Las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU indican un mayor escrutinio sobre el sector financiero de México

*Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly

Desde el primer día de la segunda presidencia de Trump, su administración ha estado totalmente enfocada en México y la actividad de los cárteles. Hasta ahora, la campaña de Trump contra el narcotráfico se ha limitado en gran medida a acciones legales contra contrabandistas de dinero, capos y los propios miembros de los cárteles.

Sin embargo, las recientes medidas de control contra empresas mexicanas podrían tener profundas implicaciones para las compañías que operan en México. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas el 25 de junio, prohibiéndoles transferir fondos hacia y desde estas entidades.

El Tesoro calificó las órdenes como “históricas” y la FinCEN las calificó de “sin precedentes”. Las sanciones representan el primer uso de una nueva y poderosa autoridad legal: la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos (FEND).

Adoptada en 2024, esta legislación otorga al Tesoro la facultad de imponer medidas especiales contra instituciones financieras, transacciones o cuentas que sean motivo de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos.

Lo que hace que este desarrollo sea especialmente sorprendente no es la aplicación de una nueva ley, sino que el gobierno estadounidense ha perseguido a empresas reconocidas y legítimas de la economía mexicana por presuntas actividades relacionadas con cárteles. Ahora es evidente que cualquier empresa involucrada en negocios transfronterizos entre Estados Unidos y México podría ser investigada.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las sanciones durante una conferencia de prensa el 26 de junio, afirmando que el Departamento del Tesoro no había aportado ninguna prueba del presunto lavado de dinero. Añadió que “México debe ser respetado” y que “no somos la piñata de nadie”.

Un nuevo enfoque de cumplimiento

En una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente Trump, instruyó al Departamento de Estado de EEUU a designar a ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTF) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED), y muchas de las entidades finalmente designadas operan en México. Desde entonces, el Fiscal General, el Fiscal General Adjunto y el Jefe de la División Penal del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) han emitido memorandos y directrices que instan a los fiscales del DOJ a priorizar la investigación del narcotráfico, el tráfico de personas y los delitos violentos cometidos por organizaciones criminales transnacionales, guiados por la directiva de “eliminación total de los cárteles”.

El Departamento de Justicia (DOJ) y el Tesoro siguieron el ejemplo rápidamente. En marzo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a seis personas y siete entidades presuntamente involucradas en lavado de dinero a gran escala para el Cártel de Sinaloa. En mayo de 2025, la OFAC y la FinCEN identificaron a miembros y entidades asociadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) e involucradas en esquemas de contrabando de crudo huachicol, descritos como una fuente de ingresos para el cártel. También en mayo de 2025, el DOJ acusó formalmente a un ciudadano mexicano, presunto traficante de personas, en el primer cargo de apoyo material al terrorismo del CJNG.

Las órdenes de FinCEN del 25 de junio, por el contrario, se aplican a tres actores importantes y de buena reputación en el sector de servicios financieros mexicanos: CIBanco SA , Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa, SA de CV CIBanco respondió a las órdenes de FinCEN el mismo día, declarando que la firma “no mantiene relaciones comerciales ilegales y reitera su cumplimiento de todas las directrices establecidas por las autoridades competentes”.

Intercam declaró públicamente: “Nuestro objetivo es colaborar de manera constructiva con las autoridades, proteger los intereses de nuestros clientes y continuar promoviendo la transparencia y la confianza en el sistema financiero mexicano”. Vector también emitió un comunicado de prensa declarando que “rechaza categóricamente cualquier acusación que comprometa su integridad institucional”.

Se trata de firmas que fungen como fideicomisarios confiables para proyectos importantes, cuentan con prestigiosos abogados y empresarios en sus consejos de administración y mantienen relaciones duraderas con importantes multinacionales. Distan mucho de ser organizaciones que sirven simplemente como fachada del crimen organizado o que operan en la sombra transfronteriza. Por ello, el anuncio ha conmocionado a la economía mexicana.

Posibles efectos descomunales

Se conocen pocos detalles sobre el tipo de presunta conducta en la que se basan las órdenes de la FinCEN, que afirma que cada institución es una “preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”. Encontró “motivos razonables” para concluir que las organizaciones facilitaron el tráfico de opioides, incluyendo la facilitación de transacciones que financiaron la importación de precursores químicos. Cabe destacar que, ese mismo día, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México emitió un comunicado informando que no había recibido ninguna prueba que vinculara a las organizaciones con actividades ilícitas.

En cierto modo, las sanciones de la FinCEN son específicas. Las restricciones se aplican únicamente a ciertas instituciones financieras estadounidenses, como bancos, casas de bolsa, comisionistas de futuros, corredores de materias primas, fondos mutuos y empresas de servicios monetarios. Estas instituciones solo tienen prohibido realizar transferencias de fondos hacia o desde las tres entidades mexicanas. De lo contrario, las empresas pueden seguir operando con ellas, abrir cuentas o utilizarlas para servicios como operaciones bursátiles o como fideicomisarios.

Pero en la práctica, las órdenes pueden tener un efecto desproporcionado y devastador. Las empresas que utilicen cuentas de las entidades designadas y deseen realizar transferencias hacia y desde Estados Unidos deberán abrir nuevas cuentas en nuevos bancos. Las empresas que prestan servicios a los bancos podrían tener dificultades para cobrar, dependiendo de cómo se estructuren las cuentas por cobrar.

Otros bancos podrían ralentizar o incluso rechazar una transacción legal que involucre a una de estas organizaciones si necesitan tiempo para realizar una diligencia debida exhaustiva o perciben riesgos simplemente demasiado altos. Visa ya tomó la medida unilateral de cerrar su plataforma para todas las transacciones internacionales relacionadas con tarjetas de crédito emitidas por CIBanco. Fitch rebajó la calificación de las tres instituciones financieras dos días después del anuncio de las sanciones.

Como resultado de las órdenes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México también ha intervenido y ahora está supervisando a las tres entidades, lo que podría ayudar a estabilizarlas, pero también podría resultar en obstáculos burocráticos adicionales al tratar con ellas.

También parece que existe un continuo intercambio de ideas entre los gobiernos de Estados Unidos y México sobre este tema. FinCEN anunció la concesión de una prórroga de 45 días adicionales para la entrada en vigor de las órdenes. Afirmó que esta prórroga temporal se debía a que “el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo la asunción temporal de la gestión de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito". No obstante, algunos afirman que el daño a estas tres instituciones ya está hecho.

Mirando hacia el futuro

¿Qué les espera a las empresas involucradas en negocios mexicanos? El gobierno estadounidense está listo para actuar contra cualquier actor vinculado a la actividad de los cárteles, no solo contra los propios cárteles o sus aliados cercanos. La aplicación de la ley puede centrarse en las instituciones financieras que ayudan a lavar dinero, las empresas que brindan apoyo material a organizaciones criminales designadas y las empresas que pagan sobornos en relación con la actividad de los cárteles.

Los controles corporativos tradicionales, diseñados para prevenir pagos y transacciones ilícitas con entidades sancionadas, si bien desempeñan un papel importante en la gestión de estos nuevos riesgos, podrían resultar insuficientes. Las empresas que operan en México deberían evaluar activamente sus controles actuales frente a los nuevos riesgos para garantizar que sus programas de cumplimiento estén correctamente calibrados. Sobre todo, las empresas deberían asumir que esto es solo el comienzo de un nuevo y agresivo panorama de cumplimiento normativo en Estados Unidos.