La batalla por la restitución de “Los Girasoles” de Vincent van Gogh, valuada en USD 250 millones, volvió a cobrar fuerza en los tribunales de Estados Unidos, según informó The Art Newspaper. Los herederos del banquero y coleccionista judío Paul von Mendelssohn-Bartholdy reanudaron una demanda contra la aseguradora japonesa Sompo Holdings, actual propietaria del cuadro, para recuperar la obra que, según señalan, se vendió bajo presión del régimen nazi en 1934.
Más de 30 beneficiarios, representados por Julius H. Schoeps, Britt-Marie Enhoerning y Florence von Kesselstatt, mantuvieron el caso en la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, en Illinois, después de que fuera desestimado en una instancia anterior. La audiencia de apelación se celebró el 17 de septiembre de 2025.
Litigio y antecedentes de la demanda
La disputa legal entre los descendientes de Mendelssohn-Bartholdy y Sompo Holdings se originó en 2022, cuando los herederos acudieron a la justicia estadounidense. El cuadro, una de tres versiones que van Gogh pintó entre 1888 y 1889, lo adquirió la entonces Yasuda (hoy Sompo) en una subasta de Christie’s, en Londres, en 1987, por un récord de USD 25 millones.
Desde entonces, la pintura se exhibe en el Museo Sompo de Arte, en Tokio; las otras dos versiones permanecen en la National Gallery de Londres y en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Los demandantes sostienen que la aseguradora japonesa ignoró la procedencia que vinculaba la obra con su familiar, aspecto que consideran central para la reclamación.
Argumentos legales y contexto internacional
Los herederos fundamentaron su acción en la Ley de Recuperación de Arte Expropiado por el Holocausto (HEAR Act), promulgada en 2016 en Estados Unidos para facilitar la devolución de arte saqueado por los nazis.
Además de la restitución del cuadro, exigieron una compensación por los beneficios generados por Sompo Holdings mediante la exhibición de la pieza, como en la muestra “Van Gogh y Gauguin: El Estudio del Sur”, realizada en el Art Institute de Chicago en 2001 y 2002.
Durante la audiencia, el abogado Thomas Hamilton calificó el caso de un “pacto fáustico”: “Una parte, a cambio de recibir alguna ventaja ilícita o poder que promete gran riqueza y fama, sacrifica su auténtica identidad y compromete su futuro”, señaló Hamilton.
La representación legal de los beneficiarios subrayó el alcance internacional de la HEAR Act, enfatizando que la norma instó a los tribunales federales a utilizar al máximo su autoridad para tratar estas reclamaciones con justicia y prontitud. También pusieron en relieve la Declaración de Terezín de 2009, un acuerdo internacional no vinculante que promueve la devolución expedita de arte robado por los nazis.
Hamilton argumentó que, aunque la declaración carece de fuerza legal, su valor diplomático le otorga relevancia en la política exterior estadounidense, y calificó de “distractor” el señalamiento sobre su falta de obligatoriedad.
Asimismo, los herederos consideraron que la presencia de una oficina de Sompo Holdings en Chicago estableció un vínculo suficiente con Illinois para que los tribunales estadounidenses conocieran el caso, a pesar del rechazo inicial basado en la supuesta falta de contactos relacionados con la demanda.
Defensa de Sompo Holdings y estado actual del proceso
La defensa de Sompo Holdings, representada por Daniel Graham, sostiene que la venta del cuadro en 1934 fue parte de una subasta pública y no una confiscación nazi. Graham expuso ante el tribunal que la HEAR Act solo elimina la prescripción para determinadas acciones, sin crear nuevas causas legales ni ampliar el alcance de las reclamaciones.
“La ley se centra específicamente en eliminar el plazo de prescripción para un periodo determinado en causas de acción federales o estatales. Eso es todo”, afirmó Graham, según declaraciones recogidas por The Art Newspaper. Añadió que el Congreso dejó explícito que la norma no habilita la creación de nuevas demandas bajo el derecho común.
El proceso judicial continúa abierto y, tras la audiencia de septiembre, los jueces todavía no emitieron una decisión ni existe información sobre el plazo en que podría dictarse un fallo. El caso enfrenta a intereses históricos, jurídicos y diplomáticos, y mantiene la atención pública por el destino de una de las obras maestras más célebres del arte mundial.
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