La Fiscalía rebaja a un año y once meses la petición de cárcel para el alcalde de Estepona

Málaga, 21 oct (EFE).- La Fiscalía ha rebajado a un año y once meses la petición de cárcel para el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), por delitos de prevaricación y malversación al contratar como personal eventual del Ayuntamiento a una mujer "con quien mantenía una relación sentimental".

Además, solicita para el regidor una inhabilitación para cargo o empleo público durante cinco años y once meses, según se recoge en la petición fiscal, a la que ha tenido acceso EFE.

Estas peticiones conllevan una importante rebaja respecto a las que la Fiscalía hizo en enero -cinco años y medio de cárcel y diez de inhabilitación- cuando el procedimiento se dirigía a un juicio con jurado popular, extremo que fue recurrido y ganado por el alcalde, por lo que se han realizado estas nuevas calificaciones para su posible juicio por un tribunal profesional.

La Fiscalía destaca que, una vez iniciado el procedimiento, el alcalde ha saldado todos los gastos generados "por la indebida relación contractual", ya que en noviembre de 2025 ingresó en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento 5.276,92 euros, que correspondían al dinero neto que recibió la acusada en concepto de nóminas entre febrero y marzo de 2023 y, en junio del año siguiente, otros 2.589,97 euros de los gastos de cotización a la Seguridad Social.

La fiscal ha indicado que el regidor contrató a esta mujer "a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna" y que ella percibió dos nóminas, de 1.634 y 3.642 euros en febrero y marzo de 2023.

Ha considerado que el regidor es responsable de un delito de prevaricación cometido por autoridad, en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.

Para la mujer, de iniciales C.P.B., pide 4 años y medio de prisión como autora de ambos delitos.

La defensa del alcalde ha anunciado que presentará un recurso, ya que considera que no existe "ningún indicio delictivo" que justifique la continuación del procedimiento "por la contratación de una persona como cargo de confianza durante un periodo de 46 días".

La defensa ha argumentado que se ha acreditado con informes municipales del departamento de Recursos Humanos las funciones que se desempeñan en ese puesto, así como el servicio prestado con esa contratación, además de testificales sobre la asistencia y el trabajo que realizaba esa persona.

Han defendido que este asunto judicial deriva de una declaración falsa que, en calidad de testigo, esa persona formuló en otro procedimiento judicial contra el alcalde, que ya fue archivado de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga "al demostrarse la falsedad de las acusaciones realizadas y el interés de desprestigiar públicamente al alcalde".

La representación legal considera que este procedimiento "se enmarca en una estrategia de desgaste político y personal dirigida a perjudicar la imagen pública del alcalde".

Por su parte, la acusación popular de la portavoz del PSOE en el consistorio, Emma Molina, pide la apertura de juicio oral y que se le condene a cinco años y seis meses de prisión, además de diez años de inhabilitación. EFE