La Xunta de Galicia ha reafirmado su postura firme respecto al incumplimiento del régimen de apertura al público de la Casa Cornide de A Coruña por parte de la familia Franco. De este modo, se ha confirmado la multa de 3.000 euros impuesta contra los herederos del dictador, propietarios del histórico edificio, después de que estos decidieran presentar un recurso para eludir la sanción. Sin embargo, la Xunta ha rechazado el recurso ante la negativa de la familia de abrir esta construcción al menos cuatro días al mes, tal como lo estipula la normativa aplicable a los Bienes de Interés Cultural (BIC).
La Casa Cornide, situada en el corazón de la ciudad, es un destacado ejemplo de la arquitectura residencial del siglo XVIII en Galicia. El esplendor de su diseño refleja las aspiraciones de la Ilustración, aunque el destino del edificio cambió drásticamente cuando en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por extensión matrimonial, de Francisco Franco. Este traspaso de la mano del Ministerio de Educación, y más tarde del Ayuntamiento de A Coruña, a la familia Franco sigue siendo objeto de controversia dado el significado histórico y cultural del inmueble.
Es a raíz de este traspaso -regalo del magnate de la banca gallega y poco antes nombrado conde Pedro Barrié de la Maza-, que el futuro de la Casa Cornide se encuentra en el centro de una tensa disputa entre la familia del Caudillo y las administraciones. El Ayuntamiento de A Coruña está decidido a reincorporar el palacete al patrimonio público para asegurar su conservación y acceso público. Paralelamente, la Xunta de Galicia, al clasificar el edificio como BIC, demandó su apertura al público conforme a la ley.
Lo exigido por ley
La normativa vigente exige que todos los bienes declarados de interés cultural estén disponibles al menos cuatro días al mes para el disfrute del público, una obligación que no se ha cumplido desde 2021 y cuya firmeza se confirmó en 2023. En respuesta a este incumplimiento, la Consellería de Cultura propuso una sanción, aunque esta fue recurrida por los herederos de Franco.
En la misma línea, el Gobierno gallego propuso implementar un plan de visitas aceptado desde el 12 de mayo, permitiendo que grupos de cinco personas accedieran a la Casa Cornide los lunes o jueves, entre las 9 y las 13 horas. Este proyecto, no obstante, también enfrentó complicaciones cuando se rechazó la propuesta de la familia Franco de que la Consellería de Cultura absorbiera los costos derivados.
Los Franco, también multados por la casa ‘comprada’ de Emilia Pardo Bazán
No es la única ocasión en la que la familia Franco tiene problemas con la administración gallega a raíz de una propiedad. Otro ejemplo es lo ocurrido con el Pazo de Meirás, una finca de 93.000 metros cuadrados de superficie con un palacio de más de 2.000 metros cuadrados, propiedad arrebatada a los descendientes de la escritora Emilia Pardo Bazán a cambio de 400.000 pesetas (teniendo en cuenta la inflación, poco más de 700.000 euros en la actualidad según la plataforma MeasuringWorth) para transformarla en la residencia de verano del Caudillo.
En aquella ocasión, los Franco no solo se quedaron con el inmueble, sino también con todo el mobiliario, el legado de la escritora y un terreno de varias hectáreas. En noviembre de 2024, sin embargo, perderían un juicio con el que el Estado recuperaría los bienes del Pazo reclamados por los herederos del dictador.
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