Gobierno de EEUU analiza asignar a miles de agentes del FBI en control migratorio

Un memorando interno obtenido por NBC News revela que la administración del expresidente Donald Trump ha instruido al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a reasignar una parte considerable de sus agentes a tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias. El documento, fechado en mayo de 2025, señala que el 45% del personal de las 25 oficinas de campo más grandes del FBI deberá trabajar a tiempo completo en operativos migratorios.

De acuerdo con el mismo informe, esta directiva incluye la creación de nuevas escuadras dentro del FBI para colaborar con las funciones de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En Los Ángeles, por ejemplo, se conformarán nueve nuevos equipos dedicados a identificar y detener a personas que han excedido el plazo legal de permanencia en el país, sin necesidad de que tengan antecedentes penales.

El memorando coincide con una propuesta de reducción del 5% al presupuesto del FBI y con una solicitud para que más de 600 empleados considerados elegibles para la jubilación anticipada consideren retirarse del servicio. Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente la autenticidad del documento, pero varias fuentes periodísticas han respaldado la existencia de la política descrita.

¿Qué implica la reasignación de agentes del FBI a tareas migratorias?

Según la investigación publicada por NBC News el 14 de mayo de 2025, el cambio representa un ajuste estructural dentro del FBI. Las nuevas funciones incluyen operativos dirigidos a personas que han perdido su estatus migratorio por vencimiento de visas o permanencia irregular. La colaboración del FBI con las oficinas de ICE se centrará en reforzar los operativos de remoción, particularmente en áreas metropolitanas con alta concentración de población migrante.

NBC News destaca que esta política se extiende a los principales centros urbanos donde operan las oficinas de campo del FBI, incluyendo Nueva York, Chicago, Miami y Houston. En estos lugares, se espera que casi la mitad del personal se dedique a tareas relacionadas con la ejecución de la ley migratoria de forma exclusiva.

El cambio de enfoque ha generado inquietud entre exfuncionarios del FBI y organizaciones de derechos civiles, debido al posible desvío de recursos que tradicionalmente se emplean en investigaciones de terrorismo, crimen organizado, delitos financieros y ciberseguridad.

¿Cómo afectará la reasignación de agentes del FBI a otras investigaciones?

Reuters informó el 12 de mayo de 2025 que fuentes internas del FBI han confirmado que los agentes recibirán nuevas instrucciones operativas para concentrarse en casos migratorios. Aproximadamente un tercio del tiempo laboral de los agentes será redirigido hacia este tipo de actividades, en detrimento de otras investigaciones, según personas con conocimiento directo del plan.

El informe de Reuters señala que esta reorientación estará vigente, al menos, hasta finales de 2025. Además, se anticipan retrasos en investigaciones sobre fraudes financieros, corrupción pública y otros delitos complejos que requieren personal especializado.

El mismo medio reportó que varios agentes han expresado preocupaciones internas sobre la viabilidad de continuar con casos activos, particularmente aquellos que involucran redes transnacionales de delitos financieros y narcotráfico, en los que la continuidad de los equipos de investigación es esencial.

DHS otorga nuevas funciones migratorias a otras agencias federales

Según The Wall Street Journal, otro memorando firmado por el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, otorga atribuciones migratorias formales a otras agencias que usualmente no desempeñan estas tareas. Entre las entidades incluidas están la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El documento permite que agentes de estas agencias federales participen directamente en operativos de detención y deportación. Aunque legalmente ya tienen autoridad bajo el Título 8 del Código de EE.UU., hasta ahora se habían mantenido al margen de este tipo de operativos.

Este rediseño operativo busca ampliar la capacidad de ejecución de ICE mediante el uso de recursos humanos de otras entidades federales con presencia en todo el país.

¿Qué papel tendrán las fuerzas de tarea conjuntas en las operaciones migratorias?

Politico informó que el Departamento de Justicia, bajo la dirección del fiscal general adjunto interino Emil Bove, instruyó a las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo (JTTF) del FBI a colaborar en la agenda migratoria de la administración Trump. Estas fuerzas incluyen agentes de distintas agencias federales, así como policías locales y estatales.

En varios estados, sin embargo, existen leyes que impiden a las autoridades locales participar en la aplicación de leyes migratorias, en el marco de las denominadas ciudades santuario. Estas restricciones podrían limitar la ejecución de la política en jurisdicciones como California, Illinois o Nueva York, según expertos citados por el mismo medio.

La directiva también ha sido motivo de debate sobre la legalidad de usar recursos destinados a contraterrorismo para propósitos distintos sin aprobación presupuestaria específica.

Impacto comunitario y respuestas de organizaciones civiles

Según NBC News, organizaciones comunitarias han señalado que la política podría tener un efecto inhibidor en la denuncia de delitos por parte de comunidades migrantes. Juan José Gutiérrez, portavoz de la coalición Full Rights for Immigrants, declaró que el desvío de recursos del FBI hacia tareas migratorias plantea dudas sobre la atención que se dará a investigaciones de seguridad nacional.

Connie Chung Joe, directora ejecutiva de Asian Americans Advancing Justice Southern California, indicó que su organización ha documentado casos en los que incluso personas con visas válidas o residencia legal permanente han sido interrogadas por agentes federales, lo que ha generado temor y desconfianza en las comunidades.

Estas observaciones se suman a las preocupaciones sobre la falta de transparencia operativa en la implementación de la política y la ausencia de lineamientos públicos por parte de los organismos involucrados.