Condenado un teniente general de la Guardia Civil por el 'caso Cuarteles'

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un teniente general de la Guardia Civil y a un empresario por delitos de cohecho relacionados con la contratación de obras de mejora y rehabilitación de cuarteles mediante la aplicación de corcho proyectado.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, considera probado que el alto mando recibió dinero en efectivo, viajes y otros beneficios sufragados por el empresario después de promover la contratación de sus sociedades para realizar trabajos en distintas comandancias.

El fallo impone al teniente general Pedro V. J. un año de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tres años de suspensión de empleo y cargo público.

Al empresario Ángel Ramón T. de L. le impone también un año de prisión y la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, tanto el empresario como las mercantiles Canarycork SL Angrasurcor SL y Solocorcho SL quedan inhabilitados durante nueve años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con entidades del sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

La resolución recoge el veredicto unánime del jurado popular, que declaró culpables a ambos acusados. Los miembros del tribunal también se pronunciaron en contra de la suspensión de las penas mediante la remisión condicional y de la concesión de un eventual indulto.

GESTIÓN DE RECURSOS

Durante los años 2016 y 2017, Pedro V. J. ejercía funciones de subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, con responsabilidades sobre la dirección, coordinación y gestión de los recursos financieros y el desarrollo de la política de recursos materiales.

Entre sus atribuciones se encontraba la posibilidad de descentralizar créditos para atender las necesidades de las distintas unidades territoriales del cuerpo.

Según declara probado la sentencia, el teniente general se valió de esa capacidad para dirigirse a diferentes comandancias y ofrecerles la descentralización de fondos destinados a realizar obras de pintura y mejora de las fachadas de los acuartelamientos.

En esas comunicaciones presentaba a Ángel Ramón T. de L., empresario al que conocía personalmente, como un contratista que estaba introduciendo en el mercado una técnica novedosa, el corcho proyectado, que podía solucionar los problemas de humedades en los edificios.

Los responsables de distintas unidades aceptaron gestionar los créditos y promover los trabajos. Las empresas del empresario fueron finalmente las adjudicatarias de las obras.

La sentencia identifica actuaciones en las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén y Santa Cruz de Tenerife, así como en la Zona de Murcia y en la Jefatura de Asuntos Económicos. También recoge las comunicaciones y gestiones efectuadas en otras comandancias.

Las tres sociedades vinculadas al empresario facturaron en noviembre y diciembre de 2016 un total de 1.382.873,52 euros por trabajos realizados para la Guardia Civil. El volumen de contratación de estas empresas con el cuerpo experimentó un crecimiento muy significativo durante ese ejercicio.

OBRAS EJECUTADAS

El tribunal considera igualmente probado que numerosas obras se ejecutaron de forma inadecuada. Los informes periciales detectaron deficiencias y trabajos no realizados, y el propio empresario reconoció que no aplicaba correctamente la técnica del corcho proyectado.

Como contraprestación vinculada a la actuación del alto mando, el empresario sufragó diversos gastos y entregó importantes cantidades de dinero al teniente general.

Entre los beneficios acreditados figuran un viaje a Milán, del 26 al 29 de mayo de 2016, para asistir a una final de la Liga de Campeones, por importe de 1.950,70 euros; el alojamiento del teniente general y su esposa en un hotel de Cádiz en noviembre de 2016; y otro alojamiento para ambos en mayo de 2017, por importe de 264 euros.

También quedó acreditado el pago de un cobertor para la piscina de la vivienda del alto mando en Alpedrete, por valor de 1.650 euros, así como un viaje a Cardiff en junio de 2017 para asistir a otra final de la Liga de Campeones, en el que participaron el teniente general, su hijo y un amigo de este, con un coste de 1.410,66 euros.

La sentencia recoge, además, un viaje a Lanzarote previsto para las Navidades de 2016, con vuelos y alojamiento para la familia del teniente general. Este no llegó a aceptar la invitación, aunque sí la aceptó su hijo, que viajó y se alojó en el establecimiento junto a una acompañante.

A estos beneficios se suman tres entregas de dinero en efectivo: 15.000 euros entre el 4 y el 7 de noviembre de 2016; otros 10.000 euros entre el 7 y el 10 de noviembre; y 9.700 euros durante el fin de semana del 12 de noviembre. El tribunal considera acreditado que el teniente general ingresó esas cantidades en sus cuentas bancarias.

La conclusión se apoya en la coincidencia temporal entre las retiradas de efectivo realizadas por el empresario y los ingresos posteriores efectuados por el alto mando, así como en las comidas y encuentros que ambos mantuvieron durante esos días. La Sala descarta que el dinero respondiera a supuestas compensaciones por pagos anteriores del teniente general, al no haberse aportado documentación ni otras pruebas que acreditasen esa explicación.

Entre otros extremos, la Audiencia considera que la conducta del teniente general constituye un delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal, que castiga la aceptación de regalos o dádivas en consideración al cargo o función pública.

El tribunal entiende que no se trató de simples obsequios derivados de una relación de amistad, sino de beneficios concedidos por un empresario interesado en obtener contratos de la Administración y que había sido recomendado por el propio alto mando para ejecutar trabajos en instalaciones de la Guardia Civil.

La sentencia destaca que la relación entre ambos acusados, reconocida por ellos mismos, no excluye la relevancia penal de las entregas. Por el contrario, considera acreditado el vínculo entre el interés empresarial del contratista, la intervención del responsable público en la promoción de sus empresas y los regalos y cantidades de dinero recibidos por este.

Para la Sala, resulta determinante que el empresario conociera la condición de teniente general y las atribuciones de Pedro V. J., y que el alto mando supiera cuál era la actividad de las sociedades del contratista. Las dádivas se produjeron en consideración a la posición que aquel ocupaba y a la capacidad de influencia que tenía sobre la gestión de los recursos materiales y económicos del cuerpo.

La resolución subraya, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que el cohecho del artículo 422 protege la integridad y la imparcialidad de la función pública. No es necesario que el regalo se entregue a cambio de una actuación administrativa concreta: basta con que se ofrezca y acepte por la condición de autoridad o funcionario de quien lo recibe. Tampoco impide la consumación del delito que parte de los beneficios se destinen al cónyuge o a familiares del cargo público.

En cuanto al empresario, la Audiencia aprecia un delito de cohecho activo del artículo 424.1 en relación con el 422 del Código Penal. Considera que ofreció y entregó dinero y regalos para estrechar la relación con el teniente general y crear un clima favorable a la contratación de sus empresas.