El Gobierno de Estados Unidos, a través de su portavoz Karoline Leavitt, criticó este martes el fallo judicial que dejó sin efecto la orden del presidente Donald Trump de cancelar el programa migratorio conocido como ‘parole humanitario’, que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En una rueda de prensa, Leavitt señaló directamente a la jueza Indira Talwani, calificándola de “rebelde” y anunciando que la Casa Blanca apelará la decisión.
“Otra jueza distrital rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno. Lucharemos en contra en los tribunales”, declaró Leavitt al referirse a la magistrada del estado de Massachusetts, quien fue nominada al cargo durante la presidencia de Barack Obama.
La jueza Talwani dictaminó que el Gobierno federal no puede revocar anticipadamente el ‘parole humanitario’, un beneficio migratorio instaurado por la administración de Joe Biden en 2022 para ciudadanos venezolanos y ampliado en 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Según el fallo, los permisos concedidos bajo ese programa deben mantenerse vigentes hasta la fecha límite de los dos años otorgados originalmente a cada beneficiario, y no pueden ser anulados de forma colectiva sin una revisión individual.
“El Gobierno debe respetar el período autorizado para cada beneficiario, tal como fue aprobado en el marco del programa migratorio establecido”, indicó la jueza en su resolución.
El ‘parole humanitario’, también denominado CHNV por las iniciales de los países involucrados, permite a personas de esos cuatro países solicitar desde sus lugares de origen un permiso para ingresar legalmente a EEUU, siempre que cuenten con un patrocinador con residencia legal en el país. Una vez aprobada su entrada, los beneficiarios pueden residir y trabajar legalmente por un período de hasta dos años.
La medida fue parte de una estrategia del Gobierno de Biden para reducir los cruces fronterizos irregulares mediante la apertura de vías legales de ingreso. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por la secretaria Kristi Noem en la actual administración, había justificado su revocación señalando que el programa “no aporta un beneficio público significativo y no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal”.
En octubre de 2024, semanas antes de las elecciones presidenciales, el Gobierno de Biden había anunciado que el programa no se renovaría, lo que implicaba que los beneficiarios no podrían extender su estatus legal más allá de los dos años iniciales. Sin embargo, esa decisión no afectaba a quienes ya habían recibido el permiso. La nueva orden del Gobierno de Trump, prevista para entrar en vigor el 24 de abril, buscaba revocar incluso los permisos vigentes.
La decisión judicial impide ahora que esa revocación se aplique de forma masiva, lo que deja sin efecto, por el momento, cualquier medida que conlleve la deportación anticipada de los más de 530.000 beneficiarios actuales.
La respuesta de la Casa Blanca al fallo fue inmediata. Además de cuestionar públicamente la autoridad de la jueza, la administración republicana confirmó que presentará una apelación ante una instancia superior, con el objetivo de avanzar en su política de deportaciones y recorte de beneficios migratorios otorgados durante el Gobierno anterior.
La actual administración ha trazado una política migratoria orientada a reducir significativamente la población migrante en situación irregular y a revertir varios mecanismos creados durante el mandato de Biden. Entre sus principales propuestas figura la deportación de más de 11 millones de personas que residen sin estatus legal en EEUU, así como la eliminación de vías de entrada como el ‘parole’ o ciertos programas de reunificación familiar.
El programa CHNV fue implementado en un contexto de crecientes flujos migratorios desde el hemisferio occidental, con un enfoque en permitir el ingreso controlado de migrantes previamente autorizados, en vez de que estos intenten cruzar la frontera de forma irregular. Las solicitudes debían realizarse desde el país de origen y requerían el aval de un patrocinador, quien debía comprometerse legalmente con la manutención del beneficiario.
La anulación de ese programa —o su recorte anticipado— había sido motivo de críticas por parte de organizaciones humanitarias y sectores migrantes. La decisión judicial ahora da un respiro a los beneficiarios, al menos hasta que se resuelva la apelación anunciada por la Casa Blanca. Mientras tanto, el debate sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos continúa siendo uno de los temas centrales en la agenda política de cara a las elecciones generales.
(Con información de EFE)
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