La localidad de Gloucester Township, en el estado de Nueva Jersey, decidió implementar una ordenanza que permite sancionar a los padres de menores por conductas disruptivas de sus hijos en espacios públicos.
La medida, aprobada por el consejo municipal el 28 de julio, establece que los padres podrán enfrentar desde multas económicas hasta penas de cárcel si sus hijos crean disturbios durante eventos comunitarios o en sitios públicos.
Según informó ABC News, la iniciativa surgió tras una serie de incidentes durante el festival anual que la municipalidad organiza en junio de 2024. El jefe de la Policía de Gloucester Township, David Harkins, explicó en entrevista al citado medio que la decisión contó con un respaldo mayoritario entre los habitantes: “hemos recibido un apoyo abrumador de nuestra comunidad. La gente reconoce la necesidad de la responsabilidad parental“.
La situación que motivó la normativa ocurrió alrededor de las 21:00, cuando un grupo de al menos 500 jóvenes alteró abruptamente el desarrollo del evento comunitario mientras los asistentes aguardaban un espectáculo de drones en el parque local.
El canal WPVI de Filadelfia reportó que la policía debió solicitar refuerzos a otras localidades ya que, durante más de dos horas, la situación se tornó ingobernable. Según la cobertura de ABC News, los jóvenes, algunos trasladados al municipio en servicios de rideshare, incurrieron en actitudes violentas y agresivas.
El comisario Harkins describió el contexto: “durante mis treinta años como oficial de policía nunca viví algo similar: el nivel de irrespeto y comportamiento violento arruinó un evento familiar“.
Los agentes resultaron insultados, escupidos y recibieron agresiones físicas, lo que derivó en al menos 12 detenciones, entre ellas 10 menores de entre 13 y 17 años. Por esa causa, el municipio suspendió la edición de este año de la tradicional Gloucester Township Day.
La nueva ordenanza estipula que, en caso de una primera infracción, las autoridades podrán ordenar que los padres o tutores supervisen personalmente al menor implicado. En una segunda ocasión, la normativa contempla multas de hasta 2.000 dólares estadounidenses, penas de hasta 90 días de privación de libertad o ambas sanciones conjuntas.
Frente a las críticas de algunos sectores, quienes advierten que arrestar a padres podría generar situaciones traumáticas para otras criaturas en la familia, el jefe policial remarcó que la sanción no busca, en primer término, la prisión: “no estamos buscando encerrar a nadie. Se trata de advertir a los padres y garantizar el debido proceso“, sostuvo Harkins para ABC News.
Desde la Policía local aseguraron que, al momento, no se ha iniciado ningún proceso judicial contra padres desde la puesta en vigor de la ley. Tanto el jefe policial como voceros oficiales recordaron que la medida prioriza la prevención frente a la judicialización.
Describieron que habitualmente los padres desconocen las actividades y compañías de sus hijos adolescentes, lo que a criterio del municipio constituye parte del problema. "Muchas veces, al entrevistar a los padres, no sabían con quién estaban sus hijos ni qué hacían. Eso debe cambiar“, subrayó Harkins.
La medida incluye un sistema de advertencia y acompañamiento: la policía entrega folletos informativos y notificaciones escritas a las familias cuyo hijo sea aprehendido en este tipo de episodios.
Además, la municipalidad dispone de servicios de apoyo, entre ellos un trabajador social y cursos específicos para padres que enfrentan dificultades con el comportamiento de sus hijos.
El titular policial expresó que reconocen la complejidad de la tarea de criar adolescentes y dieron señales de que la estrategia combina sanción y orientación: “sabemos que ser padre es un desafío, por eso ofrecemos ayuda a quien la necesite“, puntualizó el jefe policial.
La prioridad del municipio continúa centrada en evitar el ingreso de menores al sistema penal, buscando reforzar mecanismos de implicación parental para reducir incidentes violentos en el espacio público. La autoridad local y la Policía esperan que la ordenanza funcione como un mecanismo preventivo y disuasorio de nuevos disturbios colectivos.
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