
El presidente Donald Trump firmó el pasado martes 18 de febrero una orden ejecutiva que busca reducir de manera significativa los costos asociados a la fertilización in vitro (FIV). Según informó The New York Times, la medida solicita la elaboración de un informe con recomendaciones políticas para garantizar el acceso a este tratamiento y disminuir los gastos de bolsillo y los costos en los planes de salud.
El documento deberá ser presentado en un plazo de 90 días por el asistente presidencial de política doméstica. Aunque la orden ejecutiva no introduce cambios inmediatos en las políticas existentes, tampoco aborda algunas de las promesas de campaña realizadas por Trump, como la posibilidad de hacer que este tratamiento sea completamente gratuito.
La iniciativa, sin embargo, ha generado expectativas y reacciones diversas en un país donde el acceso a la FIV sigue siendo limitado y costoso para muchas familias.
La firma de esta orden ejecutiva se produce en un escenario político y social marcado por debates sobre los derechos reproductivos. Tras la revocación de Roe v. Wade en 2022 por parte de la Corte Suprema, una decisión que Trump ha atribuido a su influencia, surgieron preocupaciones sobre el futuro de los tratamientos de fertilidad.

Estas inquietudes se intensificaron en febrero de 2024, cuando la Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados deben ser considerados como niños, lo que podría tener implicaciones legales para la FIV.
Durante su campaña, Trump expresó su apoyo a los tratamientos de fertilidad y, en un evento centrado en temas femeninos en octubre de 2024, se autodenominó en tono jocoso como el “padre de la FIV”. En el verano de ese mismo año, prometió que, de ganar las elecciones, obligaría a las aseguradoras o al gobierno federal a cubrir todos los costos relacionados con la fertilización in vitro. Sin embargo, la orden ejecutiva firmada recientemente no menciona esta propuesta ni detalla cómo se podrían financiar tales medidas.
El uso creciente de la fertilización in vitro
Aunque la FIV no es el método más común entre las parejas que buscan concebir, su uso ha aumentado en los últimos años. Según datos del Pew Research Center, en 2023, el 42% de los adultos en Estados Unidos afirmó haber utilizado tratamientos de fertilidad o conocer a alguien que lo haya hecho, lo que representa un incremento del 33% en comparación con cinco años atrás.
Sin embargo, este tratamiento sigue siendo más accesible para personas de ingresos altos, lo que refleja una brecha económica en el acceso a la atención reproductiva. El costo de una sola ronda de FIV puede alcanzar los 25.000 dólares, y el éxito no está garantizado, lo que obliga a muchas parejas a someterse a múltiples ciclos.

Cobertura de seguros y desafíos legislativos
El acceso a la FIV en Estados Unidos depende en gran medida del tipo de seguro médico y del estado de residencia de los pacientes. Según la orden ejecutiva, solo un pequeño número de estados exige algún tipo de cobertura para la FIV en los planes de seguros regulados a nivel estatal, y apenas una cuarta parte de los empleadores ofrece este beneficio. Esto deja a millones de personas sin acceso a tratamientos asequibles.
Implementar una cobertura universal para la FIV, ya sea a través del gobierno o de las aseguradoras, implicaría superar importantes obstáculos legislativos. Financiar estos tratamientos con fondos públicos requeriría la creación de un sistema de salud de pagador único para esta condición específica, lo que demandaría la aprobación del Congreso y la asignación de recursos para una nueva división gubernamental.
Por otro lado, obligar a las aseguradoras a cubrir la FIV implicaría modificar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) para incluir este tratamiento en la lista de servicios preventivos gratuitos para mujeres, algo que también enfrentaría resistencia política.
El medio destacó que los republicanos en el Congreso no han respaldado consistentemente las propuestas relacionadas con la FIV. En 2023, votaron en contra de dos proyectos de ley que buscaban proteger la legalidad de este tratamiento, lo que refleja una falta de consenso dentro del partido sobre este tema.

La caída de la tasa de natalidad
La orden ejecutiva de Trump también hace referencia a su interés por aumentar la natalidad en el país, un tema que ha defendido públicamente. Las tasas de fertilidad en Estados Unidos han disminuido de manera constante desde la década de 1960, con una aceleración en la caída tras la Gran Recesión de 2008.
Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2023, la tasa de fertilidad total alcanzó un mínimo histórico de 1.616,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres, muy por debajo del nivel necesario para mantener el tamaño de la población, que es de 2.100 nacimientos por cada 1.000 mujeres.
La orden ejecutiva ha sido recibida con cautela por expertos y defensores de los derechos de los pacientes. Barbara Collura, directora ejecutiva de la organización de defensa de pacientes Resolve, calificó la medida como “un primer paso” y expresó su intención de trabajar con la administración para proponer cambios políticos concretos. “Queremos responsabilizar a la administración”, afirmó, destacando que su organización ya ha desarrollado propuestas que podrían ser implementadas.
Por su parte, la doctora Lucky Sekhon, especialista en fertilidad en Nueva York, expresó su apoyo a cualquier iniciativa que amplíe el acceso a la FIV, pero advirtió que una orden ejecutiva por sí sola no resolverá los problemas estructurales del sistema de atención reproductiva.
En un video publicado en redes sociales, señaló que los altos costos de bolsillo y las dificultades para obtener cobertura médica adecuada son barreras significativas para los pacientes. “Con demasiada frecuencia, la cobertura de seguros que existe contradice lo que realmente recomendamos médicamente”, explicó.
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