Experta de la Unesco afirma que el tráfico de bienes culturales vulnera derechos humanos

Santa Cruz de Tenerife, 29 jul (EFE).- Alesia Koush, titular de la Cátedra Unesco de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Derechos Culturales en la Universidad de Siena, ha denunciado que el tráfico ilícito de bienes culturales es una vulneración de los derechos humanos y ha advertido de que el expolio patrimonial priva a los pueblos de su identidad, su memoria y su derecho al desarrollo cultural.

En una conferencia con motivo de su participación en el II Campus Internacional Ciudad de La Laguna, Alesia Koush ha considerado que el tráfico ilícito de bienes culturales no debe ser entendido únicamente como un delito económico o una cuestión de restitución entre Estados.

Para la experta de la Unesco, es además una vulneración de los derechos humanos, puesto que el saqueo, la extracción ilegal y la comercialización de patrimonio cultural afectan no solo a los objetos, sino también a las personas y pueblos que tienen derecho a disfrutar de su propia cultura.

Koush abundó en que el tráfico ilícito vulnera la soberanía de los Estados sobre sus recursos culturales, el derecho de autodeterminación y el derecho al desarrollo.

El patrimonio arqueológico forma parte de la riqueza de un país y constituye un elemento esencial de su identidad colectiva, y la eventual falta de recursos para proteger un patrimonio o para estudiarlo no legitima a otros países o actores a apropiarse de él.

La catedrática, experta en Irak, explicó que este país es un paradigma de la relación entre expolio y pérdida de derechos culturales.

Mesopotamia, cuna de la civilización, de la escritura, de la agricultura y de numerosos avances en la historia humana, sufrió durante décadas procesos de extracción y apropiación de su patrimonio, sobre todo en la etapa colonial británica, cuando los hallazgos arqueológicos fueron tratados como recursos disponibles para las potencias occidentales.

Destacó la importancia de la Ley de Antigüedades iraquí de 1936, que estableció la propiedad estatal de los bienes arqueológicos y abrió una etapa de protección institucional del patrimonio.

Pero tras la Guerra del Golfo y las sanciones internacionales de los años noventa, comenzó una fase de saqueo masivo que se agravó posteriormente con la invasión de 2003 y la actuación del Estado Islámico, explicó.

Afirmó que la restitución no puede limitarse a devolver objetos, porque durante el tiempo que permanecen fuera de su contexto se pierden información científica, oportunidades educativas y vínculos culturales.

Koush defendió que el futuro de la lucha contra el tráfico ilícito pasa por escuchar a las comunidades afectadas.

"La cuestión ahora es preguntar a las comunidades qué piensan ellas sobre estos procesos de saqueo y expolio", concluyó. EFE