El Departamento de Justicia de Estados Unidos pide reinstalar los cargos contra Kilmar Abrego García, el salvadoreño deportado por error

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió el lunes 17 de agosto reinstalar los cargos criminales contra el ciudadano salvadoreño Kilmar Abrego García. La solicitud oficial se presentó ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito con el objetivo de revertir un fallo previo que calificó el proceso judicial como “un acto de venganza institucional”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló un fallo que desestimó cargos de tráfico humano contra Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado por error en 2025. Un juez federal consideró que las acusaciones eran una represalia por su victoria legal previa, mientras que el gobierno sostiene que el procesamiento es legítimo y necesario para la seguridad pública.

El origen de una persecución judicial inusual

El caso de Abrego García destaca en el sistema legal estadounidense por la acusación de “enjuiciamiento vindicativo”. Este término técnico describe situaciones donde el gobierno procesa a una persona no por un delito sólido, sino como castigo por haber ejercido sus derechos legales o haber ganado una demanda contra el Estado.

En mayo de 2026, el juez federal Waverly Crenshaw determinó que la fiscalía actuó bajo este principio de represalia. El magistrado concluyó que, si el inmigrante no hubiera impugnado con éxito su expulsión del país, el gobierno jamás habría presentado los cargos de tráfico de personas que ahora intenta restablecer.

Según documentos judiciales del caso, la acusación por presunto contrabando de personas se originó durante un control de carretera en Tennessee en noviembre de 2022. Aunque la policía local sospechó en ese momento de la transportación ilegal de migrantes, las autoridades federales no presentaron cargos formales en su momento y mantuvieron el expediente en pausa durante años.

La deportación por error y el peligro de muerte

Kilmar Abrego García es un padre de familia que residía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Hace más de una década huyó de El Salvador tras recibir amenazas directas de muerte por parte de pandillas, un hecho que un juez de inmigración reconoció al otorgarle protección legal para permanecer en el país.

Pese a contar con una orden judicial que prohibía su expulsión, la administración de Donald Trump lo deportó en marzo de 2025 debido a lo que el gobierno calificó como un “error administrativo”. Esta acción obligó al hombre a regresar al entorno peligroso del que había escapado años atrás.

El propio gobierno tuvo que admitir ante los tribunales que la expulsión fue un fallo de sus sistemas, ya que ignoraron la protección judicial vigente que resguardaba la vida del salvadoreño.

Tras una batalla legal que llegó a la Corte Suprema, el sistema judicial ordenó al gobierno estadounidense retornar a Abrego García al país. Fue precisamente en el momento de su regreso ordenado por los tribunales cuando la fiscalía decidió reactivar la investigación de 2022 y acusarlo formalmente de delitos graves.

Los argumentos de la fiscalía y la defensa

El fiscal federal Braden Boucek sostuvo en el escrito de apelación que el gobierno tiene un interés legítimo en procesar a cualquier persona que represente un riesgo para la seguridad pública. Según informó Telemundo, la fiscalía niega que exista una intención de castigo y afirma que el regreso del acusado simplemente permitió retomar un caso pendiente.

El Departamento de Justicia argumentó ante la corte de apelaciones que el fallo del juez Crenshaw confunde las consecuencias de una disputa civil con un deseo de venganza. Para los fiscales de carrera, existen pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del hombre más allá de toda duda razonable en el caso de tráfico humano.

Por su parte, el equipo de defensa calificó la postura del gobierno como “totalmente errónea” en declaraciones recogidas por CBS News. Los abogados señalaron que el proceso se inició bajo instrucciones directas de la Casa Blanca después de que su cliente ganara su caso ante la Corte Suprema, lo que refuerza la tesis de la represalia política.

Un futuro incierto entre Tennessee y Liberia

Mientras la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito decide si reinstala los cargos criminales, el ciudadano salvadoreño enfrenta otra amenaza legal en Maryland. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intenta deportarlo nuevamente, pero esta vez hacia Liberia, un país africano con el que el acusado no tiene ningún vínculo.

Un juez federal bloqueó temporalmente este intento de expulsión hacia África, una maniobra que la defensa describe como otro esfuerzo del gobierno por deshacerse de un testigo incómodo de los errores del sistema. La jueza Paula Xinis ha señalado anteriormente que no existen fundamentos legales para mantener al hombre bajo custodia.