
En el límite entre Santander y Burgos, la restauración de la Pirámide de los Italianos vuelve a poner el foco sobre la pervivencia de símbolos que muchas entidades consideran herencias del fascismo en el espacio público. Este mausoleo, levantado en 1939 para honrar a los soldados italianos caídos en la Guerra Civil, afronta su primer proceso de restauración después de ochenta y seis años de deterioro, impulsando un fuerte debate sobre el sentido y la legitimidad de conservar un lugar de estas características.
Un mausoleo con una memoria incómoda
La Pirámide de los Italianos es señalada de forma explícita por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) como “monumento fascista”. Para la ARMH, su existencia y las acciones para su protección representan la “exaltación de los soldados enviados por Mussolini a España para asesinar demócratas españoles y ayudar al triunfo de un golpe de Estado”, y denuncian que su rehabilitación constituye una “humillación a las víctimas de la dictadura franquista”. Por estos motivos, la asociación ha presentado una denuncia, aludiendo a la Ley de Memoria Democrática, que prevé la retirada o resignificación de símbolos y lugares vinculados al franquismo o apoyos internacionales al golpe de 1936.
El origen del monumento se remonta al puerto del Escudo, en el Valle de Valdebezana, donde el arquitecto Attilio Radic y el capellán militar Pietro di Varzi construyeron una pirámide de veinte metros en el estilo racionalista de la época. El mausoleo fue concebido para albergar un columbario con soldados del Corpo Truppe Volontarie y una cripta para oficiales italianos. Una construcción que, en pleno contexto de posguerra y con el impulso del régimen franquista, simbolizaba la alianza y el homenaje a quienes, desde la Italia fascista, lucharon en España.

La ley de memoria y la presión ciudadana abrieron un interrogante sobre su futuro. Su declaración como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Castilla y León, en febrero de 2024, supuso mantenerlo como patrimonio protegido, pese a las denuncias y peticiones de colectivos memorialistas para su resignificación o retirada. Desde la Junta se justifica la medida en la necesidad de frenar el avance del vandalismo y el deterioro, así como en la obligación legal de conservar el patrimonio según la normativa vigente. El debate político suma así un nuevo capítulo, con posturas encontradas respecto al tratamiento de lo que para muchos constituye un símbolo vivo de la exaltación fascista.
Un proyecto de restauración rodeado de debate social
El arranque de la restauración corre a cargo de la Asociación por la Reconciliación, que ha recibido la gestión del mausoleo durante treinta años y ha puesto en marcha medidas iniciales como el vallado de la zona y la instalación de cámaras de vigilancia. El plan prevé una recaudación mínima de medio millón de euros mediante micromecenazgo para la recuperación del edificio principal, la consolidación estructural y la adecuación de los espacios anexos para la visita y la divulgación.
La restauración incluye la reposición de losas robadas, la rehabilitación de fachadas y el diseño de un centro de interpretación, con un calendario estimado de entre cuatro y cinco años de trabajo. El enclave, integrado en el paisaje del embalse del Ebro y visible desde la Nacional 623, se sitúa ahora en el centro de una controversia nacional sobre el papel de los monumentos con pasado fascista, la memoria histórica y la gestión futura del patrimonio que dejó la Guerra Civil.
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