El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca es una bendición para muchos actores del sector de las criptomonedas que esperan que Estados Unidos se resposicione en este mercado mundial.
El candidato republicano, antes muy opuesto a esta tecnología, prometió en julio hacer de su país “la capital mundial de las criptomonedas”.
Los grupos de apoyo cercanos a las divisas digitales juntaron unos 245 millones de dólares durante la campaña presidencial, según la Comisión Electoral Federal (FEC), la mayor parte destinada a atacar a los demócratas que se oponen al desarrollo de esta tecnología.
Según The Washington Post, apenas fue elegido la semana pasada, el magnate republicano comenzó a buscar perfiles de colaboradores partidarios de las criptomonedas para puestos clave de su futuro gobierno.
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Algunos miembros de su equipo tienen como misión estudiar este mundo de las divisas numéricas para comprender mejor sus expectativas en materia de reglamentación, señaló el diario.
La perspectiva de una nueva presidencia de Trump puso en órbita al bitcoin, la más popular de las criptomonedas, que ganó más de 25% en una semana y el miércoles superó, por primera vez, los 90.000 dólares.
Trump tiene previsto remover de su cargo al presidente del organismo regulador de los mercados financieros (SEC), Gary Gensler, un crítico del sector.
Sin reglamentación clara, este ex banquero eligió un abordaje represivo de las criptomonedas, cuyo funcionamiento pretende reglamentar como productos financieros clásicos.
La SEC llevó así ante la justicia a tres de las mayores plataformas de intercambio: Binance, Coinbase y Kraken, además de a algunas start-up.
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Empujadas al extranjero
“La ausencia de reglas claras no solo ahogó la innovación, sino que llevó a empresas” del sector “a países con legislación más transparente”, consideró Katherine Snow, responsable jurídica de Thesis, que desarrolla aplicaciones en base al bitcoin.
Un proyecto de ley ahora en manos del Senado prevé que sea otro regulador, la CFTC, que se ocupe del sector con una perspectiva más pragmática y menos dogmática.
Este cambio regulatorio podría “acelerar la aprobación de nuevos productos de inversión” y “aumentar el flujo de capitales” al ecosistema de monedas digitales, sostuvo Simon Peters, analista de eToro.
Chandra Duggirala, titular de la incubadora Tides.Network, espera una ruptura con la política del gobierno de Joe Biden, vista como “desfavorable para las criptomonedas en Estados Unidos”.
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En particular, este ejecutivo señaló la presión a los bancos tradicionales para disuadirlos de colaborar con los empresarios de la “blockchain”, la tecnología base de las monedas digitales.
“Quisiéramos que las personas talentosas no se vean intimidadas a la hora de unirse a esta industria”, señaló Burnt Banksy, fundador de la plataforma Xion.
Muchas veces estigmatizado, o presentado como refugio de especuladores e incluso de delincuentes, el mundo de las monedas alternativas espera normalizar su existencia con Donald Trump en la Casa Blanca.
Posible conflicto de interés
Michael Cahill, de Douro Labs, especialista en datos financieros, cree en el compromiso de Trump con las criptomonedas porque “lanzó sus propios proyectos” en este campo.
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En septiembre, el millonario y sus tres hijos se asociaron con varios líderes del sector para lanzar World Liberty Financial, plataforma de colocación y préstamos en criptomonedas.
Esta situación despierta interrogantes sobre posibles conflictos de interés, ya que medidas favorables a las criptodivisas benefician directamente a este emprendimiento del que es parte el presidente electo.
Para los directivos de la plataforma Coinhouse, el gobierno de Trump debería alentar los pagos en “stablecoins”, criptomonedas indexadas a otras divisas, la mayoría de las veces al dólar, lo cual limita mucho su volatilidad.
La legitimación de las criptomonedas beneficiaría también la constitución de reservas nacionales de bitcoins, una alternativa evocada en julio por Donald Trump.
Según Simon Peters, el gobierno posee ya unos 210.000 bitcoins provenientes, esencialmente, de incautaciones en casos judiciales, lo cual representa unos USD 18.000 millones.
Por Thomas Urbain y Lucie Lequier (AFP)
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