Los economistas critican el laberinto fiscal del alquiler y creen que las deducciones fiscales a los caseros pueden provocar errores y sanciones

Los incentivos fiscales al alquiler pueden acabar convirtiéndose en un quebradero de cabeza para los propietarios de viviendas en renta. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España (CGE), ha advertido de que el nuevo esquema de reducciones aplicables al arrendamiento de viviendas complicará la declaración de la renta, elevará el riesgo de cometer errores y podría derivar en regularizaciones y sanciones para los contribuyentes.

El principal problema reside en la cantidad de supuestos y condiciones que deben tenerse en cuenta para determinar qué reducción corresponde aplicar. El nuevo sistema, regulado en el Real Decreto-Ley 29/2026, contempla hasta 13 porcentajes diferentes, una variedad que, según los expertos fiscales, dificulta tanto la comprensión de la normativa como su aplicación práctica.

Durante las Jornadas Anuales del REAF, celebradas los días 5 y 6 de noviembre en Oviedo, los economistas han puesto el foco en las consecuencias de esta complejidad para los propietarios de pisos arrendados. Su presidente, Agustín Fernández, ha planteado una cuestión que resume sus críticas: ¿Puede exigirse razonablemente a un contribuyente que identifique cuál de los 13 porcentajes le corresponde aplicar y que conozca todos los requisitos exigidos para ello?

Errores involuntarios

La preocupación de los asesores fiscales no se limita a la dificultad de interpretar los distintos porcentajes. También advierten de que la aplicación de los beneficios depende de circunstancias y requisitos cuya acreditación no siempre resulta sencilla. Esta situación puede provocar errores involuntarios, discrepancias interpretativas con Hacienda y posteriores comprobaciones tributarias.

A juicio del REAF, el problema es que los incentivos pierden parte de su utilidad cuando los ciudadanos no pueden conocer con claridad las condiciones necesarias para beneficiarse de ellos. Aunque los economistas reconocen que la fiscalidad puede contribuir a impulsar el alquiler residencial y favorecer precios más asequibles, consideran que las ventajas tributarias no deberían convertirse en el principal instrumento para condicionar las decisiones patrimoniales de los propietarios.

La advertencia se enmarca en un análisis más amplio sobre la complejidad del sistema tributario español. Los expertos consideran que acumular excepciones, requisitos y deducciones no garantiza una política fiscal más eficaz si, al mismo tiempo, aumenta la incertidumbre de quienes deben cumplir con sus obligaciones.

Elevar el mínimo personal del IRPF a 7.200 euros

Más allá del mercado del alquiler, las jornadas también han servido para reclamar una actualización de distintas magnitudes fiscales que llevan años congeladas pese al encarecimiento del coste de la vida. El REAF considera que mantener estos importes sin cambios provoca un aumento silencioso de la presión fiscal, al hacer que los contribuyentes tributen más sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.

Entre las principales propuestas figura elevar el mínimo personal del IRPF, congelado desde 2015 en 5.550 euros, hasta los 7.200 euros. Los economistas también plantean incrementar el importe exento de los cheques restaurante, que pasaría de 11 a 14 euros diarios, y el límite de los gastos de difícil justificación para empresarios y profesionales en estimación directa simplificada, de 2.000 a cerca de 2.600 euros.

Otro de los ejemplos que ilustran el desfase de la normativa es el límite de 3.005,06 euros anuales para declarar determinadas operaciones con terceros mediante el modelo 347. Esta cantidad procede de la antigua equivalencia de 500.000 pesetas y continúa sin actualizarse, pese a la subida generalizada de los precios y al incremento del volumen de las operaciones económicas.

Los economistas reclaman un sistema fiscal más sencillo y previsible

En el ámbito inmobiliario, las propuestas de actualización también alcanzan al Impuesto sobre el Patrimonio. El REAF plantea elevar de 300.000 a 432.000 euros la exención por vivienda habitual, tomando como referencia el incremento acumulado del precio de la vivienda entre 2011 y 2025.

Por otra parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, ha reclamado cambios en la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI). Su propuesta pasa por establecer un mecanismo de ajuste automático que evite tener que introducir modificaciones fiscales cada vez que aumenta el salario mínimo.

En este sentido, ha defendido que “si la voluntad del legislador es que estos trabajadores no tributen por sus salarios, resulta más razonable evitar que se les practiquen retenciones que obligarlos a presentar la declaración del IRPF para recuperar, mediante una deducción, las cantidades previamente retenidas”.

Los economistas también han advertido de que, si el SMI aumenta otro 5% en 2027 y se aproxima a los 18.000 euros anuales, seguirá reduciéndose la distancia respecto al salario medio, situado alrededor de los 32.000 euros. Por ello, consideran que “el sistema debería ofrecer una solución estable y previsible, sin necesidad de introducir modificaciones normativas cada ejercicio”.

Asturias, entre las comunidades con mayor presión fiscal

Las diferencias territoriales también han tenido protagonismo en el encuentro. El decano del Colegio Profesional de Economistas de Asturias, Abel Fernández, ha señalado que “Asturias se caracteriza por una fiscalidad autonómica elevada”, especialmente para las rentas más altas, y ha recordado que la comunidad se encuentra entre las regiones con mayor tributación en el Impuesto sobre Sucesiones.

Aunque las últimas reformas del IRPF han reducido la carga fiscal para los contribuyentes con menores ingresos, también la han incrementado para las rentas más elevadas. Además, Fernández ha advertido de que las numerosas deducciones autonómicas tienen un alcance limitado y no compensan la falta de actualización de los tramos del impuesto para adaptarlos a la inflación.

Los asesores fiscales incidieron en la necesidad de simplificar las obligaciones tributarias y ofrecer reglas más claras para los ciudadanos. Consideran que un buen sistema fiscal no es necesariamente el que acumula más incentivos y excepciones, sino el que permite conocer con antelación cuánto se debe pagar y qué condiciones hay que cumplir. Una exigencia especialmente relevante para los propietarios de viviendas en renta que, con el nuevo esquema de reducciones al alquiler, pueden encontrarse ante una normativa difícil de interpretar y aplicar.