
El ámbito militar tendrá cierto peso en las elecciones del 29-N. El rearme internacional lleva a un aumento de la inversión en defensa, lo que siempre lleva a diferencias ideológicas o polémicas. Más allá de los medios, armas o buques, existen muchas demandas en el seno de la Fuerzas Armadas hacia la clase política. Las asociaciones profesionales de militares han trasladado a PSOE, PP y Vox una agenda de cambios para el personal militar de cara al 29 de noviembre. Tienen tres ejes: reconocer la profesión de riesgo, elevar las retribuciones y modificar leyes que regulan la carrera, la movilidad y los derechos.
La Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) expusieron sus demandas el 5 de noviembre en Madrid, durante un encuentro con José Antonio Rodríguez Salas, del PSOE; Fernando A. Gutiérrez Díaz de Otazu, del PP; y Alberto Asarta Cuevas, de Vox. Las organizaciones consideran que las necesidades de personal deben ocupar un lugar central en la campaña previa a la convocatoria electoral. Su planteo apunta a mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas para incorporar efectivos y evitar la salida de militares con experiencia, en un contexto en el que reclaman plantillas adaptadas a las misiones y exigencias actuales.
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Profesión de riesgo y mejora salarial, prioridades
Las asociaciones reclamaron que la actividad militar sea reconocida como profesión de riesgo. Los representantes de PSOE, PP y Vox coincidieron de forma general en la necesidad de abordar esta cuestión, aunque mantuvieron diferencias sobre el alcance de una eventual regulación. Asfaspro, AUME y UMT sostienen que ese reconocimiento debe traducirse en medidas vinculadas a la disponibilidad, las exigencias operativas y las responsabilidades del servicio. También plantean una actualización de la protección social y profesional de quienes afrontan desplazamientos, guardias, maniobras y cambios de destino.
Junto a esta petición, las entidades situaron la mejora de las retribuciones como una clave para reforzar las plantillas. Consideran que los salarios no reflejan las particularidades de la función militar ni compensan adecuadamente la disponibilidad exigida al personal. Los tres partidos se mostraron dispuestos a revisar las nóminas. Las asociaciones plantean actualizar complementos vinculados al destino, la responsabilidad y las condiciones, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos efectivos y evitar la pérdida de personal con experiencia.
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Leyes que piden reformar
El segundo bloque de demandas afecta a la Ley de la Carrera Militar, la Ley de Tropa y Marinería, la Ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Ley Orgánica de derechos y deberes de los militares. Las organizaciones consideran que estas normas requieren cambios para corregir dificultades relacionadas con la promoción interna, la estabilidad profesional, los traslados y el ejercicio de derechos. Su propuesta pasa por abrir una negociación parlamentaria que permita revisar el marco legal de forma conjunta.
Las asociaciones militares reclaman reformar estas cuatro leyes en bloque para solucionar la precariedad y la falta de estabilidad en la profesión: exigen facilitar la promoción interna y la carrera profesional en la Ley de la Carrera Militar; acabar con la expulsión forzosa al cumplir los 45 años garantizando la permanencia laboral en la Ley de Tropa y Marinería; mejorar las ayudas económicas, compensaciones y facilidades de vivienda frente al impacto familiar de los constantes traslados forzosos en la Ley de movilidad geográfica; y ampliar las libertades.
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