Desde el sábado 16 de noviembre, entró en vigor en Nueva York la Clean Slate Act (Ley de Borrón y Cuenta Nueva), una ley que sella automáticamente ciertos antecedentes penales, permitiendo que más de 2 millones de personas calificadas accedan a nuevas oportunidades laborales, educativas y de vivienda. La medida busca reducir las barreras que enfrentan quienes han cumplido sus condenas, mientras reserva el acceso a los registros sellados para investigaciones legales y empleos en sectores sensibles.
La Ley de Borrón y Cuenta Nueva, promulgada por la gobernadora Kathy Hochul en 2023, tiene como fin principal aliviar las limitaciones que enfrentan quienes tienen antecedentes penales, permitiéndoles reintegrarse a la sociedad. Según sus promotores, la ley responde a una necesidad estructural, dado que el 77% de las condenas en el estado son por delitos menores, afectando principalmente a personas que nunca han cometido un delito grave.
Aunque el sellado es automático bajo ciertas condiciones, los registros seguirán siendo accesibles para la policía, procesos legales y empleadores en sectores sensibles, como la educación y la atención a poblaciones vulnerables. La ley establece plazos claros para el sellado de antecedentes: tres años después de una condena por delitos menores y ocho años en el caso de delitos graves, siempre que no se esté en libertad condicional, bajo libertad vigilada ni enfrentando cargos adicionales. Sin embargo, delitos graves como el homicidio y los crímenes sexuales no son elegibles para este beneficio.
De acuerdo con ABC News Nueva York, los tribunales y agencias responsables tienen hasta 2027 para completar el proceso de sellado de los expedientes, aunque el beneficio ya es efectivo para quienes cumplan con los requisitos.
Los defensores de la Clean Slate Act destacan los beneficios económicos y sociales que conlleva. Según un análisis del Comptroller de la Ciudad de Nueva York, esta medida podría beneficiar a entre 500.000 y 2 millones de personas, la mayoría provenientes de comunidades afroamericanas, latinas e hispanas. Este grupo podría generar hasta 2.400 millones de dólares adicionales en ingresos anuales, contribuyendo más de 7.000 millones de dólares al crecimiento de la economía estatal.
Además, reducir las barreras de empleo puede disminuir la reincidencia criminal, ya que quienes encuentran estabilidad laboral tienen menores probabilidades de regresar al sistema penal, según CBS News.
Críticas y preocupaciones
A pesar de los beneficios proclamados, la Ley de Borrón y Cuenta Nueva ha enfrentado críticas. Detractores, como el asambleísta Michael Tannousis, argumentan que el sellado automático no distingue entre personas comprometidas con su rehabilitación y aquellas que no han mostrado intención de cambiar. Asimismo, algunos temen que la ley comprometa la seguridad pública al limitar el acceso a antecedentes penales para ciertos empleadores.
Otros críticos cuestionan la pérdida de discreción judicial en la aplicación de esta medida, mientras que organizaciones comunitarias consideran que estos temores son exagerados frente al impacto positivo que puede tener la ley en la reducción de desigualdades.
Las disparidades raciales en el sistema de justicia penal de Nueva York son evidentes. Desde 1980 hasta 2021, el 42% de las condenas registradas en el estado correspondieron a personas afroamericanas, a pesar de que representan solo el 15% de la población. En comparación, las tasas de condena para neoyorquinos blancos son significativamente menores.
Estos datos subrayan cómo los antecedentes penales perpetúan ciclos de pobreza, afectando de manera desproporcionada a comunidades históricamente marginadas. Además, las personas con condenas enfrentan hasta 12.600 millones de dólares en ingresos perdidos anualmente debido a la exclusión laboral.
La ley ha recibido el respaldo de figuras destacadas y grandes corporaciones como Microsoft, Verizon y JPMorgan Chase, así como de sindicatos que representan a más de 2 millones de trabajadores. Estas organizaciones valoran la Ley de Borrón y Cuenta Nueva como una oportunidad para ampliar el grupo de candidatos calificados, especialmente en sectores con alta demanda de empleo.
La implementación de la ley implica la coordinación de agencias judiciales y estatales, con el desafío de sellar millones de registros de aquí a 2027. Si bien el proceso es automático, se han organizado clínicas legales, como la dirigida por el senador estatal Cordell Cleare, para asesorar a los ciudadanos sobre sus derechos bajo la nueva normativa.
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