La comparecencia de funcionarios de Kerr County ante una sala repleta en Kerrville expuso las tensiones sobre la gestión de la catástrofe del 4 de julio, en la que el desbordamiento del río Guadalupe provocó la muerte de 108 personas y arrasó comunidades enteras en la región de Texas Hill Country.
La explicación principal llegó de boca del coordinador de emergencias del condado, William B. Thomas IV, quien atribuyó su inacción a una enfermedad que lo mantuvo en cama justo cuando la tragedia golpeaba.
“Quiero abordar directamente las preguntas sobre mi paradero”, dijo Thomas, quien asumió el cargo de coordinador de gestión de emergencias en 2015. El funcionario explicó que había planeado ausentarse el 3 de julio por compromisos familiares con su padre y que, debido a una enfermedad “en progreso”, permaneció todo ese día en casa sin incorporarse a las llamadas de coordinación del Centro de Gestión de Emergencias de Texas, programadas para las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.
Thomas defendió que su ausencia era conocida por sus supervisores y relató que apenas estuvo despierto brevemente a las 2:00 de la tarde, en un momento en que no se pronosticaba lluvia local significativa. Posteriormente, volvió a dormir hasta que su esposa lo despertó a las 5:30 de la mañana del 4 de julio, cuando las inundaciones ya habían devastado zonas como Hunt y varios campamentos y parques de casas rodantes en las orillas del río.
Sobre la emisión de alertas, Thomas sostuvo ante los legisladores: “más avisos desde el condado habrían sido redundantes, ya que el Servicio Meteorológico Nacional ya había activado varias alertas” y añadió que de los 19 campamentos de la zona, solo seis habían presentado planes de emergencia ante las autoridades. No especificó si Camp Mystic, donde murieron 28 personas, era uno de ellos, aunque registros estatales indican que sí contaba con un plan.
La sesión, que se prolongó por más de 12 horas, estuvo marcada por la indignación de los residentes y duros cuestionamientos de los legisladores. Ann Johnson, representante demócrata de Houston, subrayó la falta de liderazgo en los momentos más críticos: “Las tres personas en Kerr County responsables de dar la alarma estaban, efectivamente, indisponibles”.
Según Johnson, el juez del condado estaba fuera, el sheriff no se despertó hasta las 4:20 a.m. y el coordinador de emergencias dormía por enfermedad.
El propio juez del condado, Rob Kelly, reconoció ante la comisión que se encontraba en una segunda residencia en Lake Travis cuando la severidad de las inundaciones se hizo evidente. Solo regresó a Kerr County al percatarse de la magnitud de la crisis.
Sus declaraciones motivaron un duro reproche del vicegobernador Dan Patrick: “Juez Kelly, nunca lo vi el primer día. Vine desde Austin y hablé con el sheriff, con el alcalde, tuvimos reuniones aquí. Usted debería haber estado aquí dirigiendo la respuesta”.
La falta de reacción contrastó con la rápida movilización de funcionarios en el vecino Kendall County. El juez de ese condado, Shane Stolarczyk, relató que el encargado de emergencias local, Brady Constantine, sí participó en las llamadas estatales del 3 de julio y, ante la inquietud por las condiciones meteorológicas, comenzó a movilizar recursos desde las cuatro de la mañana del 4 de julio.
La audiencia
En la audiencia, testigos recordaron que la primera llamada de auxilio desde Camp Mystic ocurrió a las 3:57 a.m., cuando la fuerza del agua ya era imparable.
Preguntado por posibles medidas de prevención, el alcalde de Kerrville, Joe Herring Jr., defendió la necesidad de instalar un sistema de aviso por sirenas antes del próximo verano y solicitó asistencia estatal para su financiación. “Necesitamos su ayuda para lograr este objetivo”, manifestó ante los legisladores.
El senador republicano Paul Bettencourt se mostró favorable a que el Congreso apruebe la creación de estos sistemas: “probablemente aprobaremos estas leyes y desplegaremos los sistemas”, declaró. No obstante, funcionarios como el sheriff del condado, Larry Leitha, pusieron en duda la eficacia de esas soluciones ante escenarios tan extremos: “no sé si las sirenas habrían cambiado el desenlace. El agua llegó demasiado rápido”.
El manejo del desastre ha motivado críticas a la Autoridad del Alto Río Guadalupe, organismo que en repetidas ocasiones ha solicitado fondos estatales para desarrollar un sistema de alerta de inundaciones, sin éxito hasta ahora. La posibilidad de disolver esta autoridad e integrarla en una entidad mayor fue una de las propuestas lanzadas durante la sesión.
Tanto el vicegobernador Patrick como el presidente de la Cámara de Representantes, Dustin Burrows, manifestaron su compromiso de tomar medidas legislativas para mejorar la respuesta a este tipo de emergencias, aunque advirtieron que los cambios podrían extenderse más allá del periodo extraordinario de 30 días convocado por el gobernador Greg Abbott.
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