Madrid, 16 nov (EFE).- Los programas electorales de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio (FA) señalan la seguridad ferroviaria y el mantenimiento de la red como prioridades tras los accidentes de Adamuz y Urda, pero mientras que el PSOE y FA ofrecen más inversión y capacidad pública, el PP y Vox comparten que la red está mal gestionada y exigen una auditoría previa.
En el bloque de la izquierda la divergencia radica en que los socialistas mantienen la separación entre Renfe y Adif y apuestan por una gestión técnica y un blindaje presupuestario, mientras que la coalición de Ada Colau propone fusionar ambas empresas en un gran operador público.
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Dentro del bloque de la derecha, el PP convierte la auditoría en la base de un plan de inversión de gran escala, mientras Vox la utiliza sobre todo para reclamar responsabilidades y no concreta una cifra de gasto ferroviario.
El PP propone auditar el estado real de las infraestructuras y, en especial, de la red ferroviaria, para detectar ineficiencias, necesidades urgentes y el origen de las más de 1.000 limitaciones temporales de velocidad.
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Su prioridad es recuperar la seguridad y fiabilidad de las redes existentes antes de ampliar nuevas líneas de alta velocidad.
La formación de Alberto Núñez Feijóo plantea un Plan Nacional de Infraestructuras que movilizaría más de 300.000 millones de euros en 15 años junto con el sector privado y que abarcaría autovías y redes viarias, alta velocidad, Cercanías, infraestructuras hidráulicas y energéticas.
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El programa de los populares también contempla conservar los más de 26.500 kilómetros de carreteras estatales, mejorar el acceso a puertos, reducir la saturación de aeropuertos y el despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
El PSOE propone destinar 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 a la conservación, renovación y seguridad de la red ferroviaria existente, con especial atención a los corredores Atlántico y Mediterráneo.
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Su programa contempla un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria y la Atención a las Víctimas, que partiría de un libro blanco o auditoría y se negociaría con víctimas, trabajadores, organizaciones sociales y fuerzas políticas.
En materia de gestión, los socialistas de Pedro Sánchez plantean consolidar una dirección de perfil técnico en Adif y Renfe, reforzar las plantillas de mantenimiento y circulación y ampliar las facultades de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
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En carreteras proponen invertir 1.629 millones de euros para reparar los firmes de 5.000 kilómetros de la red estatal y en el ámbito de la movilidad apuestan por impulsar la electrificación del transporte y prohibir los vuelos de corta distancia —menos de dos horas y media— cuando exista una alternativa ferroviaria directa, salvo en conexiones con aeropuertos hub.
Vox propone una auditoría del estado de la red ferroviaria como paso previo para identificar sus deficiencias y establecer responsabilidades por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).
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El partido de Santiago Abascal vincula esa revisión a la exigencia de responsabilidades penales por la gestión del sistema ferroviario y reclama prioridad para la seguridad de una red que considera abandonada e infradotada.
Vox plantea un Plan Nacional de Infraestructuras y la modernización de Cercanías, Media Distancia y líneas convencionales, aunque a diferencia del PSOE y del PP no detalla una cifra de inversión, ni partida presupuestaria ni fuente de financiación específica para la seguridad ferroviaria.
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No obstante, promete un aumento de la inversión en la red ferroviaria, en la de carreteras y en los puertos y la finalización de obras pendientes en las infraestructuras que sean claves para el país.
La coalición de Ada Colau es la que propone la reforma más estructural y un pacto de Estado ferroviario para revisar el funcionamiento del sistema y garantizar infraestructuras seguras.
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Su medida más distintiva es la reunificación de Renfe y Adif en un gran operador público, con el objetivo de coordinar la circulación de trenes y la gestión de las infraestructuras.
Frente Amplio plantea una auditoría independiente de toda la red, aumentar la inversión en personal y mantenimiento, revertir las externalizaciones de servicios esenciales y reorientar las inversiones hacia el ferrocarril.
También se distingue de los demás en su oposición a nuevas ampliaciones aeroportuarias y defiende destinar los 13.000 millones previstos para esas ampliaciones al mantenimiento y a Cercanías. EFE
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