El gobierno de Estados Unidos retiró este jueves la propuesta impulsada por la administración de Joe Biden para que las aerolíneas compensaran económicamente a los pasajeros por retrasos significativos y cancelaciones de vuelos atribuibles a las propias compañías, informó Reuters. La iniciativa pretendía alinear la legislación estadounidense con los sistemas de compensación ya vigentes en la Unión Europea, Canadá, Brasil y Reino Unido, donde se otorgan pagos directos a los usuarios afectados.
El plan, presentado en mayo de 2023 y luego sometido a consulta pública, proponía una indemnización en efectivo de entre 200 y 775 dólares. Esta se aplicaría a retrasos en vuelos superiores a tres horas y a cancelaciones que pudieran atribuirse a la aerolínea. Actualmente, la ley estadounidense solo exige el reembolso del precio del billete en caso de cancelación, sin contemplar pagos adicionales si el vuelo no es cancelado, pero sí retrasado.
Según el documento oficial del Departamento de Transporte, la decisión de archivar la propuesta se tomó en concordancia con las prioridades actuales tanto del departamento como de la administración. Con esta acción, los pasajeros estadounidenses seguirán sin acceder a reglas de compensación similares a las que disfrutan usuarios en otras regiones.
Debate entre la industria aérea y los defensores del consumidor en torno a la propuesta retirada
La reacción en la industria fue inmediata, Airlines for America, organización que representa a American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines y otras compañías, consideró acertada la retirada de la regulación. Señaló que “la revisión de regulaciones innecesarias y onerosas que exceden la autoridad del departamento no resuelve cuestiones importantes para los clientes”, según Reuters.
Las aerolíneas argumentaron que una medida así habría provocado un aumento en los costos operativos, con un consecuente efecto sobre los precios de los boletos. También objetaron la viabilidad técnica y financiera de implementar los reembolsos automáticos. Las compañías norteamericanas mantienen que cualquier regulación adicional comprometería la flexibilidad tarifaria y la competitividad del sector.
En contraste, defensores de los consumidores y miembros del anterior gobierno han lamentado esta decisión. El exasesor económico Bharat Ramamurti afirmó, en palabras recogidas por Reuters, que la compensación habría entregado “dinero real en manos de los viajeros” y reducido la frecuencia de retrasos y cancelaciones.
Revisiones adicionales a regulaciones sobre tarifas y venta de boletos
Junto con la retirada de esta propuesta, el Departamento de Transporte comunicó que evalúa revocar regulaciones publicadas en abril de 2024 bajo la administración de Biden. Aquellas exigían a aerolíneas y agencias informar todas las tasas y recargos junto al precio base de los boletos. Esta norma, concebida para evitar sorpresas en el coste final de los billetes, se mantiene en suspenso por decisión judicial mientras la industria impugna su legalidad.
La cartera de Transporte indicó que busca “reducir cargas regulatorias innecesarias” y que se encuentra en proceso de redactar nuevas reglas sobre el concepto de “cancelación de vuelo” que da derecho a reembolso, y de revisar los lineamientos sobre precios y publicidad de boletos aéreos.
Un portavoz del actual secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró a Reuters que el departamento implementa “todas las exigencias de protección al consumidor impuestas por el Congreso”, aunque cuestiona las regulaciones que exceden los requisitos legales.
Cambio de rumbo en las demandas judiciales contra aerolíneas y políticas del sector
La administración del actual gobierno federal ha avanzado en deshacer otras medidas adoptadas durante el mandato de Biden, según Reuters. En mayo pasado, el Departamento de Justicia retiró una demanda contra Southwest Airlines presentada en los días finales del mandato anterior, en la que se acusaba a la compañía de operar sistemáticamente vuelos que sufrían retrasos ilegales.
En 2022, las principales aerolíneas estadounidenses se comprometieron voluntariamente a cubrir gastos de comidas, alojamiento y otros costos derivados de interrupciones causadas por sus operaciones. El giro en las políticas regulatorias evidencia un nuevo equilibrio entre la protección al consumidor y la preocupación del gobierno por reducir cargas sobre la industria aérea nacional.
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