El Gobierno de Estados Unidos autorizó recientemente a la agencia de migración federal (ICE) el uso de uno de los sistemas de vigilancia digital más potentes del mundo.
El procedimiento se ejecutó tras la reactivación de un contrato firmado con la firma israelí Paragon Solutions, que permitirá a los agentes migratorios utilizar el programa Graphite, un software capaz de interceptar y controlar virtualmente cualquier dispositivo móvil, incluso sobrepasando aplicaciones con cifrado de extremo a extremo.
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La decisión surge después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) revisara la conformidad del contrato con los lineamientos federales que restringen la compra y uso de herramientas de espionaje digital.
La alianza entre el gobierno estadounidense y Paragon Solutions fue objeto de suspensión a finales de 2024, bajo la administración de Joe Biden, hasta su revisión final. El monto de la adjudicación asciende a dos millones de dólares.
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De acuerdo con documentos públicos de adquisición analizados por el diario The Guardian, el ICE queda así habilitado para operar Graphite, un sistema que posibilita rastrear ubicaciones, extraer mensajes y archivos, acceder a imágenes y a información almacenada en aplicaciones cifradas como WhatsApp o Signal. El software también permite emplear el micrófono del teléfono atacado de modo remoto.
Jack Poulson, periodista especializado y autor del boletín All-Source Intelligence Substack, fue el primero que documentó el caso tras revisar los registros de contratación. Tanto Paragon Solutions como ICE optaron por no brindar versiones públicas tras los recientes señalamientos, según el reporte.
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El debate de los riesgos de seguridad
La autorización federal revive el debate sobre la utilización de spyware extranjero en agencias de seguridad de Estados Unidos. En el pasado, el gobierno estadounidense mostró reservas al adquirir tecnología digital desarrollada fuera de su territorio, por los eventuales riesgos de seguridad que conlleva.
“Mientras el mismo software mercenario se venda a varios gobiernos, será un riesgo contradeinteligencia inherente”, explicó John Scott-Railton, investigador principal del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en declaraciones reunidas por The Guardian. “Todos esos gobiernos sabrán ahora cuál es la herramienta secreta de vigilancia digital que utiliza Estados Unidos, y podrán saber cómo detectarla o rastrear su uso”.
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La administración de Joe Biden había impulsado una orden ejecutiva destinada a delimitar el alcance de la vigilancia digital en el ámbito federal. El documento presidencial estableció la prohibición del uso operacional de software considerado riesgoso para los intereses de seguridad o que pueda facilitar prácticas inadecuadas por parte de actores extranjeros.
Además, la Casa Blanca colocó a la empresa NSO Group, principal rival de Paragon, en la lista negra del Departamento de Comercio, argumentando que proporcionó tecnología a gobiernos que emplearon estas herramientas para atacar a periodistas y activistas.
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Paragon Solutions, ahora bajo matriz estadounidense, procuró diferenciarse de NSO. En su descargo, la compañía aseguró que solo celebra acuerdos con gobiernos democráticos y mantiene una política intransigente de cancelar contratos si detecta usos dirigidos contra periodistas o miembros de la sociedad civil, aunque se abstuvo de revelar el listado de clientes y admitió no poder auditar el empleo que dan los gobiernos a sus programas.
Según The Guardian, este nuevo avance tecnológico otorga a la agencia estadounidense una capacidad sin precedentes para intervenir comunicaciones privadas y vigilar movimientos. Scott-Railton advirtió que “estas herramientas se crearon pensando en dictaduras, no en sociedades civiles construidas sobre la libertad y la protección de derechos individuales”.
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Hasta el momento, la Casa Blanca no ha divulgado detalles sobre mecanismos de control externo para el uso de spyware en organismos federales.
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