El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos pausó una orden de regreso de un inmigrante deportado por error a El Salvador

El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, suspendió el lunes una orden judicial que exigía el regreso inmediato a Estados Unidos de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño radicado en Maryland que fue deportado por error a una prisión conocida por albergar a miembros de pandillas en El Salvador, según documentos judiciales revisados por la agencia de noticias AP.

La medida de Roberts responde a una apelación de emergencia presentada por el Departamento de Justicia, que cuestionó una orden emitida por la jueza federal de distrito Paula Xinis. La jueza había instruido al gobierno federal a “facilitar y efectuar” el regreso de Ábrego García antes de la medianoche del lunes. Según los argumentos del gobierno, Xinis habría excedido su autoridad judicial al exigir el retorno de una persona que ya no está bajo custodia estadounidense.

Ábrego García, de 29 años, contaba con un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional y trabajaba como aprendiz de hojalatero. Según sus abogados, su esposa es ciudadana estadounidense y él no tiene antecedentes penales. En 2019, un juez de inmigración había prohibido expresamente su deportación a El Salvador debido al riesgo de persecución por parte de pandillas, decisión que fue ignorada cuando fue detenido y deportado el mes pasado.

El propio gobierno reconoció el error. Durante una audiencia judicial, un abogado del Departamento de Justicia admitió que Ábrego García no debió ser deportado. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, posteriormente removió de sus funciones al abogado Erez Reuveni, quien quedó bajo licencia.

A pesar de esta admisión, el Departamento de Justicia defendió su apelación ante la Corte Suprema señalando que el individuo “ya no se encuentra bajo custodia de Estados Unidos” y que, por tanto, no puede obligarse al gobierno a organizar su regreso. En documentos judiciales, el procurador general D. John Sauer calificó la orden de Xinis como “manifiestamente ilegal” y como parte de “un diluvio de órdenes judiciales ilegales” que habrían frenado la agenda migratoria del expresidente Donald Trump.

La jueza Xinis respondió que la deportación parece haber sido “totalmente ilegal”, argumentando que no existe evidencia creíble de que Ábrego García haya pertenecido a la pandilla MS-13, como alegó la Casa Blanca, que describió el caso como un “error administrativo”.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, rechazó una solicitud del gobierno para suspender la orden de retorno. “No hay duda de que el gobierno cometió un error aquí”, escribió el juez J. Harvie Wilkinson, en una opinión que acompañó la decisión unánime.

Los abogados de Ábrego García insistieron ante la Corte Suprema que el Ejecutivo no puede ignorar decisiones judiciales. “El poder ejecutivo no puede aprehender a individuos de las calles, depositarlos en prisiones extranjeras en violación de órdenes judiciales, y luego invocar la separación de poderes para proteger sus medidas ilegales del escrutinio judicial”, escribieron.

De forma paralela, el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema autorización para reanudar deportaciones de inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, también con destino a la prisión salvadoreña a la que fue enviado Ábrego García, en base a una ley del siglo XVIII relacionada con tiempos de guerra.

La decisión definitiva de la Corte Suprema sobre el retorno de Ábrego García sigue pendiente.

(Con información de Reuters y AFP)