Nuevas denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el centro migratorio “Alligator Alcatraz” en Florida

Un informe de Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de derechos humanos contra personas migrantes detenidas en el centro “Alligator Alcatraz” en Florida, una instalación estatal gestionada de manera independiente y sin supervisión federal.

Según el documento al que accedió el diario británico The Guardian, quienes permanecen en el lugar han sido sometidos a prácticas como la reclusión en jaulas metálicas de baja altura bajo el sol, privación de agua, condiciones insalubres y negligencia médica constante.

De acuerdo con el medio, el informe recoge testimonios de personas que pasaron por el centro y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los detenidos eran encerrados en una celda al aire libre, conocida como “la caja”, expuestos al sol del sur de Florida y a los mosquitos, sin acceso a agua por periodos de hasta un día. “Es una caja afuera, bajo el sol y la humedad del sur de Florida, y plagada de mosquitos”, describió una persona migrante entrevistada por Amnistía Internacional.

La organización detalla que la utilización de “la caja” constituye una forma de castigo arbitrario, aplicada por los guardias incluso frente a toda la población del centro. Una de las víctimas relató al equipo de investigación: “vi a un hombre castigado en la caja durante todo el día”. Otro testimonio menciona agresiones del personal: “dos compañeros me ayudaron a pedir mi medicación. Diez guardias los redujeron usando la fuerza y los llevaron a la caja, solo por intentar ayudarme”.

El centro, oficialmente llamado Everglades Detention Facility y conocido como “Alligator Alcatraz”, se encuentra bajo la supervisión directa del Departamento de Gestión de Emergencias de Florida (DEM), lo que lo mantiene fuera de la jurisdicción plena del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del control federal habitual.

Una portavoz del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, declaró a The Guardian que el informe de Amnistía Internacional representa “un ataque político” y calificó los señalamientos de “falsedades”, advirtiendo que dar a conocer estas denuncias puede poner en peligro la integridad del personal y de los internos.

Pese a que una resolución judicial federal ordenó el cierre del centro en agosto, dos jueces federales de apelación bloquearon la decisión, lo que permitió su reapertura en octubre con cientos de personas bajo custodia.

Condiciones inhumanas

El informe afirma que la instalación presenta “condiciones insalubres, baños desbordados con materia fecal donde duermen las personas, acceso restringido a duchas, insectos sin protección, luces encendidas de forma permanente, alimentación y agua de baja calidad y nula privacidad”.

Los testimonios recabados por Amnistía Internacional también revelan que el acceso a atención médica resulta inconsistente, insuficiente o negado. “Las personas afirman que permanecen siempre esposadas al salir de sus celdas”, detalla el documento de la organización.

Al interior del centro de procesamiento de Krome North Service, en el oeste de Miami y gestionado por la empresa Akima Global Services LLC en convenio con el ICE, se han reportado sucesos similares. The Guardian señala que un informe de Human Rights Watch denunció violencia verbal racista, agresiones físicas y rutinas de alimentación degradantes, donde detenidos comían en el piso arrodillados “como perros”.

En su reporte, Amnistía Internacional aporta información sobre demoras en los procesos de ingreso, hacinamiento extremo, negligencia médica manifiesta, prácticas disciplinarias “alarmantes” y dificultades en el acceso a representación legal y al debido proceso. Un miembro de la organización observó una agresión en la que un guardia golpeó una trampilla metálica contra la mano lesionada de un detenido en aislamiento.

Otra denuncia relevante es la ausencia de mecanismos de registro y rastreo dentro del centro “Alligator Alcatraz”, que puede derivar en incomunicación tras varios traslados, sin que familiares o defensores sepan el paradero del afectado. El documento advierte sobre “la ausencia de sistemas de registro facilita detenciones en régimen de incomunicación y constituye desapariciones forzadas”.

La financiación para el funcionamiento de “Alligator Alcatraz” provino, según The Guardian, de una transferencia de 608 millones de dólares de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) a Florida. La gestión sin fiscalización federal convierte al centro en el primero de su tipo en el país.

Entre las principales recomendaciones, Amnistía Internacional exige el cierre inmediato de la instalación, la terminación de todo convenio estatal con agencias federales migratorias y el cese de la criminalización de la migración y la detención masiva.

Mary Kapron, del equipo de investigación de la organización, resumió para The Guardian que “el trato que reciben estas personas es crueldad, punto. El abandono médico, la suciedad, los castigos humillantes y, en algunos casos, la tortura, exigen una respuesta urgente de las autoridades estatales y federales”.