El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha sembrado las dudas sobre si la subida salarial de los funcionarios prevista para 2027 se llevará a cabo y, si es así cuándo, se aprobará si antes o después de los comicios. Para solventar la duda, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo cumplirá el acuerdo alcanzado con los sindicatos y que los empleados públicos volverán a ver aumentar sus nóminas a partir del próximo 1 de enero. Sin embargo, ha evitado precisar si la medida se aprobará antes o después del 29 de noviembre.

“Corresponderá al Gobierno anunciarlo cuando proceda”, ha afirmado López, que ha defendido la vigencia del pacto firmado con las organizaciones sindicales. El ministro ha insistido en que el compromiso adquirido incluye nuevas mejoras retributivas durante los próximos ejercicios y que el calendario acordado sigue en pie.

Durante la inauguración de la vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), celebrado en León, el titular de Función Pública ha recordado que el acuerdo abarca cuatro años y establece incrementos escalonados hasta 2028. “Eso es lo que acordamos con los sindicatos. Quiero recordar que hicimos un acuerdo a cuatro años, era 2025, 2026, 2027, 2028, por lo tanto, para el año que viene se aplicará esa subida”, ha apostillado.

Un incremento que puede alcanzar el 5%

La subida prevista para el próximo ejercicio será del 4,5% fijo, pero el aumento total podría llegar al 5% si se confirma el componente adicional ligado a la inflación de 2026. Ese medio punto extra forma parte de las condiciones pactadas para este año y depende de que el índice de precios de consumo (IPC) iguale o supere el incremento fijo del 1,5% ya aplicado a los salarios públicos.

Según las previsiones recogidas en el acuerdo, ese escenario parece probable. De cumplirse, el 0,5% adicional se abonaría durante el primer trimestre de 2027 y tendría efectos retroactivos. De este modo, los trabajadores públicos recibirían el ajuste correspondiente a 2026 una vez iniciado el próximo año, además del incremento previsto para 2027. La suma de ambos conceptos situaría la mejora salarial del próximo ejercicio en el 5%.

La confirmación del compromiso se produjo después de que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se reuniera este martes con CSIF, CCOO y UGT. En ese encuentro, el departamento trasladó a las organizaciones sindicales que la subida del 4,5% desde el 1 de enero de 2027 se mantiene conforme a lo acordado en noviembre. La reunión sirvió para ratificar el calendario retributivo, en un momento en el que los sindicatos reclaman garantías sobre su cumplimiento.

Así se repartirán las subidas hasta 2028

El pacto salarial suscrito por el Gobierno y los representantes de los empleados públicos contempla un aumento acumulado del 11% entre 2025 y 2028. La distribución se diseñó para repartir la mejora a lo largo de cuatro ejercicios e incorporar una parte variable condicionada por la evolución de los precios.

En concreto, el acuerdo fijó una subida del 2,5% para 2025 y un incremento fijo del 1,5% para 2026, al que puede añadirse el medio punto vinculado al IPC. Para 2027 está previsto un aumento del 4,5%, mientras que en 2028 se aplicará otro 2%. La suma de los porcentajes pactados alcanza el 11%, aunque el importe definitivo que perciba cada trabajador dependerá de las condiciones de aplicación y de los ajustes que correspondan.

Para más de tres millones de empleados públicos, la cuestión inmediata será comprobar cómo se reflejarán estas cantidades en las nóminas y cuándo se abonará el componente pendiente de 2026.

Recuperar las pagas extra recortadas en 2020

Por su parte, ocho organizaciones sindicales han reclamado a las formaciones políticas que concurren a las elecciones del próximo 29 de noviembre que incluyan en sus programas electorales la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas a los empleados públicos desde 2010. Los sindicatos exigen, además, compromisos concretos sobre los plazos y las modificaciones normativas necesarias para hacer efectiva esta medida.

La petición se ha formalizado mediante una carta firmada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), el sindicato independiente ANPE y el Sindicato Unificado de Policía.

En el escrito, las organizaciones recuerdan que la eliminación de esta parte de las pagas extraordinarias se aplicó en 2010 como una medida excepcional para hacer frente a la crisis económica. Sin embargo, 16 años después, consideran que el recorte se ha convertido en permanente, pese a que las circunstancias que motivaron su adopción han cambiado.

Los sindicatos subrayan que la recuperación de estas retribuciones no debe entenderse como una mejora salarial ni como un privilegio, sino como la restitución de una parte del salario que continúa recortada. A su juicio, esta situación ha contribuido a una importante pérdida de poder adquisitivo entre los empleados públicos durante los últimos años. Por ello, reclaman a los partidos que aclaren su posición sobre esta reivindicación y que, si respaldan la recuperación, concreten cuándo y cómo la llevarían a cabo.