Una chispa sale cara: hasta 10 años de cárcel por una imprudencia que acabe en incendio

Adrián Masa de Vega

Madrid, 25 jul (EFE)-. La chispa de una cosechadora, una quema de rastrojos sin el control suficiente o una barbacoa pueden ser consideradas imprudencias graves si desencadenan un incendio forestal que ponga en peligro vidas humanas, un supuesto que el Código Penal castiga con penas de hasta diez años de prisión.

El Gobierno ha unificado este sábado en la Unidad Militar de Emergencias (UME) el mando del dispositivo para frenar los tres incendios forestales de Madrid y Ávila, que han confluido en un único frente y ya llevan más de 25.000 hectáreas calcinadas y de más 70.000 personas evacuadas o confinadas.

Mientras tanto, la Guardia Civil ha detenido al presunto causante del incendio declarado en Burgohondo (Ávila), al que le atribuye una imprudencia grave por haber empleado maquinaria pesada en una zona donde estaba totalmente prohibido su uso.

"Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años", recoge el artículo 351 del Código Penal.

El ordenamiento jurídico español reserva los artículos del 351 al 358 del Código Penal a los delitos de incendio, donde los incendios forestales ocupan un espacio propio: del 352 al 355.

Precisamente el artículo 352 establece que aquel que incendie montes o masas forestales sin que suponga peligro para la vida humana será condenado a una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de 12 a 18 meses.

Este artículo presupone la intención de causar el fuego y el siguiente -353- agrava las penas de tres a seis años si puede constituir un incendio de especial gravedad: que afecte a una superficie importante, cercana a núcleos urbanos, espacios naturales protegidos o que se realice con unas condiciones climatológicas que incrementen su propagación.

Sin embargo, el artículo 358 detalla que en ausencia de  dolo -la voluntad de causar el incendio- el hecho se castigaría como imprudencia grave y con una pena inferior en grado.

Es decir, que la pena mínima en un incendio por imprudencia grave en el que se haya puesto en peligro la vida humana sería de cinco años de cárcel y la máxima de diez.

Según los datos más recientes de la Fiscalía General del Estado, durante el año 2024 fueron detenidas o investigadas un total de 306 personas por su presunta implicación en incendios forestales.

Estos mismos datos señalan que, entre 2020 y 2024, más del 65 % de los incendios declarados se debieron a negligencias o accidentes, dejando la acción de pirómanos e incendiarios atrás y representando la principal causa de estas catástrofes.

Los trabajos con maquinaria pesada y agrícola, las quemas de rastrojos sin el suficiente control o conductas como arrojar colillas mal apagadas, encender barbacoas o abandonar botellas de cristal que puedan funcionar como lupas son imprudencias capaces de causar una chispa que termine en tragedia.

Según datos provisionales facilitados por el Gobierno, en 2026 se han quemado cerca de 130.000 hectáreas, casi cinco veces más que en el mismo periodo de 2025, mientras los servicios de emergencia trabajan para apagar unos incendios que las autoridades han definido como "fuera de la capacidad de extinción". EFE