El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) mantiene activa desde el verano pasado una investigación criminal contra UnitedHealth Group, centrada en posibles fraudes relacionados con su programa Medicare Advantage, según reportó The Wall Street Journal.
Este programa, que representa versiones privatizadas de Medicare para personas mayores de 65 años, es utilizado por más de ocho millones de beneficiarios, consolidando a UnitedHealth como el mayor proveedor de esta modalidad en el país.
La naturaleza exacta de las alegaciones penales sigue sin estar clara, pero el medio señala que la división de fraude en el sector sanitario del DOJ está liderando esta pesquisa, localizada en las oficinas de Nueva York.
El enfoque principal sería la documentación de diagnósticos médicos que habrían generado cobros excesivos al gobierno federal. Personas familiarizadas con el caso afirman que las prácticas cuestionables de diagnóstico han implicado un incremento de miles de millones de dólares en costos para los contribuyentes.
Según el Wall Street Journal, este tipo de investigaciones busca determinar si los incentivos para documentar condiciones médicas más graves han sido utilizados indebidamente.
En un comunicado recogido por Newsweek, UnitedHealth Group afirmó no haber sido notificada por el Departamento de Justicia sobre dicha investigación. Además, calificó los reportes al respecto como “profundamente irresponsables”.
“Sostenemos la integridad de nuestro programa Medicare Advantage”, declaró la compañía, reafirmando que el programa brinda mejores resultados de salud y costos más asequibles para millones de estadounidenses.
La investigación criminal no es el único problema legal que enfrenta la empresa. Según detalla The Wall Street Journal, UnitedHealth también ha sido objeto de investigaciones civiles y de posibles violaciones antimonopolio.
Un caso destacado data de 2017, cuando el gobierno se sumó a una demanda presentada originalmente en 2011 por un exempleado que actuó como denunciante. Este caso alegaba que UnitedHealth habría sometido diagnósticos por valor de hasta 2.000 millones de dólares que no estaban respaldados por los historiales médicos de los pacientes.
No obstante, en marzo de este año, un maestro especial recomendado por el tribunal sugirió que esta demanda fuera desestimada debido a la falta de pruebas suficientes por parte del gobierno. A pesar de ello, el Departamento de Justicia solicitó al juez que rechazara dicha recomendación, dejando el caso en curso.
La compañía ha enfrentado también otros desafíos significativos en los últimos meses. Su reputación ha sufrido un impacto considerable tras el asesinato de Brian Thompson, jefe de su unidad de seguros, y una serie de problemas técnicos en su división tecnológica, Change Healthcare, que retrasaron pagos a proveedores médicos por varios meses.
En lo financiero, UnitedHealth ha experimentado una caída acumulada de más del 50% en el valor de sus acciones durante el último mes, incluyendo una disminución del 16% el jueves pasado, situando su precio más bajo desde 2020.
Otra novedad que marca el difícil momento de la empresa es la reciente renuncia de su director general, Andrew Witty, quien dejó el cargo abruptamente esta semana por razones personales. Fue sucedido por Stephen Hemsley, expresidente ejecutivo de la compañía, quien simultáneamente continuará como presidente de la junta directiva.
Este cambio generó reacciones en los mercados, mientras la empresa suspendió sus proyecciones financieras para 2025, citando mayores costos médicos y expansiones en las prestaciones ofrecidas.
En otro frente, integrantes del Congreso y la administración han mostrado una postura crítica hacia las aseguradoras que operan en Medicare Advantage. En marzo, el director de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, enfrentó cuestionamientos en el Senado sobre los hallazgos del Wall Street Journal acerca de las prácticas de empresas como UnitedHealth. Oz se comprometió a tomar medidas más estrictas para supervisar estos programas.
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