458 presentaron su renuncia, según datos del propio DHS citados por medios estadounidenses como la cadena CBS News.
Las filas en los controles de seguridad superan las dos horas en centros como Houston, Atlanta y Nueva York, y afectan a millones de pasajeros.
El Senado avanza y la Cámara de Representantes mantiene el bloqueo
El proyecto aprobado en el Senado cubre la mayoría de las operaciones del DHS, a excepción de ICE y CBP, que siguen en el centro de la disputa. Tras conocerse el resultado de la votación, líderes republicanos de la Cámara de Representantes reiteraron su rechazo y anunciaron que buscarán una nueva propuesta para asegurar fondos a las agencias migratorias.
El congresista Chip Roy, republicano por Texas, calificó el texto como “basura del Senado” y ratificó que su bancada “va a proponer un nuevo texto para apoyar a la CBP y al ICE”, según la televisora local KATV, Arkansas.
La dirección republicana en la Cámara Baja plantea una financiación limitada por 60 días para todo el DHS, aunque la probabilidad de respaldo demócrata es baja. El Senado, que cuenta con mayoría republicana, necesita aún votos demócratas para avanzar, lo que mantiene el escenario bloqueado por las reglas de procedimiento, detalló Fortune.
Origen y consecuencias del conflicto presupuestario
El desencuentro partidario se originó en el desacuerdo sobre fondos y políticas migratorias, tras un episodio en enero en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses durante un operativo de ICE en Minneapolis. Este hecho causó protestas y generó un intenso debate en el Congreso, reportó la cadena CBS News.
El impago de salarios a los agentes de la TSA provocó ausentismo y una ola de renuncias que afecta la capacidad operativa de los controles de seguridad. Las imágenes de largas filas y retrasos en los aeropuertos fueron cubiertas por distintos medios, reflejando el impacto social y logístico del bloqueo presupuestario, según la televisora local KATV, Arkansas.
En respuesta a la crisis, la administración de Donald Trump desplegó agentes de ICE en más de 10 terminales aeroportuarias. Sin embargo, la medida no logró reducir de modo significativo las filas ni aliviar la presión sobre la TSA.
El Ejecutivo y los caminos en discusión
El jueves, Trump anunció que firmaría una orden ejecutiva para liberar fondos y “pagar inmediatamente a los agentes de la TSA”, aunque no especificó los mecanismos ni el plazo preciso para la efectivización de los pagos, según la cadena CBS News. La Casa Blanca analiza el uso de recursos contemplados en la One Big Beautiful Bill Act, aunque la legalidad de este procedimiento podría ser impugnada.
Previamente, el mandatario condicionó cualquier acuerdo presupuestario a la aprobación de una reforma al sistema de registro de votantes por parte del Congreso, sumando así el debate electoral al conflicto por el financiamiento del DHS.
Las negociaciones más recientes en el Senado consideran propuestas para financiar la mayor parte del DHS — excluyendo las operaciones centrales de ICE — e introducir reformas en los protocolos migratorios, tales como el uso obligatorio de cámaras corporales y credenciales visibles.
Escenario institucional y perspectivas
La TSA, responsable de la seguridad aeroportuaria, continúa operativa mediante decisiones administrativas de emergencia, con recursos limitados y crecientes tensiones internas entre el personal, según la cadena CBS News.
En el Congreso, las posiciones permanecen enfrentadas: los republicanos exigen garantías y fondos completos para CBP e ICE, mientras que los demócratas insisten en condicionar cualquier financiación a cambios en la política migratoria y a una supervisión reforzada sobre las agencias responsables de detenciones y deportaciones, señaló la televisora local KATV, Arkansas.
Actualmente, el Congreso de Estados Unidos no ha alcanzado un acuerdo presupuestario definitivo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El Senado avanzó con una propuesta que excluye a ICE y CBP, lo que impide el pago de salarios en áreas críticas del sistema aeroportuario y provoca que millones de ciudadanos enfrenten demoras extensas en los controles, mientras que ni el Ejecutivo ni el Legislativo logran consensuar una solución estable, según la cadena CBS News.
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