Expertos en el ámbito jurídico y de seguridad han alertado este viernes sobre los desafíos sin precedentes que plantea la violencia de género digital, describiéndola como una forma de agresión "omnipresente" y han reclamado la necesidad de una respuesta judicial y policial especializada ante estos casos.
Durante una mesa redonda enmarcada en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, moderada por la delegada de Gobierno contra la violencia de género, Carmen martínez Perza, los distintos ponentes han analizado este tipo de violencia y han ahondado en su tratamiento tanto judicial como policial.
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En primer lugar, la fiscal María Eugenia Prendes Menéndez ha centrado su intervención en la dimensión jurídica de esta violencia, subrayando que no es un fenómeno aislado, sino una "extensión de la violencia de género" que históricamente han sufrido mujeres y niñas.
Según Prendes, las tecnologías no solo actúan como un canal de transmisión, sino que incrementan de forma "exageradamente enorme" el resultado "lesivo" al permitir que la agresión sea "constante", rompiendo los límites temporales y espaciales. Según ha explicado, esta "ubicuidad" provoca que la víctima no encuentre refugio ni siquiera en su propio hogar.
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DEFINCIÓN INTERNACIONAL CONSENSUADA
Así, Prendes ha lamentado la falta de una "definición internacional consensuada" de violencia digital de género, lo que "dificulta" una regulación uniforme. No obstante, ha destacado el papel de España, donde el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya incorpora desde 2017 esta modalidad de forma transversal, con una renovación en 2025 que busca reforzar la detección temprana en jóvenes.
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En cuanto a la persecución de estos delitos, la fiscal ha puesto el foco en la "ciberprueba", advirtiendo sobre su fragilidad y la facilidad con la que puede ser manipulada mediante herramientas como el 'fake chat'.
"La preservación temprana es lo más relevante", ha afirmado. En este sentido, ha defendido el uso de medidas cautelares para el cese inmediato de la agresión y "herramientas de investigación avanzada" como el registro remoto de equipos informáticos y la figura del agente encubierto informático para infiltrarse en redes criminales de explotación sexual que operan en el entorno digital.
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Por su parte la comisaria y jefa de la Brigada Central de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), Eva Gutiérrez Carrera, ha aportado la visión operativa de la policiía, destacando que su unidad cuenta con los mismos protocolos y recursos tecnológicos que unidades de lucha contra el crimen organizado.
MITO DEL AMOR ROMÁNTICO
En este sentido, Gutiérrez ha alertado sobre la "escalada de la violencia" en adolescentes, donde el control de claves y dispositivos de sus parejas se "normaliza" bajo el "mito del amor romántico".
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La responsable de la UFAM ha insistido también en la importancia de la "preservación de la prueba digital", señalando que muchas víctimas, en una reacción de "protección emocional", borran los mensajes o imágenes, destruyendo así la base de la acusación. Por eso, ha instado a las víctimas a realizar capturas de pantalla que incluyan la URL, fecha y hora para evitar cualquier manipulación.
Finalmente, el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Julián García Marcos, ha repasado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, destacando sentencias clave que ya aplican la perspectiva de género en delitos como el 'stalking' o acoso, entendido como una forma de prolongar el dominio tras la ruptura.
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García Marcos ha resaltado que el Supremo ya reconoce el "abuso sexual virtual", donde la superioridad del agresor a través de la red y el anonimato "agravan el daño a la libertad sexual, incluso sin contacto físico".
El magistrado también ha mostrado su preocupación por las "ultrafalsificaciones" o pornografía sintética generada con Inteligencia Artificial (IA), citando casos donde se utiliza el rostro de víctimas en cuerpos ajenos para crear contenido sexual no consentido. Ha concluido afirmando que estos actos están siendo calificados no solo como delitos de elaboración de material de abuso, sino como graves ataques contra la integridad moral de las mujeres.
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