50 años de la primera amnistía de la democracia: de presos políticos a testigos de Jehová

Sol Carreras

Madrid, 1 ago (EFE).- Acaban de cumplirse 50 años de la aprobación del real decreto ley sobre amnistía de 1976, un hito en la España de los primeros años de la Transición que sentó las bases para la siguiente ley de amnistía, de 1977, y que en su momento benefició a unas 330 personas, entre ellas presos políticos y testigos de Jehová.

Este real decreto ley de amnistía, el primero de la actual democracia, fue aprobado el 30 de julio de 1976 y publicado en el BOE el 4 de agosto con la firma del rey Juan Carlos I y del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

Unos meses antes, el 5 de noviembre de 1975, fue aprobado un indulto general con motivo de la proclamación de Juan Carlos I como rey que afectó a más de 12.000 personas, entre ellas Marcelino Camacho y los condenados por el proceso 1.001.

La amnistía de 1976 dio un paso más allá y marcó otro hito en esos primeros momentos de la Transición, un año después de la muerte del dictador Francisco Franco y con las heridas de la guerra civil aún muy presentes en la sociedad.

"Tuvo una relevancia muy grande porque dio credibilidad al primer Gobierno de Adolfo Suárez de que, efectivamente, iba a impulsar un proceso de cambio democrático", asegura a EFE el presidente de la Fundación Transición Española, Rafael Arias-Salgado.

El que fuera ministro de la Transición a partir de 1979, primero con Adolfo Suárez y luego con Leopoldo Calvo-Sotelo, afirma que esa primera amnistía de 1976 fue la más amplia posible, dado el marco legislativo y las circunstancias políticas de aquel momento.

"Eran pasitos", señala por su parte Paca Sauquillo, política y abogada laboralista, cuyo hermano fue asesinado en la matanza de los abogados de Atocha de 1977.

En declaraciones a EFE, recuerda que dio la bienvenida a esa primera amnistía de 1976 aunque su aspiración, como la que reclamaba el resto de la izquierda de la época a través de manifestaciones, era una amnistía total, que llegó con la ley de 1977.

El real decreto ley de amnistía de 1976, menos conocido, afectaba a los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión, a las infracciones administrativas y a los delitos de rebelión y sedición militar, pero excluía los delitos de sangre, los de contrabando monetario y las infracciones tributarias.

En total, unas 330 personas fueron beneficiadas con este perdón.

Entre las primeros están José Unanue Ruiz, fundador de Comisiones Obreras en Bilbao, y los dirigentes comunistas Sánchez Montero y Santiago Álvarez, a los que se puede ver juntos en imágenes de archivo de EFE abandonando sonrientes la prisión de Carabanchel el 4 de agosto de 1976, día de la publicación de la norma en el BOE.

Un reportaje de Televisión Española de la época menciona entre los amnistiados a militares acusados de rebelión, trabajadores despedidos por actividades sindicales, exiliados políticos, integrantes del Ejército de la Segunda República y a 192 testigos de Jehová y otros objetores de conciencia, sin citar nombres concretos.

El texto del real decreto ley de amnistía de 1976 señala que una de las principales misiones de la Corona es "promover la reconciliación" de todos los españoles y por ello defiende "el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado", en un momento en que España se dirigía a "una plena normalidad democrática".

Esta norma sentó las bases de la siguiente ley de amnistía, de 1977, que llegó poco después de la celebración de las primeras elecciones generales de la democracia y, a diferencia de la anterior, fue aprobada tras su debate y votación en Cortes.

La amnistía de 1977 fue una ley de 'punto final' que liberó a todos los presos políticos, pero impidió también juzgar los crímenes del franquismo.

Posteriormente se aprobó en democracia la ley de amnistía de 2024 impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, centrada en los condenados por el 'procés' y de cuya resolución judicial sigue pendiente el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

Mientras las amnistías dependen en ultima instancia de una decisión judicial, los indultos son concedidos a personas concretas directamente por el Gobierno, como acaba de ocurrir con el indulto parcial a la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrás. EFE

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