EEUU incluyó a Colombia y Afganistán en la lista de países que “han fallado demostrablemente” en el combate antidrogas

El gobierno de Estados Unidos incluyó a Afganistán y Colombia en la lista de países que, según su evaluación, “han fallado demostrablemente” durante el último año en el cumplimiento de sus obligaciones asumidas bajo acuerdos internacionales antidrogas.

Esta decisión, contenida en un memorando oficial de la administración estadounidense remitido al Congreso, eleva la presión sobre ambos gobiernos y redefine las prioridades de la política exterior de Washington en la lucha global contra el narcotráfico.

De acuerdo con el documento difundido por la Casa Blanca, la determinación se basa en lo dispuesto por la legislación estadounidense, que obliga al presidente a identificar anualmente a aquellos países considerados principales rutas de tránsito o grandes productores de droga, y a evaluar el desempeño de sus gobiernos en acciones de control y cooperación. El texto oficial subraya que tanto Afganistán como Colombia, junto a otros países como Venezuela, Bolivia y Myanmar, han sido señalados por “haber incumplido de manera comprobable” sus compromisos internacionales durante los últimos doce meses.

En el caso de Colombia, la administración estadounidense explicó que la decisión responde al crecimiento histórico en los niveles de cultivo de coca y de producción de cocaína registrados en el último periodo.

“Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado máximos históricos, y el gobierno no ha logrado siquiera las metas de erradicación que él mismo se propuso”, detalla el memorando gubernamental.

Además, Washington destaca que “años de cooperación beneficiosa entre los dos países se han visto menoscabados”, aunque recalca el trabajo de los cuerpos de seguridad colombianos y su “valor ante organizaciones criminales y terroristas”.

Este señalamiento marca una ruptura con la cooperación antidrogas que por décadas mantuvieron ambos países y representa un giro en la relación bilateral. Funcionarios estadounidenses afirmaron que el “incumplimiento corresponde enteramente al liderazgo político” en Bogotá. La Casa Blanca dejó abierta la puerta a reconsiderar la calificación si Colombia toma “acciones más decididas” contra el cultivo, la producción y el tráfico de drogas, y mejora sus mecanismos de cooperación con las autoridades estadounidenses para llevar a la justicia a los líderes de organizaciones criminales.

Respecto a Afganistán, el texto cita la continuidad del tráfico y la producción de drogas a pesar del anuncio formal del régimen talibán sobre la prohibición de cultivos ilegales. El memorando advierte que la producción de metanfetamina y el almacenamiento de drogas siguen facilitando el flujo de estupefacientes hacia los mercados internacionales y financian a grupos criminales transnacionales y redes terroristas. “Algunos miembros de los talibanes continúan beneficiándose del narcotráfico”, apunta el documento oficial, que insiste en el “grave peligro que representa para los intereses de Estados Unidos y la seguridad internacional”.

La inclusión de Afganistán y Colombia en este grupo implica un llamado directo a sus gobiernos para que adopten medidas contundentes y demuestren “resultados verificables” en el cumplimiento de sus obligaciones. Las autoridades de Estados Unidos recalcaron que el país enfrenta una emergencia nacional por el tráfico de drogas sintéticas, con una crisis de opioides que describen como “la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años”. Según cifras oficiales mencionadas en el mensaje presidencial, en 2024 han muerto en promedio más de 200 personas por día a causa del consumo de drogas ilícitas, y “más del 40 por ciento de los estadounidenses conoce a alguien que ha sufrido una sobredosis fatal”.

Además, Washington exigió mayor cooperación de los gobiernos señalados para combatir el tráfico de precursores químicos y frenar la producción de narcóticos sintéticos. El memorando enfatiza que Estados Unidos dispone de mecanismos para limitar la asistencia y aumentar la presión diplomática y económica sobre los países que figuran en la lista, aunque, en esta ocasión, la administración consideró “vital para los intereses nacionales estadounidenses” mantener ciertos programas de ayuda en Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela.

La decisión oficial incluye el compromiso de trabajar junto a los gobiernos socios, pero insiste en que la falta de avances concretos podría derivar en la imposición de sanciones y otras medidas unilaterales. El documento final será publicado en el Federal Register y enviado al Congreso estadounidense, junto con los memorandos de justificación requeridos por la ley.