Los sobrevivientes de los incendios en California se ven obligados a vivir en casas con alta contaminación

Los supervivientes de los incendios en California se han visto obligados a vivir en viviendas contaminadas con sustancias tóxicas tras los incendios, mientras las aseguradoras demoran o niegan el pago de indemnizaciones y la limpieza, lo que ha desencadenado demandas y una creciente indignación social.

“Seis toneladas de plomo fueron liberadas solo en el incendio de Altadena, provenientes de la pintura con plomo, y esa contaminación se dispersó, según los análisis, a kilómetros de distancia.” Así lo advirtió Bryan Aylstock, socio fundador de Aylstock Witkin Kreis & Overholtz y miembro del California Fire Victims Law Center, en declaraciones a Newsweek.

El experto subrayó que “no existe un nivel seguro de plomo, especialmente para los niños”, y alertó sobre el riesgo de perder a toda una generación de residentes si las aseguradoras no cumplen con su deber de informar, realizar pruebas y garantizar la limpieza de los hogares afectados.

Luis Cazares, uno de los pocos propietarios cuya casa permaneció en pie tras los incendios que devastaron su comunidad al noreste de Los Ángeles en enero, experimentó primero alivio y luego consternación al descubrir que su vivienda estaba cubierta de cenizas tóxicas de plomo, lo que la hacía inhabitable.

“Vimos la casa en pie y me alegré, pero sentí culpa porque solo mi casa seguía en pie y ninguno de mis vecinos estaba a salvo”, relató a Newsweek. La situación empeoró cuando comprobó que el seguro no cubriría la limpieza de los residuos tóxicos.

El California FAIR Plan, aseguradora de último recurso en el estado, ofrece cobertura contra incendios a quienes no pueden acceder al mercado privado, aunque con prestaciones más limitadas. Cazares, que había solicitado el cambio de techo justo antes del incendio, vio cómo su vivienda quedaba expuesta a hollín, cenizas y escombros, agravando la contaminación.

Las lluvias posteriores provocaron el colapso del techo. “Cada vez que iba a la casa, había un nuevo trozo de techo en el suelo. Supuse que era consecuencia directa del incendio, pero el seguro se negó a pagar”, explicó.

Tras presentar su reclamación, Cazares esperó durante meses. “Decían: vuelve en dos semanas, vuelve en dos semanas. Pasaron casi cuatro o cinco meses hasta que finalmente decidieron pagarme una cantidad muy pequeña, USD 55,000, y solo USD 7,000 por los daños”, detalló.

Un contratista había estimado el coste de reparación en 250,000 dólares. “Ahí fue cuando dije: necesito un abogado, porque con este seguro no voy a llegar a ningún lado. Siguen negándose a pagar, incluso para limpiar la casa”, afirmó.

El seguro, según Cazares, le sugirió que realizara él mismo la limpieza de las sustancias tóxicas. Además, rechazó cubrir la reposición de muebles y colchones contaminados, argumentando que, al no haberse quemado, no correspondía indemnización.

“Prueba tras prueba han demostrado que el 100 % de las casas de la zona presentan contaminación tóxica por plomo”, señaló Eric Stracener, abogado de Cazares y miembro del California Fire Victims Law Center. “Sus límites de seguro eran 500,000 dólares para la estructura. Y le pagaron 7,000 dólares”.

El 2 de mayo, Cazares, con el apoyo del bufete de Stracener, presentó una demanda contra el California FAIR Plan por mala fe y ruptura de contrato. Newsweek contactó a la aseguradora para solicitar comentarios.

El caso de Cazares no es aislado. Otros supervivientes, como la pareja de Pacific Palisades Scott y Lissette Jungwirth, también demandaron al California FAIR Plan en mayo, alegando retrasos en los pagos y falta de entrega de documentos. Aunque su casa no se quemó, quedó inhabitable por la presencia de plomo, cianuro y metales pesados.

Han tenido que alojarse en hoteles, alquileres temporales y casas de familiares durante meses, sin recibir aún compensación. La demanda de los Jungwirth acusa a la aseguradora de incumplimiento de contrato y otras irregularidades que violarían las leyes de protección al consumidor de California.

Stracener afirmó que la aseguradora actuó de forma similar con Cazares. “Cuarenta días es el plazo máximo para que tomen una decisión sobre la reclamación de Luis. Se pasaron mucho de los 40 días. No recuerdo la fecha exacta, pero quiero decir que fueron cerca de 80 días”, explicó.

Cazares presentó una queja formal por el comportamiento del FAIR Plan, que Stracener calificó como “un ejemplo claro” de violación de los derechos de los asegurados al prolongar los plazos y aumentar la presión sobre los propietarios. Según el abogado, esta táctica busca que los afectados acepten indemnizaciones inferiores a las que les corresponden legalmente.

“La gente ha dado semanas y meses a la aseguradora para que actúe correctamente, y ahora reciben negativas definitivas. Tras tanto tiempo, las compañías han alargado y rebajado el proceso. Por suerte, California cuenta con leyes de consumo muy favorables”, añadió.

Demandas similares se han presentado contra otras aseguradoras, como State Farm, la mayor aseguradora de viviendas de California, que ahora enfrenta una investigación de los reguladores estatales tras numerosas quejas de clientes.

Aylstock también denunció la falta de intervención de las aseguradoras para limpiar el hollín, cenizas y residuos tóxicos, así como la ausencia de pruebas mínimas que permitan a los propietarios regresar a sus viviendas con seguridad.

Los afectados se ven forzados a elegir entre exponer a sus familias a riesgos sanitarios o esperar meses a que se resuelvan sus reclamaciones. “Las casas quedaron contaminadas y eso debe limpiarse”, insistió Aylstock.