
(Desde Washington, Estados Unidos) Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay temen que haya fraude en los comicios presidenciales del 30 de noviembre en Honduras, y por eso solicitaron una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para tratar un asunto político que se parece muchísimo al proceso electoral que permitió al dictador Nicolás Maduro mantener su poder en Venezuela.
La administración Trump no quiere que se repita la experiencia electoral que benefició a Maduro, y esta dispuesta a jugar fuerte para preservar las instituciones en Honduras, pese a las operaciones políticas que ejecuta Castro a través de sus aliados en el Poder Judicial y el Parlamento.
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Desde esta perspectiva, el subsecretario de Estado, Chris Landau, participará de la sesión del Consejo Permanente de la OEA. No es común que un subsecretario de Estado concurra al foro regional, y menos todavía para exigir transparencia en unas elecciones que pueden dictar el final del gobierno de Castro.
Landau conoce la lógica de poder en América Latina -habla español perfecto- y tiene un discurso filoso y frontal.
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La sesión del Consejo Permanente está citada para las 14.30 (hora del Este) y fue boicoteada sin éxito por los gobiernos de Honduras, Brasil, Colombia y México, que fueron tibios al momento de cuestionar el fraude electoral cometido por Maduro.
Cuando fue imposible suspender la sesión, Castro reclamó que dos alfiles de su gobierno comparecieran en la OEA para asegurar que se respetará la transparencia de los comicios.
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En este contexto, Honduras designó a Marlon Ochoa, Consejero Nacional Electoral (CNE), y a Mario Morazán, Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que cumplen las órdenes directas de la presidenta Castro.
El consejero Ochoa fue secretario de Finanzas del actual gobierno hondureño, y en 2019 participó del intento de incendio de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa (ver su selfie).
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Por ese acto, la administración Trump le canceló la visa de Estados Unidos a Ochoa, un incidente diplomático que aún se recuerda en la Secretaría de Estado.

La preocupación de Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay, que solicitaron la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, fue ratificada por dos cartas oficiales que remitió Mario Alberto Flores Urrutia, presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, al secretario Ramdin y otras autoridades de la OEA.
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En una de las cartas, el magistrado Urrutia enumera las acciones de hostigamiento político que sufrió el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) ejecutadas por funcionarios y aliados políticos de Xiomara Castro.
“Durante el presente proceso electoral, el TJE ha enfrentado:
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• La paralización deliberada del Pleno mediante la negativa a sesionar por parte de un magistrado propietario y suplentes afines al partido de gobierno.
• Declaraciones públicas difamatorias que buscan erosionar la credibilidad del Tribunal.
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• Ingreso irregular de agentes del Ministerio Público a instalaciones del TJE.
• Hostigamiento, vigilancia y presión indebida hacia magistrados.
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• Acciones de antejuicio y procesos penales infundados orientados a afectar decisiones jurisdiccionales adoptadas en el marco de nuestras competencias constitucionales.
Estos hechos reproducen con exactitud el patrón de asedio institucional descrito por la MOE/OEA y representan una afectación directa a la independencia judicial electoral", sostiene la carta oficial del Tribunal de Justicia Electoral, con fecha de 23 de noviembre, remitida al secretario Ramdin.
Y completa: “El hostigamiento hacia las autoridades electorales ocurre en un entorno más amplio de afectación al orden democrático, en particular:
• El Congreso Nacional ha sido mantenido en receso de manera incompatible con el artículo 189 de la Constitución, impidiendo su función natural de control político y deliberación.
• Se ha pretendido suplantar al Poder Legislativo mediante la creación de una “Comisión Permanente”, pese a que el Pleno había prorrogado válidamente sus sesiones, contrariando el artículo 4 de la Constitución sobre independencia y no subordinación entre poderes del Estado.
• El prolongado estado de excepción ha limitado derechos fundamentales en un periodo electoral, afectando condiciones esenciales para la vida democrática.
Este marco coincide materialmente con los supuestos previstos en los artículos 19 y 20 del Capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana, relativos a alteraciones del orden constitucional que ameritan una apreciación colectiva del Consejo Permanente".

Los embajadores de Brasil, Colombia y México jugaron a favor del gobierno de Castro, que pretendía suspender la sesión extraordinaria de la OEA para evitar que la crisis institucional de Honduras fuera exhibida en un escenario regional.
Frente a la posición ideológica de Brasil, Colombia y México se ubicaron Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Argentina, Paraguay, Bolivia y Ecuador, que no tienen candidatos en los comicios presidenciales y sólo reclaman transparencia electoral.

La campaña presidencial en Honduras tiene tres candidatos: Rixi Moncada (oficialista), Nasry Asfura (opositor) y Salvador Nasralla (neo oficialista). Asfura encabeza las encuestas por la diferencia técnica frente a Nasralla, que fue vicepresidente de Xiomara Castro.
Se aguarda hoy en la OEA una sesión trabada del Consejo Permanente, adonde los voceros de Honduras jurarán que Castro no tiene intenciones de permitir el fraude electoral.
Una boutade que Landau, Carlos Cherniak -embajador argentino ante la OEA- y la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, replicarán de manera sistemática cuando les toque hablar en el edificio histórico de la OEA, a seis cuadras de la Casa Blanca.
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