Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Paso sin precedentes en la lucha contra la pitarería audiovisual en España: ha sido citado como investigado al consejero delegado de Cloudflare Inc., Matthew Browning Prince, por su presunta implicación en un caso de piratería vinculada a la retransmisión de partidos de fútbol profesional. Esta actuación responde a la admisión a trámite de una querella criminal promovida conjuntamente por LaLiga y Telefónica Audiovisual Digital, empresa matriz de Movistar Plus+, titular de los derechos de difusión de los encuentros.

La resolución, adoptada por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, representa la primera vez en España que un alto directivo de una compañía tecnológica estadounidense debe comparecer ante la justicia local por supuestos delitos contra la propiedad intelectual. Cloudflare, dedicada a la gestión y distribución de contenidos por Internet, se enfrenta así a una acusación formal que incluye también a la propia empresa como entidad jurídica. La citación judicial para Matthew Prince está fijada para el 7 de abril, fecha en la que deberá responder por cargos que no solo contemplan la vulneración de derechos de propiedad intelectual, sino que también incluyen amenazas y obstrucción a la justicia.

Los hechos objeto de investigación se remontan a la presunta intervención de Cloudflare en la protección de servicios tecnológicos que, según exponen los querellantes, dificultaron la aplicación de una resolución judicial previa. Dicha resolución, emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona en diciembre de 2024, permitía a LaLiga y Movistar Plus+ notificar a los proveedores de acceso a Internet en España las direcciones IP de plataformas que facilitaban el acceso no autorizado a los contenidos futbolísticos, con el objetivo de habilitar su bloqueo efectivo durante las jornadas de competición.

Sin embargo, la acusación sostiene que la infraestructura ofrecida por Cloudflare actuó como un escudo que dificultó el cumplimiento de tales medidas judiciales, al proteger el anonimato de los servidores que transmitían de forma ilícita. La querella también menciona que Cloudflare incorporó a su equipo al exresponsable de ciberseguridad de Telefónica, Chema Alonso, tras su salida de la operadora en marzo de 2025.

En cuanto al impacto de los servicios de Cloudflare en la piratería audiovisual, la demanda sostiene que aproximadamente el 38% de los servidores y servicios ilegales que difunden partidos de fútbol en España se apoyan en la infraestructura global de la compañía. Cloudflare opera en más de 335 ciudades de 125 países y gestiona más de 13.000 conexiones de red, lo que le confiere una posición central en la cadena de distribución de contenidos en Internet.

La causa sigue en fase de instrucción, con el juzgado madrileño recopilando pruebas y analizando el papel de Cloudflare en la protección de plataformas de piratería. El resultado de este proceso podría establecer un precedente para la actuación de las tecnológicas estadounidenses frente a sentencias europeas, especialmente en lo referente a la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.

Tebas carga contra Matthew Prince

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha intensificado sus críticas hacia Cloudflare y su consejero delegado, Matthew Prince, en los últimos meses. A principios de enero, el presidente de LaLiga recurrió a su perfil en X para dirigirse directamente a Prince, a quien acusó de escudarse en el concepto de “libertad” para evitar asumir responsabilidades en relación con la piratería de contenidos. Tebas sostuvo que combatir la piratería no implica censura, sino que es una forma de frenar la actividad delictiva que perjudica a la industria audiovisual.

En concreto, escribía: “‘Señor’, Matthew Prince. Usted se está convirtiendo en el ‘Narco Maduro’ de internet: envolviéndose en la bandera de la ‘libertad’ para exigir impunidad. Combatir la piratería no es censura, sino combatir la delincuencia. Cuando la infraestructura acelera, protege y monetiza la distribución masiva de contenido robado, esto deja de ser una filosofía y se convierte en un delito contra la propiedad intelectual y, con demasiada frecuencia, en blanqueo de capitales vinculado a esas redes”.