El 62% de los alumnos de tercer grado en Georgia no alcanza el nivel de lectura esperado, según la organización educativa estatal Georgia Council on Literacy. Multiplicando así las probabilidades de fracaso escolar y abandono antes de terminar la secundaria.
En respuesta, la Cámara de Representantes estatal avanza con una ley que busca revertir este panorama mediante una profunda reforma educativa, impulsada por líderes bipartidistas y un ambicioso plan para sumar al menos 1.300 especialistas en alfabetización en las escuelas, tal y como informó Georgia Recorder.
El proyecto, denominado Georgia Early Literacy Act of 2026 (HB 1193), ya obtuvo dictamen unánime en la Comisión de Educación y cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara, Jon Burns. Si bien aún se aguarda el cálculo oficial de costos, se prevé que la contratación masiva de mentores de alfabetización absorba la mayor parte de la inversión.
Mindy Binderman, directora ejecutiva de la ONG educativa Georgia Early Education Alliance for Ready Students, advierte que el tercer grado marca el momento clave en que los niños dejan de aprender a leer y comienzan a leer para aprender.
“Si los chicos no leen para aprender al final de tercer grado, quedan cada vez más rezagados. Sabemos que, si no cumplen este hito, tienen menor probabilidad de éxito escolar o de obtener el título secundario y más riesgo de incurrir en comportamientos peligrosos”, sostuvo Binderman.
Transformaciones en la evaluación y apoyo escolar
El proyecto de ley impulsa una transformación en los métodos de evaluación de la lectura y en la detección de dificultades como la dislexia en las escuelas de Georgia.
Georgia Recorder sostiene que el enfoque se centra en promover la “ciencia de la lectura”, una corriente respaldada por investigaciones internacionales multidisciplinarias de la educación, la neurología y la lingüística, que enfatiza la instrucción estructurada y basada en evidencia para desarrollar habilidades lectoras.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de un instructor de alfabetización en cada escuela que atienda a más de 200 alumnos entre preescolar y tercer grado, mientras que las instituciones más pequeñas recibirán la mitad de los fondos para esa función. Estos especialistas deberán contar con formación específica y al menos cinco años de experiencia en docencia o intervención en lectura.
Según el representante republicano y presidente de la Comisión de Educación Chris Erwin, el estado deberá sumar cerca de 1.300 especialistas a un sistema que ya enfrenta más de 5.000 vacantes en cargos certificados.
El desafío de la dotación
Para Erwin, encontrar suficientes profesionales calificados representa uno de los mayores retos. “Va a ser difícil encontrarlos a todos porque ya determinamos que necesitaremos cerca de 1.300 o más. Hoy Georgia tiene más de 5.000 vacantes en cargos certificados y ahora sumaremos 1.300 más. Pero haremos un buen trabajo enfocándonos en este esfuerzo, concretándolo y poniendo recursos en las aulas lo antes posible”, afirmó.
Parte de los mentores trabajará de manera regional bajo la órbita de las 16 Agencias de Servicio Educativo Regional (RESA), ofreciendo asistencia y capacitación a equipos directivos y docentes.
Esta dinámica, según los impulsores de la ley, permitirá fortalecer la calidad pedagógica y orientar a los directivos escolares en estrategias de alfabetización y observación de clases.
Expectativas del impacto y desafíos pendientes
Durante el ciclo 2024-2025, el Departamento de Educación de Georgia ya implementó instructores de lectura a tiempo completo en 60 escuelas consideradas dentro del 5 % de menor rendimiento, y se observó una mejora del 15 % en el nivel de lectura estudiantil, especialmente entre los más pequeños.
Caitlin Dooley, presidenta del Departamento de Educación Infantil y Primaria de Georgia State University, valoró la centralidad otorgada a la alfabetización y la importancia de alianzas sólidas entre coaches, docentes y equipos directivos. “Primero que nada, necesitamos los mentores de alfabetización. Además, deben trabajar junto al liderazgo y el liderazgo debe entender su función para garantizar que los estudiantes reciban una instrucción de calidad”, remarcó Dooley al Georgia Recorder.
A pesar del avance, la presidenta advirtió que la cantidad prevista de instructores regionales —dieciséis, uno por región— resulta insuficiente para atender las 1.852 escuelas primarias de Georgia.
Por ese motivo, los mentores de cada escuela tendrán que coordinar acciones con directivos y equipos internos, articulando mejoras en la instrucción, en la implementación de apoyos educativos especiales y en las intervenciones para el alumnado vulnerable.
Además, Dooley subrayó la notable correlación entre bajos índices de alfabetización y la pobreza, estimando que cerca de dos tercios de los casos se relacionan con carencias socioeconómicas.
Para la especialista, “garantizar alimentación adecuada y atención médica básica a los niños contribuiría de manera significativa a su capacidad de aprender a leer y escribir”.
Nuevo enfoque sobre la educación en jardín de infantes
El anteproyecto también introduce cambios en la regulación del ingreso escolar inicial. Si bien la edad obligatoria de escolarización se mantiene en seis años, se alienta a las familias a matricular a sus hijos en el jardín de infantes o a comenzar estudios en el hogar a los cinco.
La iniciativa busca terminar con la práctica, aún vigente en algunos distritos, de obligar a niños de seis años a saltar el jardín y pasar directo a primer grado. Según la propuesta, salvo que el alumno apruebe una evaluación que demuestre que puede desempeñarse en primero, debe cursar jardín de infantes como requisito.
Peachtree Corners, representado por el republicano Scott Hilton, impulsa una ley complementaria que otorgaría a los padres la potestad de decidir si inscriben a sus hijos en jardín a los cinco o seis años, según la madurez y el desarrollo del niño.
Nuevos sistemas de apoyo ante riesgo de rezago
Según el texto legislativo, si un estudiante de jardín de infantes es identificado con riesgo significativo de no alcanzar el nivel de lectura correspondiente, la escuela elaborará un plan de intervención y notificará a los padres que podría no ser promovido a primer grado.
Si el alumno no demuestra progreso suficiente, será el director quien determine su promoción, con la posibilidad de que los padres apelen la decisión.
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