La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Macarena Olona ha dado un nuevo paso en su trayectoria profesional al incorporarse a la abogacía privada en Alicante, la ciudad en la que nació y cursó sus estudios universitarios. La exdiputada de Vox anunció en sus redes sociales la noticia y ha compartido su satisfacción por regresar a sus raíces para formalizar su incorporación al ejercicio de la profesión jurídica.

“Oficialmente abogado privado. He querido jurar en mi tierra, Alicante. Donde nací y estudié en la Universidad Pública”, ha escrito Olona en una publicación de su perfil de X, en la que también ha dedicado unas palabras a su hijo, presente en ese momento. “Con mi pequeño abrazado a la toga como protagonista inesperado. Mi pequeño protagonista en cada paso de la vida”, ha añadido.

La política y abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, ha aprovechado el anuncio para agradecer la acogida de sus compañeros de profesión y del colegio alicantino, dejando claro que está “inmensamente agradecida y orgullosa de pertenecer a este gran colectivo de Compañeros y nuestro Colegio alicantino”.

Así, Olona comienza una nueva etapa vinculada al ejercicio de la abogacía, pero, ¿qué significa exactamente ser abogado privado? ¿Qué funciones puede desempeñar y qué diferencias existen entre esta modalidad profesional y el trabajo que desempeñaba antes de la política como abogada del Estado?

Qué significa ser abogado privado

Un abogado privado es aquel profesional que presta servicios jurídicos a clientes particulares, empresas u otras entidades que solicitan asesoramiento o representación legal. A diferencia de quienes trabajan como letrados de una Administración pública, estos abogados ejercen su actividad de manera independiente o dentro de un despacho profesional.

Entre sus funciones, según explican desde el despacho Català Reinon, se encuentran estudiar casos, interpretar la legislación aplicable, elaborar documentos jurídicos, negociar acuerdos, asesorar sobre posibles conflictos y defender los intereses de sus clientes ante los tribunales cuando sea necesario. Su actividad puede abarcar ámbitos muy diferentes, como el derecho civil, penal, laboral, mercantil o administrativo.

La especialidad concreta depende de la formación y la experiencia de cada profesional, así como de los asuntos que decida asumir, y hace posible desarrollar esta actividad dentro de un bufete o junto a otros abogados.

En España, para ejercer como abogado es necesario cumplir una serie de requisitos profesionales, además de estar colegiado en el colegio de la abogacía que proceda. La colegiación permite desarrollar la actividad profesional conforme a las obligaciones legales y deontológicas de la profesión. El Consejo General de la Abogacía Española recoge estos requisitos en su información institucional y en la normativa que regula el acceso al ejercicio profesional.

Los honorarios constituyen otra de las características de esta modalidad. El abogado privado cobra por los servicios que presta, de acuerdo con las condiciones pactadas con el cliente y la normativa aplicable. La remuneración puede establecerse mediante una cantidad fija, pagos periódicos o tarifas calculadas en función del trabajo realizado.

Por tanto, no existe un sueldo único asociado a esta profesión, sino que los ingresos dependen de factores como la especialización, la experiencia, el volumen de asuntos, el tipo de clientes y la forma de organizar la actividad profesional.

De abogada del Estado a privada, las diferencias entre ambas profesiones

Pero, antes de dar el salto a la política, Olona desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Abogacía del Estado, donde ingresó en 2009 tras superar la correspondiente oposición. Durante esta etapa desempeñó distintas responsabilidades en la Administración pública y, posteriormente, fue nombrada secretaria general de Mercasa, una empresa pública vinculada al Ministerio de Agricultura.

Entre ambas profesiones, la principal diferencia reside en quién recibe los servicios jurídicos y qué intereses se defienden. Por un lado, los abogados del Estado son funcionarios especializados que asesoran y representan jurídicamente a la Administración General del Estado y a los organismos públicos a los que prestan servicio. Entre sus funciones figuran la defensa de los intereses públicos ante los tribunales, la elaboración de informes jurídicos y el asesoramiento legal a los órganos administrativos.

En cambio, la abogacía privada permite prestar asesoramiento y defensa jurídica a particulares, empresas y otras entidades. Estos profesionales pueden trabajar por cuenta propia o integrarse en un despacho, elegir sus áreas de especialización y acordar con sus clientes los honorarios por los servicios prestados, de acuerdo con las normas aplicables.