Donald Trump advirtió que evalúa un “Plan B” ante un posible bloqueo de la Corte Suprema a su política arancelaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que buscará alternativas para aplicar los aranceles comerciales si la Corte Suprema falla en contra de su principal política económica.

Tras una audiencia en la que los magistrados expresaron dudas sobre la legalidad de las tarifas, el mandatario estadounidense advirtió que un fallo adverso “sería devastador para nuestro país”, aunque anticipó que estudia nuevas opciones.

“Podemos hacer otras cosas, pero son más lentas en comparación”, puntualizó el mandatario republicano.

Pro su parte, el secretario del Tesoro Scott Bessent defendió este miércoles la política arancelaria de Trump y aseguró que busca revertir años de prácticas comerciales vistas como perjudiciales para la economía de Estados Unidos.

“El objetivo es recuperar la industria manufacturera y corregir los desequilibrios y barreras con nuestros socios”, publicó Bessent en redes sociales.

El funcionario insistió en que la recaudación no constituye el fin principal de estas medidas, sino que apunta a fortalecer la producción y el empleo internos. También remarcó que, en la medida que el comercio se equilibre, la industria nacional debería sustituir progresivamente a los productos importados.

La Corte Suprema debe pronunciarse sobre si Trump actuó dentro de la legalidad al imponer aranceles utilizando la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), una norma que concede facultades al presidente para actuar frente a situaciones consideradas emergencia nacional.

Durante la audiencia, los jueces expresaron dudas respecto a si corresponde al poder ejecutivo o al Congreso la definición de estas tarifas, y reiteraron que su propósito debería ser regulatorio más que recaudatorio. El dictamen definitivo podría conocerse a finales de junio, al cierre del actual periodo judicial.

El cuestionamiento de los jueces a los argumentos del gobierno sobre la aplicación de tarifas bajo la IEEPA ha aumentado las previsiones de que la Corte podría anular la política insignia de Trump.

Analistas como Damon Pike, de BDO USA, consideran que “según las preguntas realizadas por los jueces, las tarifas IEEPA parecen estar en riesgo”, señalando que la mayoría de los magistrados se muestra escéptico sobre si la ley realmente otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de forma ilimitada a productos de cualquier país.

Expertos en comercio, abogados y empresas anticipan que si la Casa Blanca recibe un revés, el gobierno podría recurrir a otras leyes comerciales para mantener alguna forma de protección o represalias, lo que podría desencadenar nuevas incertidumbres en el comercio exterior estadounidense.

La perspectiva de un entorno legal inestable preocupa a ejecutivos y empresas que, tras una tregua comercial temporal entre EEUU y China, buscan mayor previsibilidad para planificar inversiones. David Young, directivo de The Conference Board, advierte que la falta de claridad persiste y que los directores ejecutivos “siguen en una posición precaria respecto al panorama futuro”.

Otro aspecto central es la cuestión de los reembolsos para las empresas que han pagado más de 100.000 millones de dólares en aranceles bajo la IEEPA. Algunos jueces, como Amy Coney Barrett, cuestionaron en la audiencia la viabilidad administrativa de una devolución masiva, calificando el asunto como “un posible caos”.

El abogado Neal Katyal, representante de empresas demandantes, explicó que solo cinco pequeñas empresas recibirían reembolsos automáticos si la Corte dictamina a su favor, mientras que el resto debería presentar protestas administrativas, un proceso considerado complejo y prolongado.

Otros especialistas como Joseph Spraragen sugieren que, en caso de bloqueo judicial, el Tribunal podría remitir el caso a una corte inferior para que dicte las instrucciones sobre la anulación de tarifas y la restitución de fondos, lo que podría tardar meses o incluso más de un año. Spraragen aclara que el gobierno difícilmente accederá de inmediato a realizar devoluciones, lo que podría derivar en nuevas disputas legales a futuro para miles de empresas importadoras.

(Con información de AFP y Reuters)