En los últimos días, la polémica que rodea la reciente orden del gobernador de California, Gavin Newsom, para desmantelar los campamentos de personas sin hogar en el estado, se intensificó. En ese sentido, las autoridades del Condado de Los Ángeles han decidido desafiar la directiva, adoptando un enfoque diferente, reportó The New York Times.
El martes, la Junta de Supervisores de Los Ángeles aprobó una moción que prohíbe el uso de las cárceles del condado para albergar a personas removidas de sus campamentos. “Solo barrer a las personas de las calles y ponerlas en la cárcel no va a solucionar este problema”, afirmó la supervisora Hilda Solis a NBC News.
La decisión ha sido respaldada por el sheriff del condado, Robert Luna, quien enfatizó que su agencia arrestará a individuos solo si cometen un delito, no simplemente por su situación de vivir en un campamento.
“Ser una persona sin hogar no es un crimen, y mantendremos nuestro enfoque en el comportamiento criminal en lugar del estatus de un individuo”, comentó Luna a The New York Times.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ya había condenado la decisión de Newsom la semana pasada, argumentando que eliminar los refugios improvisados criminalizaría a las personas sin hogar sin abordar eficazmente la crisis de la falta de vivienda.
Bass cree que su programa Inside Safe ha demostrado ser efectivo al ofrecer habitaciones de motel como vivienda temporal, y destacó que según el conteo anual de personas sin hogar realizado en enero, el número total de homeless en la ciudad disminuyó un 2.2 % en comparación con el año anterior.
La moción del martes reflejó la profunda motivación de los líderes locales para alinearse en una estrategia conjunta para un vasto territorio que incluye más de ochenta ciudades y más de 75,000 personas sin hogar. “Algunas cosas, es mejor deliberarlas a nivel local”, manifestó Solis a NBC.
El enfoque del condado, denominado “primero el cuidado”, prioriza los servicios sobre la encarcelación. Luna y los líderes locales subrayaron que tratar a las personas sin hogar de manera humana y sin el espectro de un arresto es crucial.
“La criminalización no es intencionalmente parte del marco del condado porque empeora el problema al crear más barreras en el camino hacia la vivienda”, afirmó a The New York Times Lecia Adams Kellum, directora ejecutiva de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles.
Kathryn Barger, otra supervisora del condado, destacó problemas logísticos y financieros con la directiva de Newsom. “¿Qué se necesitará para aumentar la capacidad y realmente abordar la situación de los campamentos?”, cuestionó Barger. “Y la pregunta es, ¿cuánto va a costar? No tenemos una respuesta”, añadió a NBC.
Newsom emitió la orden ejecutiva en respuesta a un fallo de la Corte Suprema que permitió a los gobiernos mayor autoridad para erradicar campamentos. El gobernador quiere que las agencias estatales despejen campamentos que representan mayores riesgos de seguridad, incluyendo aquellos bajo las autopistas del sur de California.
Por su parte, los gobiernos locales no pueden ser forzados a acatar el decreto, aunque dependen del estado para fondos significativos destinados a servicios para personas sin hogar.
Mientras algunas ciudades como San Francisco han adoptado la orden estatal con entusiasmo, con su alcaldesa prometiendo hacer que las personas sin hogar se sientan tan incómodas en las calles que acepten ofertas de camas en albergues, Los Ángeles mantiene su enfoque en soluciones compasivas, según señaló The New York Times.
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