La justicia federal en el sur de Texas declaró culpables a los propietarios de una panadería local por alojar a trabajadores indocumentados en su establecimiento de Los Fresnos, a pocos kilómetros de la frontera con México.
El veredicto alcanza a Leonardo Baez y su esposa, Nora Alicia Ávila, quienes también deberán enfrentar una condena por conspirar para transportar migrantes sin papeles. El caso se enmarca en los primeros procesos contra empleadores bajo la intensificación de la ofensiva migratoria implementada por la administración de Donald Trump.
Según reportó The New York Times, el juicio se llevó a cabo en la ciudad fronteriza de Brownsville, donde un jurado consideró que el matrimonio, inmigrantes mexicanos y residentes legales, incurrió en violaciones a la ley federal al permitir que al menos ocho personas sin autorización laboral ocuparan tanto puestos de trabajo como un espacio para dormir en la propia propiedad.
Las autoridades presentaron registros y fotografía de una pequeña habitación con seis colchones dispuestos en el suelo que, de acuerdo con la acusación, se destinaba a hospedar a empleados sin documentos.
La acusación formal señala que los dueños de Abby’s Bakery no solo conocían la condición migratoria de los trabajadores, sino que además facilitaron su estadía. “Sus acciones no solo violan las leyes migratorias federales, sino que explotan a personas vulnerables para su propio beneficio económico”, expresó Craig Larrabee, responsable de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio.
Añadió que el fallo “envía un mensaje claro: quienes fomentan el tráfico y alojamiento de migrantes indocumentados serán investigados, procesados y sancionados”.
Así fue el operativo
El operativo tuvo lugar el 12 de febrero, poco después del inicio del segundo mandato del presidente Trump. Agentes armados ingresaron en la panadería, situada junto a una carretera transitada, y escoltaron fuera del local a varios trabajadores esposados.
Una vecina documentó la escena: “se llevaron a todos los empleados de aquí, de Abby’s. Miren cómo los sacan”, relató mientras grababa el procedimiento en video, según el testimonio recogido por The New York Times. Distintas voces de la comunidad fronteriza expresaron malestar por el desarrollo y las posibles consecuencias del caso.
Sylvia Gonzalez-Gorman, politóloga experta en migración de la Universidad de Texas del Valle del Río Grande, advirtió que se trata de un juicio poco habitual y con potencial de convertirse en antecedente.
Para la especialista, “lo que inquieta es que este caso haya terminado en un juicio. A grandes empresas que emplean indocumentados normalmente se les imponen multas, no riesgo de cárcel”, manifestó en entrevista con el diario neoyorquino.
La panadería gestionada por la pareja, abierta hace casi 15 años, es considerada un negocio emblemático en Los Fresnos, una localidad de mayoría latina donde residen aproximadamente 8.500 habitantes. La redada impactó profundamente a la comunidad, dividió a familias y generó sensación de inseguridad entre inmigrantes regulares e irregulares.
Durante el proceso, los fiscales mostraron documentos que probaban que Baez y Avila llevaban años con prácticas de contratación fuera del marco legal.
Según lo presentado en tribunales, ambos reconocieron que los empleados “estaban en los Estados Unidos en contravención de la ley, y los acogieron en propiedad de su pertenencia”. Tras la intervención de las fuerzas federales, la pareja reabrió la panadería con siete trabajadores en regla, todos ellos familiares.
La versión de la familia
En entrevistas con The New York Times, la familia defendió su trayectoria como migrantes que buscaron el progreso tras llegar desde Ciudad Victoria, en el estado fronterizo de Tamaulipas. Leonardo Baez recordó: “desde que abrimos, nunca dejaron de llegar los clientes. Dios nos ha bendecido así”.
La familia atribuye su éxito a los años de trabajo y sacrificio, desde la venta ambulante de pan en México hasta lograr alquilar un local en Los Fresnos con ayuda de préstamos de la iglesia, y posteriormente adquirir el centro comercial donde hoy se encuentra la panadería.
El tribunal programó la audiencia de sentencia para noviembre. El matrimonio enfrenta penas de hasta 10 años de prisión y podría perder su residencia legal en Estados Unidos.
La resolución judicial ha generado preocupación sobre el futuro del negocio y la permanencia de la familia en el país, así como inquietud entre comerciantes e inmigrantes en la región fronteriza, expuestos a un clima de creciente control migratorio.
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