Esquerra Republicana (ERC) y Junts han registrado sendas baterías de preguntas en el Congreso pidiendo cuentas al Gobierno por las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que proponen sancionar a varios medios comunicación -La Directa, VilaWeb, Diari Balears y El Salto- por publicar información personal de policías infiltrados en movimientos sociales e independentistas.
En concreto, los republicanos catalanes sostienen que las sanciones de la AEPD son "un verdadero escándalo democrático" y de ahí que pregunten al Gobierno si este tipo de actuación garantiza "un equilibrio adecuado" entre la protección de datos y la libertad de información cuando se trata de noticias de evidente interés público.
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Además, quieren saber si el ordenamiento jurídico español ha transpuesto correctamente las excepciones para fines periodísticos previstas en el artículo 85 del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Asimismo, Esquerra pretende que el Gobierno se pronuncie sobre si las sanciones impuestas a los mencionados medios de comunicación pueden generar "un efecto intimidatorio" sobre el periodismo de investigación y el derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz.
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"No hay una verdadera democracia sin una buena libertad de prensa", ha advertido el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, quien lamenta que para la AEPD "el problema" sea el periodismo, esto es, "quien hace su trabajo de control y vigilancia de los poderes".
JUNTS PIDE UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE
De su lado, el partido de Carles Puigdemont aspira a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aclare la cobertura jurídica, las autorizaciones, la cadena de mando y los mecanismos de control aplicados en estas operaciones de infiltración.
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La diputada de Junts Marta Madrenas se queja de que el Ministerio de Interior no haya abierto ninguna investigación sobre la infiltración de estos agentes y que la única medida adoptada al respecto haya sido la propuestas de sanciones administrativas por parte de Protección de Datos.
En este contexto, ha presentado una veintena de preguntas para pedir explicaciones al Gobierno y animarle, entre otras cosas a impulsar una investigación independiente sobre unas actuaciones que podrían haber afectado a derechos fundamentales.
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