Facua acusa a ayuntamientos y comunidades autónomas de colaborar en el fraude de festivales de música: “Huele extraordinariamente mal”

La sanción de 320.000 euros al Reggaeton Beach Festival por múltiples irregularidades catalogadas como “infracciones graves” y “prácticas que se consideran abusivas” ha sido una importante victoria para Facua-Consumidores en Acción, que denunció en 2022 a la empresa organizadora del evento por impedir el acceso a agua y comida, cobrar un extra por gastos de gestión, imponer un pago adicional por volver a entrar en el recinto y diferentes irregularidades para “quedarse con dinero sobrante de las pulseras de pago cashless”.

Sin embargo, en el comunicado donde celebra el expediente sancionador, impuesto por el Ministerio de Consumo, Facua también apunta a la pasividad de las administraciones públicas locales y regionales, a las que acusa de “colaborar” en los fraudes cometidos por los festivales. “Desde 2019, FACUA viene denunciando cada año a los organizadores del Reggaeton Beach Festival ante distintas administraciones de ámbito autonómico y local, que han mostrado una lamentable pasividad, al igual que ante las denuncias por irregularidades similares en otros festivales y conciertos”.

Así, desde la organización aseguran que “algunas de las administraciones que decidieron no actuar ante las denuncias firmaban acuerdos de colaboración con los organizadores del festival mientras se desentendían de requerirles que cumplieran la legislación de defensa de los consumidores”. En 2022, después de que el Ministerio de Consumo asumiera la potestad sancionadora, Facua presentó ante este organismo su denuncia, y cuatro años después ha llegado la multa, tras un procedimiento alargado “por el complejo entramado empresarial que había tras el Reggaeton Beach Festival, con más de una veintena de sociedades que organizaban los eventos en función de sus fechas y ubicación”.

El caso de Sevilla

En declaraciones a Agencia EFE, el portavoz de Facua ha ampliado el mensaje en contra de la actuación de ayuntamientos y comunidades autónomas. Como ejemplo, ha puesto el Icónica Santalucía Sevilla Fest, que ha firmado con el Ayuntamiento de Sevilla una normativa a conveniencia que “huele extraordinariamente mal” y que permite celebrar los conciertos en un espacio emblemático y protegido como la Plaza de España.

En julio de este 2026, el Ministerio de Cultura se dirigió al Ayuntamiento de la ciudad andaluza para pedirle aclaraciones acerca del posible daño que el Icónica podía estar causando en el recinto. “En ediciones anteriores, se han producido daños materiales en diferentes zonas”, especificaban desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Por su parte, Facua también había mostrado su rechazo al proyecto al considerar que privatizaba un espacio público que, “como Bien de Interés Cultural de la ciudad, debe ser un espacio de uso común general, público y gratuito”.

“FACUA Sevilla señala que este proyecto de ordenanza surge como respuesta a las críticas que el Ayuntamiento de José Luis Sanz está recibiendo por la celebración del festival en el monumento, y los daños que ha causado en él, creando así una solución a medida para asegurar la continuidad de este ciclo de conciertos y, de paso, permitiendo que aumente el número de eventos que se realicen en el espacio”, denunciaba la organización este verano.