Los fiscales del caso Menéndez denuncian represalias y discriminación en el condado de Los Ángeles

Dos fiscales del condado de Los Ángeles, Brock Lunsford y Nancy Theberge, presentaron notificaciones legales en las que acusan al fiscal de distrito Nathan Hochman y al fiscal adjunto John Lewin de represalias, difamación y discriminación.

Según informó el medio local, Los Angeles Times, los fiscales aseguran que estas acciones ocurrieron tras su recomendación de volver a sentenciar a los hermanos Erik y Lyle Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989. Este caso, que ha captado la atención pública durante décadas, podría cambiar en una audiencia programada para el 20 de marzo.

De acuerdo con los documentos presentados, Lunsford y Theberge argumentaron en octubre pasado que el encarcelamiento de los hermanos Menéndez ya no servía a los intereses de la justicia.

Su recomendación se basó en una ley estatal que permite revisar sentencias en casos donde se considere que el castigo es excesivo o desproporcionado. Además, señalaron nuevas acusaciones de abuso sexual contra José Menéndez, padre de los condenados, como un factor clave para reconsiderar la sentencia. Sin embargo, tras la victoria electoral de Hochman en noviembre, ambos fiscales fueron reasignados a puestos que describen como degradantes y alejados de sus responsabilidades previas.

Un caso que divide opiniones dentro y fuera de la fiscalía

El caso de los hermanos Menéndez ha sido objeto de controversia desde su inicio. En 1989, Lyle Menéndez, de 21 años, y Erik Menéndez, de 18, asesinaron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills. Durante el juicio inicial, la defensa argumentó que los hermanos actuaron en defensa propia tras años de abusos sexuales por parte de su padre.

Sin embargo, los fiscales sostuvieron que el motivo principal era el lucro, ya que los Menéndez buscaban heredar la fortuna familiar. El primer juicio terminó en un jurado dividido, pero en 1996, un segundo juicio excluyó gran parte de las pruebas relacionadas con las denuncias de abuso, lo que resultó en la condena de ambos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En los últimos años, el caso ha resurgido en el interés público gracias a documentales y nuevas evidencias presentadas por los abogados de los hermanos. El exfiscal de distrito George Gascón respaldó la petición de una nueva sentencia antes de dejar el cargo, argumentando que las circunstancias del caso ameritaban una revisión.

Sin embargo, esta decisión generó divisiones dentro de la oficina del fiscal de distrito, donde algunos altos funcionarios, incluido el supervisor de Lunsford y Theberge, se opusieron a la medida.

Tras asumir el cargo, Hochman inició una serie de cambios en la estructura de la fiscalía, lo que incluyó la reasignación de Lunsford y Theberge.

Según los avisos de demanda revisados por Los Angeles Times, Lunsford, quien había trabajado en la oficina desde el año 2000, fue transferido a un puesto de “adjunto de calendario” en un tribunal de Norwalk, un rol que describió como indeseable y alejado de sus funciones previas como jefe de la unidad de resentencias.

Por su parte, Theberge fue enviada a la oficina del defensor público alternativo, a pesar de haber recibido una evaluación de desempeño ejemplar un día antes de que Gascón presentara la petición de nueva sentencia.

El abogado de ambos fiscales, Justin Shegerian, calificó estas acciones como represalias motivadas políticamente. Según declaraciones recogidas por la BBC, Shegerian afirmó que sus clientes simplemente estaban cumpliendo con la ley estatal al recomendar una nueva sentencia para los hermanos Menéndez. “Eran dos personas que estaban haciendo su trabajo”, señaló.

Además de las reasignaciones, Lunsford y Theberge acusan a Lewin, un aliado político de Hochman, de difamarlos públicamente. Según los documentos legales, Lewin habría utilizado redes sociales para cuestionar la integridad profesional de Theberge, afirmando que “no tenía interés en la justicia” y que “quería liberar a criminales”.

En el caso de Lunsford, Lewin lo habría comparado con un “colaborador nazi”, utilizando el término “quisling”, que históricamente se refiere a personas que colaboraron con fuerzas de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial.

Lewin, conocido por su estilo combativo tanto en el tribunal como en internet, ha sido un crítico abierto de la decisión de volver a sentenciar a los hermanos Menéndez. Lewin, quien recientemente se unió al equipo que procesa al rapero ASAP Rocky, se limitó a decir: “Dejaré que los hechos hablen”, cuando se le preguntó sobre las acusaciones en su contra.

Familiares de los Menéndez piden justicia

La controversia también ha generado reacciones entre los familiares de los hermanos Menéndez. Casi dos docenas de parientes se reunieron con Hochman a principios de este mes para solicitar la liberación de Erik y Lyle.

“La decisión de apartar a estos dedicados fiscales del caso subrayó exactamente lo que temíamos, que las influencias políticas pudieran eclipsar la justicia”, señalaron.

Por otro lado, algunos críticos han cuestionado la decisión de Hochman de contratar a Kathy Cady, una exfiscal y defensora de los derechos de las víctimas que se opone a la liberación de los hermanos Menéndez, para supervisar la oficina de servicios a las víctimas. Hochman ha asegurado que Cady está excluida de cualquier revisión relacionada con el caso.

Shegerian sostiene que las acusaciones de sus clientes califican como denuncias de represalias bajo la ley estatal, ya que la normativa de nueva sentencia les exigía buscar un castigo menor para los hermanos Menéndez. “Esto no es solo una cuestión de política interna, sino de cumplimiento de la ley”, afirmó.

A medida que se acerca la audiencia del 20 de marzo, el destino de los hermanos Menéndez sigue siendo incierto. Aunque Hochman ha señalado que revisará el caso en detalle, expertos legales coinciden en que la decisión final recaerá en un juez, quien podría aceptar o rechazar la recomendación de una nueva sentencia. Mientras tanto, el caso continúa generando debate sobre la justicia, la política y el impacto de las decisiones legales en casos de alto perfil.