Alabama confirma la ejecución de un hombre de 75 pese a los reclamos de inocencia

Charles Burton será ejecutado en Alabama tras una condena por homicidio en la que no disparó, mientras familiares y organizaciones protestan y piden detener la ejecución

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Alabama ejecutará a Charles “Sonny”
Alabama ejecutará a Charles “Sonny” Burton con gas de nitrógeno pese a que no disparó el arma en el crimen de 1991.

Las peticiones de clemencia para Charles “Sonny” Burton (75), condenado a muerte en Alabama por su participación en un robo con resultado fatal en 1991, han cobrado renovada fuerza por el hecho de que Burton no disparó el arma que mató a Doug Battle, víctima del asalto. Su ejecución, fijada para el 12 de marzo de 2026, se llevará a cabo mediante gas de nitrógeno.

Este método, implementado por el estado en 2024, genera controversias legales y éticas. La insistencia de familiares, exjurados y una hija de la víctima en solicitar el indulto ha desencadenado un debate sobre la pena capital para quienes participaron en crímenes letales sin ser los autores del homicidio directo.

Alabama recurrirá por segunda vez al gas de nitrógeno en una ejecución

La portavoz Gina Maiola aclaró que la gobernadora Kay Ivey no considera conceder clemencia. El caso de Burton será el segundo en que Alabama utilice gas de nitrógeno para ejecutar una condena a muerte.

El nuevo protocolo autoriza la inhalación de nitrógeno puro como un método presuntamente menos doloroso, aunque expertos y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional sostienen que no existen estudios suficientes para garantizar la ausencia de sufrimiento.

Durante 33 años, tribunales estatales y federales revisaron la condena de Burton al menos nueve veces. Ningún tribunal anuló el veredicto unánime del jurado de 1992, que lo declaró culpable de asesinato capital y recomendó la pena de muerte: así lo detalló Maiola a The Associated Press.

La oficina del fiscal general de Alabama, bajo la dirección de Steve Marshall, también expresó su rechazo a cualquier revisión del fallo.

El rol de Burton en el asalto y el disparo final

El 16 de agosto de 1991, Doug Battle, veterano del ejército, de 34 años y padre de cuatro hijos, murió tras recibir un disparo durante un robo en una tienda de autopartes en Talladega. Testimonios señalaron que, cuando Battle ingresó al local, el asalto ya había terminado y los ladrones se retiraban.

En ese momento, Derrick DeBruce, integrante del grupo, le disparó después de intercambiar palabras. Las pruebas del juicio demostraron que Burton ya se había marchado antes del homicidio.

El uso del gas de
El uso del gas de nitrógeno para la pena de muerte en Alabama, implementado en 2024, despierta controversias legales y éticas entre expertos y organizaciones de derechos humanos.

Desde el penal de Holman, en diálogo telefónico con AP, Burton afirmó que desconocía el desenlace hasta después del robo: “No supe nada de nadie herido hasta que íbamos de vuelta. Nadie debía salir lastimado”.

Posteriormente, DeBruce le confesó que había disparado: “Me dijo que le disparó a un hombre en el trasero. Le respondí: ‘Me hubieras dicho que disparaste a alguien’. Yo estaba enojado, realmente enojado”.

Derrick DeBruce, inicialmente condenado a muerte, obtuvo la anulación de su sentencia cuando un tribunal federal consideró deficiente su defensa. Finalmente fue sentenciado a cadena perpetua y falleció en prisión.

Jurados y familia de la víctima reclaman un indulto para Burton

El pedido de clemencia para Burton proviene no solo de su defensa y de familiares directos, sino que también suma el apoyo de varios exjurados del juicio original y de al menos una hija de la víctima.

Una carta enviada a la gobernadora Ivey por la hija de Battle planteó: “¿Cómo tiene sentido legal ejecutar a Burton?”. The Associated Press no logró obtener la opinión de otros miembros de la familia de la víctima.

El abogado Matt Schulz, defensor federal de Burton, declaró ante la agencia de noticias: “Incluso quienes apoyan la pena de muerte reconocen que este caso es injusto.

Manifestantes se congregan exigiendo clemencia
Manifestantes se congregan exigiendo clemencia y el cese de las ejecuciones, especialmente la de Sonny. ((AP Photo/Kim Chandler))

Según las propias pruebas del estado, el señor Burton no mató a nadie, no ordenó matar a nadie, ni siquiera estaba en el edificio”.

La directora ejecutiva de la organización estadounidense Death Penalty Information Center, Robin M. Maher, informó que en Estados Unidos existen “al menos 22 casos documentados de personas ejecutadas por participar en un delito donde la muerte fue causada por otro”.

Maher sostuvo que, en su opinión, la mayoría de la sociedad considera que la pena máxima debería aplicarse solo al autor material.

Un precedente legal que permite ejecutar a quienes no cometieron el homicidio

El tribunal federal supremo ha avalado que se aplique la pena de muerte en ciertos contextos a cómplices partícipes de delitos graves con resultado de muerte, aunque no hayan disparado el arma.

Apoyándose en esta doctrina, la fiscalía estatal sostuvo la responsabilidad de Burton como presunto “cerebro” del asalto, acusación que él siempre negó. Burton expresó su arrepentimiento: “Lo siento mucho. Si pudiera devolverle la vida, lo haría. Lo siento muchísimo”.

Burton manifestó su agradecimiento por el perdón que le concedió una de las hijas de Battle y su deseo de poder “alcanzar a los jóvenes en las calles”.

El fiscal general de Alabama,
El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, y la gobernadora Kay Ivey rechazan revisar el caso Burton, que ya fue analizado por tribunales nueve veces sin revertir el veredicto.

El caso impulsó protestas. Su hija, Lois Harris, encabezó vigilias y manifestaciones ante la residencia oficial, con pancartas como “Salven a mi papá” y “Clemencia para Sonny”. Harris argumentó: “No es justo que quien mató reciba cadena perpetua y mi padre, que no disparó, sea condenado a pena de muerte”.

A solo días del plazo del estado de Alabama para ejecutar la sentencia de Burton, permanecen los pedidos para revisar una condena calificada como desproporcionada en relación con su grado de responsabilidad penal. Los recursos legales ordinarios ya se agotaron, y la gobernadora Ivey es la única autoridad que puede detener el proceso.

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