
(Desde Washington, Estados Unidos) La compleja situación política en Haití, a merced de pandillas armadas que trafican estupefacientes y asesinaron a 5.600 civiles inocentes en 2024, ya se transformó en una crisis de seguridad para la administración Trump.
En este contexto, Estados Unidos junto a Panamá propuso al Consejo de Seguridad de la ONU que se cree una “Fuerza de Supresión de Pandillas” para derrotar al crimen organizado en Haití.
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Sería una misión de 5.500 efectivos con capacidad de arresto y equipada con fuerza letal para combatir a las bandas de narcotraficantes.
El proyecto conjunto de Estados Unidos y Panamá también establece la creación de una oficina de la ONU en Haití para garantizar el apoyo logístico y operativo.
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La creación de un bureau de Naciones Unidas en Puerto Príncipe también es una iniciativa clave. Hasta ahora, todo se manejó a la distancia y la burocracia jugó a favor de las bandas criminales.
Por ejemplo: Haití recibió una flota de autos como donación, pero las llaves de esos vehículos tardaron meses en llegar a Puerto Príncipe.
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El Consejo de Seguridad de la ONU tiene cinco miembros permanentes con poder de veto: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Si cualquiera de los miembros permanentes veta un proyecto, la iniciativa diplomática bajo tratamiento cae indefectiblemente.
Donald Trump tiene el apoyo de Emmanuel Macron y Keir Starmer, pero necesita el respaldo de Xi Jinping y Vladimir Putin, que están enfrentados con el Presidente de Estados Unidos.
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Xi cuestiona los aranceles impuestos a las exportaciones chinas, y Putin aguarda que la Casa Blanca promueva nuevas sanciones contra Rusia por la invasión del Ejército Rojo a Ucrania.
Si la votación en el Consejo de Seguridad fuera hoy, la iniciativa de Estados Unidos sería vetada por Moscú y Beijing.
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Entonces, el objetivo básico de la administración Trump es lograr que China y Rusia se abstengan, cuando se ponga a consideración el proyecto presentado en la ONU.
La actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití termina su mandato a principios de octubre, y la intención de Washington es tener la Fuerza de Supresión de Pandillas antes que concluya 2025.
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Pero la ofensiva diplomática de la Casa Blanca para lograr una fuerza represiva en Haití no termina en las Naciones Unidas.
La Misión Permanente de Estados Unidos en la OEA presentó un proyecto en el foro regional para lograr su apoyo a la iniciativa que tratará el Consejo de Seguridad de la ONU en los próximos días.
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“Para lograr nuestro objetivo colectivo de reforzar la seguridad de Haití, solicitamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que apruebe la resolución por la que se establece una Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas para Haití y se transforma la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF)”, sostiene el artículo 3 de la iniciativa que presentó Estados Unidos en la OEA.
Y completó: “Esta nueva misión contará con mejores recursos y equipamiento para hacer frente a la amenaza que representan las pandillas, aprovechando las capacidades únicas de apoyo logístico de Naciones Unidas. Los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) están dispuestos a apoyar esta misión necesaria para asegurar la paz y la seguridad en nuestro Hemisferio.
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La intención de la Casa Blanca es lograr que el Consejo Permanente de la OEA apruebe mañana su iniciativa sobre Haití. Es una pretensión diplomática que hasta anoche se encontraba en estado gaseoso.
La agenda regional de Donald Trump es cuestionada en la OEA por Brasil, Colombia y México, que tienen una peculiar mirada ideológica sobre las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Desde esta perspectiva, a priori, la propuesta de Estados Unidos sobre Haití es asumida con cierto recelo por las misiones en la OEA que responden a las órdenes directas de Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.
Asimismo, con lógico rigor diplomático, un bloque importante de países más alejados de la posición dictatorial de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega se preguntaban este fin de semana cuál sería el alcance político y militar de la iniciativa de Estados Unidos en la ONU.
El texto presentado ante el Consejo de Seguridad es escueto y formal.

La aprobación del proyecto de Estados Unidos es una prueba de fuego para Albert Ramdin, secretario General de la OEA.
El secretario de Estado, Marco Rubio, tienen muchísimas dudas respecto a la importancia geopolítica de la OEA, y una derrota frente a la reluctancia de Brasil, México y Brasil fortalecería su pensamiento crítico.
Con todo, Ramdin tiene dos ventajas a favor: su pertenencia al CARICOM le otorga un fuerte soporte político, y el proyecto se aprueba por consenso. Eso implica que no hay votación para dirimir en público las diferencias diplomáticas.
Ramdin podría lograr un consenso con el CARICOM, Argentina, Paraguay, Panamá, Ecuador, El Salvador, Uruguay y Perú, y así evitar que la iniciativa de Estados Unidos se vaya a pique.
El debate es mañana, y el final está abierto.
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