Una de las principales empresas de telecomunicaciones en EEUU enfrenta demanda colectiva por supuestos cargos engañosos

T-Mobile, uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes de Estados Unidos, enfrenta una demanda colectiva presentada en California en octubre de 2024. El caso, liderado por 23 demandantes, alega que la compañía utiliza prácticas de facturación engañosas al incluir cargos disfrazados de tarifas gubernamentales en sus facturas. Este caso se centra en un cargo denominado “Regulatory Programs and Telco Recovery Fee” (RPTR Fee), que los demandantes aseguran no es transparente y viola las leyes de protección al consumidor.

El cargo RPTR Fee, que asciende a USD 3.49 por línea al mes, es descrito por T-Mobile como un costo operativo relacionado con su infraestructura de red. Sin embargo, los demandantes sostienen que se presenta erróneamente como una tarifa obligatoria impuesta por el gobierno. Además, señalan que la empresa realiza ajustes en este cargo sin previo aviso a los consumidores, lo que ha provocado críticas sobre la falta de claridad y la posibilidad de engaño deliberado.

Este caso se suma a otros desafíos legales enfrentados por T-Mobile en los últimos años, incluyendo denuncias relacionadas con ciberseguridad y promociones incumplidas de precios garantizados. La demanda colectiva busca compensaciones económicas, cobertura de costos legales y mayor transparencia en las políticas de facturación de la compañía.

Prácticas de facturación de T-Mobile bajo escrutinio

La demanda colectiva presentada en California argumenta que el cargo RPTR Fee se agrupa junto a impuestos y tarifas reguladoras en las facturas, lo que genera confusión entre los clientes. Según documentos revisados por Top Class Actions, los demandantes consideran que la presentación de este cargo viola las leyes de protección al consumidor al inducir a error sobre su naturaleza y propósito.

T-Mobile, en su sitio web oficial, explica que el RPTR Fee no es un impuesto ni un cargo regulatorio, sino una tarifa operativa destinada a cubrir gastos relacionados con su red. No obstante, los demandantes sostienen que la descripción del cargo no es lo suficientemente explícita y que la empresa ha ajustado su monto en repetidas ocasiones sin informar previamente a los clientes, reportó Ars Technica.

Intentos fallidos de arbitraje con los demandantes

En 2023, los consumidores involucrados en el caso intentaron resolver la disputa mediante arbitraje individual a través de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA). Sin embargo, según Top Class Actions, T-Mobile no participó en el proceso ni asumió los costos correspondientes, lo que llevó al cierre de los procedimientos. Este antecedente ha sido presentado como evidencia de que la compañía no abordó de manera adecuada las quejas presentadas por sus clientes.

Demandas colectivas previas contra T-Mobile

Este no es el primer caso legal al que T-Mobile se enfrenta en relación con sus políticas de facturación. En julio de 2024, la empresa fue demandada por aumentar los precios de planes que habían sido promocionados como de “precio garantizado de por vida”, según reportó Ars Technica. Además, en 2021, T-Mobile fue objeto de críticas por un ciberataque que expuso los datos personales de millones de clientes, lo que generó sanciones y recomendaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones.

Acusaciones similares en la industria de telecomunicaciones

El caso de T-Mobile destaca un problema más amplio dentro de la industria de telecomunicaciones. Según la FCC, cargos similares han sido implementados por otros operadores como Verizon, que enfrenta cuestionamientos legales por su “Administrative and Telco Recovery Charge”. La práctica de agrupar tarifas operativas con impuestos gubernamentales en las facturas ha generado demandas y multas en el pasado, como lo detalla la FCC en sus reportes de cumplimiento regulatorio.

Reacciones de organismos gubernamentales

La FCC y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) han instado repetidamente a las compañías de telecomunicaciones a adoptar prácticas de facturación más transparentes. En 2022, la FCC emitió lineamientos recomendando que las empresas detallen de manera clara el propósito de cada cargo en las facturas, como consta en sus reportes anuales. Estos organismos continúan monitoreando casos como el de T-Mobile para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor.

T-Mobile enfrenta demandas colectivas mientras busca defender su posición

A pesar de las cláusulas en los términos de servicio de T-Mobile que obligan a los consumidores a resolver disputas a través de arbitraje y renuncian al derecho a demandas colectivas, el caso actual plantea interrogantes sobre la validez de estas disposiciones en situaciones que afectan a grandes grupos de clientes. Según lo informado por Ars Technica, la decisión final recaerá en el tribunal, que determinará si las acciones de T-Mobile violaron las normativas de protección al consumidor.