El gobierno de Estados Unidos renovó este lunes su acusación contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, al señalar que “lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo”. Así lo establece la Determinación Presidencial sobre los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2026, documento oficial que mantiene a Venezuela como país clave para el tráfico de estupefacientes y describe al régimen venezolano como una pieza central del crimen organizado transnacional.
En palabras del presidente Donald Trump, recogidas en el memorando difundido por el Departamento de Estado, “en Venezuela, el régimen criminal del narcotraficante Nicolás Maduro, procesado, lidera una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo, y Estados Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus crímenes”.
El texto también remarca la decisión de “perseguir a las organizaciones terroristas extranjeras venezolanas, como el Tren de Aragua, y expulsarlas de nuestro país”.
Esta lista, elaborada de acuerdo con la legislación federal estadounidense, clasifica cada año a los países que desempeñan un papel esencial como corredores o centros de producción de drogas ilícitas
Venezuela figura en esa lista junto a otras 23 naciones, entre ellas Afganistán, Colombia, Bolivia, México, Perú y China. La presencia en este registro, según el documento, responde a la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la fabricación de drogas y no necesariamente a la cooperación gubernamental o a los esfuerzos aplicados contra el narcotráfico.
La administración estadounidense sostiene que la cúpula chavista ha institucionalizado relaciones con redes delictivas dedicadas al transporte y distribución de cocaína en grandes volúmenes, en una estructura en la que participan altos funcionarios y organismos de seguridad estatal. Según las investigaciones y procesos judiciales en curso en Washington, el país suramericano actúa como puente fundamental entre los cultivos de Colombia y los mercados de consumo de América del Norte, Europa y África Occidental.
Distintos expedientes federales en Estados Unidos asocian a militares, ex funcionarios y aliados del círculo de Maduro con el resguardo logístico, protección y financiamiento de cargamentos de droga dirigidos al exterior. El Departamento de Justicia mantiene vigente la acusación penal por narcoterrorismo contra Maduro y otros miembros del Ejecutivo venezolano, quienes son señalados de conspirar para “inundar de cocaína a Estados Unidos” y lavar activos derivados de actividades ilícitas.
El documento presidencial advierte que la estrategia de Washington contempla el uso de todos los recursos legales y diplomáticos para llevar a juicio a los principales responsables, tanto dentro de la cúpula estatal venezolana como en organizaciones asociadas. “Perseguiremos a las organizaciones terroristas extranjeras venezolanas, como el Tren de Aragua, y las expulsaremos de nuestro país”, enfatiza el escrito oficial, que vincula la expansión de ese grupo criminal con delitos asociados al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y violencia transnacional.
En paralelo, Estados Unidos insiste en que la presencia de Venezuela en la lista no implica solo un diagnóstico del presente, sino una política de vigilancia activa y cooperación internacional tendiente a bloquear rutas y desarticular redes coordinadas desde Caracas.
La inclusión venezolana se mantiene en el mismo nivel de señalamiento que Afganistán, Bolivia, Myanmmar y Colombia, países que también son descritos como incumplidores demostrados de los compromisos internacionales contra el narcotráfico durante el último año.
El informe presidencial resalta el carácter prioritario de la lucha antidrogas para la administración estadounidense, en medio de una emergencia nacional por el aumento de las muertes asociadas a las drogas sintéticas.
Washington recalca que combina sanciones, restricciones migratorias, procesos penales y presión multilateral para impedir que el régimen venezolano siga facilitando la expansión de redes criminales a escala global. El informe será remitido formalmente al Congreso y publicado en el Federal Register, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estadounidense.
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