Las consecuencias judiciales para los responsables de una de las mayores redes de piratería en Europa ya tienen cifra concreta. Todos los acusados de una trama que vendió de manera ilegal diferentes contenidos audiovisuales por un valor de 15 millones de euros se han declarado culpables de los cargos de delitos continuados contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual y por blanqueo de capitales. Todo ello, tras un acuerdo con la Fiscalía por el que, a cambio, se ha impuesto una reducción de las penas.
El cabecilla de esta organización internacional ha sido el más afectado por la sentencia, con una condena a poco más de dos años de prisión y una multa de 8 millones de euros, junto con el decomiso de todos los fondos y bienes intervenidos: partidos de fútbol, películas y series a los que, según estimaciones del juez instructor, accedieron dos millones de personas a través de hasta mil páginas web distintas.
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50 servidores en trece países
La investigación determinó que la trama había generado al menos 15 millones de euros en beneficios, sin contar las ganancias obtenidas de manera autónoma por los revendedores asociados. Para ocultar el origen ilícito de los fondos, la organización empleaba mecanismos de blanqueo que incluían transferencias a pasarelas de pago, uso de criptomonedas, empresas pantalla, facturación falsa, la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la compra de un inmueble en Barcelona valorado en 1,6 millones de euros y la adquisición de vehículos de alta gama por un valor conjunto de 400.000 euros.
El sistema utilizado por la red consistía en captar la señal de distintas plataformas legales, transmitirla a una red privada de servidores ubicados en al menos trece países de Europa y Norteamérica, y redistribuirla a suscriptores a precios considerablemente inferiores a los del mercado legal.
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El juez instructor detalló que la infraestructura de la organización contaba con 50 servidores distribuidos en países tan diversos como Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Alemania, Suiza, Suecia, Reino Unido y Rumanía, entre otros. El abanico de contenido incluía miles accesibles mediante IPTV (sistema que permite transmitir señales de televisión en directo y contenido bajo demanda directamente a través de tu conexión a internet) y listas M3U (archivos de texto plano), con plataformas de soporte al cliente y la posibilidad de que otros vendedores crearan sus propias filiales bajo un modelo de franquicia ilegal.
Varias compañías se personaron en la acusación
El atractivo de la oferta de estos contenidos pirateados radicaba en precios bajos y una amplia gama de contenidos, lo que facilitó la captación de una base de usuarios masiva. Los canales eran vendidos en un entorno web cuidado, con garantías de calidad y atención al cliente propia. Así, en el proceso se personaron de forma particular estudios internacionales y plataformas como Warner Bros, Universal, Sony Pictures, Paramount, Disney, Netflix y Amazon, además de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. La indemnización fijada para las empresas afectadas asciende a 12 millones de euros.
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A escala global, la piratería audiovisual mueve miles de millones de accesos ilegales cada año y genera pérdidas multimillonarias: solo en España se registraron más de 7.300 millones de consumos ilícitos en 2024, con un valor superior a 42.000 millones de euros. En conjunto, las industrias culturales pierden miles de millones anuales y la tendencia sigue al alza en la era del streaming.
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