
La plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz ha condenado a Osakidetza a indemnizar con 1,2 millones de euros a unos progenitores por la muerte de su bebé en diciembre de 2020, cuando tenía cinco meses.
El juzgado considera que hubo 'mala praxis' en la actuación de la genetista a la que acudió la pareja cuando decidió volver a tener un hijo tras la muerte en 2019 de un primer bebé por causas en las que no se descartó una "causa genética", según ha informado el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado de su web.
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Según se recoge en la sentencia, la pareja se sometió a una reproducción asistida en 2018 y se consiguieron tres embriones. Se implantó uno y nació un bebé que falleció en 2019. A este primer bebé se le hizo un informe genético "que no identificó ninguna alteración patogénica", pero tampoco descartó entonces la existencia de una "causa genética desconocida".
Antes de volver a ser padres de nuevo, la pareja contactó con una genetista e investigadora de un hospital público vasco porque no quería volver a pasar por lo mismo. La doctora recabó el estudio genético hecho en su día y "a su vista, tranquilizó a la pareja" e indicó que podían ser padres de nuevo con "un riesgo muy bajo" sin recomendarles "más estudios, para asegurar su consejo genético".
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La pareja tuvo un segundo bebé que falleció en diciembre de 2020 a los cinco meses. A este bebé se le hizo un estudio de exoma genético, "mucho más amplio" que el hecho a su hermano que determinó que sufría una mutación del gen NFU1 que no había sido analizado en el estudio del primero.
CRIBADO
La pareja consideró que hubo mala praxis en la actuación de la doctora porque no dio relevancia a la falta de un exoma genético más amplio en el caso del primer bebé, ni consideró hacer un cribado preimplantacional a los dos embriones congelados o un estudio genético de los progenitores.
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Osakidetza, sin embargo, mantuvo que no hubo relación causal entre la asistencia prestada y el resultado lesivo porque los síntomas identificados en el primer bebé no permitían establecer un diagnóstico como el que se logró después.
El juzgado da la razón a los demandantes y concluye a la vista de la prueba practicada que hubo "mala praxis", "desidia y dejadez" en la actuación de la genetista porque debería haber revisado la historia clínica completa del primer bebé y haber hecho más pruebas, como haber solicitado un exoma de la muestra de ADN del primer hijo y un estudio genético de los progenitores.
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Con esos estudios, añade el juzgado, "hubiera aparecido la mutación de NFU1 asociada al síndrome de disfunción mitocondrial múltiple, que hubiera dado perfecta explicación al fallecimiento" del primer bebé y con este resultado la doctora hubiera "recomendado evitar la gestación natural, así como hacer exoma de los dos embriones congelados, ya dirigido de forma específica a encontrar el gen NFU1 mutado".
De este modo, se habría evitado el nacimiento del segundo bebé con su enfermedad genética congénita idéntica al primero y que los progenitores "pasaran por el hecho traumático de gestar y ver morir a un segundo bebé, de nuevo, y por la misma causa", afirma el juzgado.
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DAÑO MORAL DE "GRAVEDAD EXCEPCIONAL"
La resolución considera que el daño moral causado es de una "gravedad excepcional" y fija en 1.220.106,66 euros la cantidad que Osakidetza debe abonar a la pareja.
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"Al fallecimiento del segundo hijo debe añadirse el drama adicional de que la pareja hizo lo que estaba en su mano para evitar la enfermedad genética del segundo hijo y la muerte del mismo, de modo que les generó la frustración de no haber hecho lo suficiente, así como la rabia y frustración de que terceros técnicos en la materia no hicieron lo que les incumbía y podían haberlo evitado", añade el juzgado. Esta sentencia no es firme y ha sido recurrida en apelación por el Servicio Vasco de Salud
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