Estados Unidos “condenó firmemente” este jueves las recompensas ofrecidas por la policía de Hong Kong por la captura de cinco activistas residentes en el extranjero y las calificó de “flagrante desprecio” a las normas internacionales.
“Deploramos toda tentativa de Beijing de aplicar extraterritorialmente la Ley de Seguridad Nacional”, señaló el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller. Añadió que “las autoridades de Hong Kong no tienen jurisdicción dentro de las fronteras de Estados Unidos”.
La policía de Hong Kong ofreció un total de un millón de dólares hongkoneses (unos 129.000 dólares estadounidenses) por información que permita capturar a cinco activistas prodemocracia residentes en el extranjero acusados de delitos contra la seguridad nacional.
Los cinco están acusados de incitación a la secesión, incitación a la subversión y connivencia con fuerzas extranjeras, según Steve Li Kwai-wah, responsable del Departamento de Seguridad Nacional de Hong Kong.
Todos ellos viven en el extranjero desde que el régimen de China impuso una ley de seguridad nacional en 2020 para reprimir a los disidentes tras las masivas protestas prodemocráticas de 2019. Uno de ellos, Frances Hui, obtuvo asilo en Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Estado también aseguró que estos “defensores de la democracia y la libertad seguirán disfrutando de sus libertades y derechos garantizados por la Constitución” de Estados Unidos.
“Deploramos cualquier intento de aplicar la Ley de Seguridad Nacional extraterritorialmente y seguiremos comprometidos con la defensa de las libertades de nuestros ciudadanos, al tiempo que pedimos a China que actúe de acuerdo con sus compromisos internacionales y obligaciones legales”, añadió.
Las autoridades identificaron a los cinco sospechosos como Simon Cheng, Frances Hui, Joey Siu, Johnny Fok y Tony Choi.
Al parecer, Fok y Choi publicaron videos en Internet llamando a la gente a unirse y organizar fuerzas militares extranjeras para recibir entrenamiento con el fin de utilizar la fuerza para derrocar al gobierno en un intento de lograr la independencia de Hong Kong, señaló el superintendente.
Asimismo, Kwai-wah señaló que estos dos individuos estuvieron implicados con anterioridad en un caso de estafa a jóvenes que cometieron delitos durante las protestas de 2019, afirmando que podían ayudarles a escapar de la ciudad, lo que provocó que las víctimas y sus familias sufrieran un desfalco de cientos de miles de dólares hongkoneses.
Por otra parte, los agentes arrestaron el miércoles a cuatro personas por supuestamente tener vínculos con los activistas Nathan Law y Ted Hui, quienes se encuentran actualmente prófugos de la justicia y en busca y captura junto a otros seis activistas más.
Según las autoridades, los detenidos, de edades comprendidas entre los 29 y los 68 años, prestaron ayuda financiera a Law y Hui a través de una plataforma de suscripción en línea entre diciembre de 2020 y noviembre de 2023.
El pasado mes de julio, la policía de la región semiautónoma anunció la búsqueda de ocho personalidades prodemocráticas autoexiliadas y ofreció otra recompensa de 1 millón de dólares hongkoneses.
Entre ellos se encontraban los ex legisladores Ted Hui y Dennis Kwok, los activistas Nathan Law, Anna Kwok, Elmer Yuen, Mung Siu-tat y Finn Lau, así como el abogado Kevin Yam.
Se trató de la primera vez que se emitían órdenes judiciales de este tipo y se fijaban unas recompensas tan elevadas.
En su discurso por el aniversario del “regreso” de Hong Kong a la soberanía china del pasado 1 de julio, el jefe del Ejecutivo local, John Lee, advirtió que la ex colonia debe permanecer “en guardia” contra cualquier tipo de “resistencia suave” que pueda “representar una amenaza” para la seguridad nacional.
Según Lee, más de 250 personas han sido arrestadas en los últimos tres años por “poner en peligro la seguridad nacional”, de los cuales 80 fueron condenados o están a la espera de sentencia.
Tras las protestas masivas contra el Gobierno en 2019, Beijing impuso esa polémica legislación, que prevé penas de hasta cadena perpetua por delitos de secesión, terrorismo o confabulación con fuerzas extranjeras.
Desde su entrada en vigor se han sucedido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas, ante lo que algunos de ellos optaron por exiliarse para tratar de evitar represalias.
Aunque las protestas de 2019 se diluyeron con el inicio de la pandemia de coronavirus, China las desactivó definitivamente mediante la legislación, que acabó con los activistas más destacados del movimiento prodemocrático exiliados o en prisión.
(Con información de AFP y EFE)
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